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La polarización y las libertades
Por Ileana Alamilla - Guatemala, 11 de junio de 2007

Sin libertad de expresión, de prensa y sin el derecho a la información, la democracia no es posible.

Un gran debate se ha colocado en las agendas políticas y mediáticas, suscitado por la decisión del Gobierno de Venezuela de no renovar la concesión radioeléctrica a Radio Caracas Televisión (RCTV).

Sorprende que haya tantísimas reacciones a este hecho, que no ocurrieron cuando todas las entidades de prensa del mundo denunciaron los asesinatos, agresiones e intimidaciones contra los periodistas ocurridos el año anterior, calificado como uno de los más sangrientos contra la Prensa, ya que 28 periodistas fueron asesinados en ocho países de América Latina y cinco desaparecieron.

En nuestro concepto, el fondo de esta relevancia mediática es político e ideológico; es el resultado de la enorme polarización que se expresa en nuestros países y de las corrientes que han asumido el poder en América del Sur.

La televisora privada venezolana RCTV fue fundada en 1953 por William H. Phelps, hijo de un estadounidense que había creado la primera emisora comercial de radio en Venezuela, en 1930.

Su actual director, Marcel Granier, yerno del fundador, encabezó la campaña en defensa de su televisora y fue quien cabildeó exitosamente en el Parlamento Europeo para que ese organismo aprobara una resolución de condena con 43 votos a favor y 22 en contra, de un total de 784 miembros.

Esta raquítica votación se debió a que la mayoría ya se habían retirado de la sesión. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su preocupación por el deterioro del ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela, aunque reconoció que existe amplia discusión y crítica a través de los medios de comunicación, hacia las políticas gubernamentales y que el Estado tiene la potestad de administrar el espectro radioeléctrico, de establecer previamente términos de duración de las concesiones y de decidir sobre su renovación o no, a la finalización de los plazos respectivos.

No hay que olvidar que las frecuencias de radio y televisión son un recurso de propiedad pública y de interés social, las cuales son reguladas por el Estado a través de la legislación y las instancias respectivas.

Sin embargo, la legislación sobre la materia ha sido cuestionada en distintos países, porque restringe el pleno ejercicio de la libertad de expresión y limita el pluralismo; un ejemplo lo tenemos en Guatemala con la asignación de frecuencias radiales por medio de subastas, procedimiento excluyente y antidemocrático que permite la concentración de la propiedad de los medios y fomenta la formación de monopolios que atentan contra la democracia.

Lo lamentable en el caso venezolano es que la situación política prevaleciente opaca un debate más profundo. Se trata de un gobierno electo democráticamente que actúa en el marco legal de sus atribuciones. Pero, al mismo tiempo, es evidente que su conducta expresa una intolerancia a una crítica implacable y continua, pero completamente sesgada a los intereses de la oposición política y empresarial.

Hay que subrayar que el contexto político regional oscurece una discusión que es trascendental para la democracia, ya que sin libertad de expresión, de prensa y sin el derecho a la información, ésta no es posible. Y estos derechos pueden ser conculcados tanto desde la intolerancia gubernamental, como desde el control empresarial que monopoliza los medios y los utiliza para la defensa de sus particulares intereses, ignorando otras agendas y protagonistas.

¿Cuál debería ser la discusión apropiada en este caso: la intolerancia gubernamental, la defensa de los privilegios empresariales o el blindaje de la libertad de expresión y de prensa?

Fuente: www.prensalibre.com


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