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Los ataques a ONG
Por Ileana Alamilla - Guatemala, 17 de junio de 2007

Es rara la persona que no ha sido afectada por esta ola imparable de agresión y violencia.

Las reiteradas demandas de in- vestigaciones, esclarecimientos de hechos y solicitudes de protección a las organizaciones de derechos humanos y a las entidades no gubernamentales extranjeras, son parte de la tormenta de exigencias que tiene el Gobierno, a las cuales ha respondido que obedecen a un estándar internacional de inseguridad y de violencia.

Aun sabiendo que no tenemos quién nos proteja, sentimos la enorme responsabilidad y probablemente la necesidad de apelar a alguien para garantizar la seguridad de nuestras vidas, que a diario penden de un hilo, tanto en nuestros hogares, como en las camionetas, en los carros o a pie. Es rara la persona que no ha sido afectada por esta ola imparable de agresión y violencia. Son escalofriantes los datos relativos al número de mujeres y pilotos del transporte público asesinados, de personas emboscadas y asaltadas, de ultrajes, etcétera.

Entre todo este mar de desolación, los defensores de derechos humanos han resentido un incremento de amenazas, intimidaciones y ataques en su contra durante este año, según lo ha denunciado la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que llamó a las autoridades competentes a liderar y priorizar la lucha contra la impunidad.

De 59 ataques ocurridos en el año 2000, el número se incrementó a 276 el año pasado, y en lo que va del 2007 ya se contabilizan 93 hechos de violencia. Organismos internacionales de cooperación, cuyas contrapartes son organizaciones de derechos humanos, también han resultado afectadas.

Action Aid, Trocaire, Acesur Las Segovias, Care, CPDL y Consejería en Proyectos, todas integrantes del Foro de ONG Internacionales, denunciaron en su oportunidad los allanamientos ocurridos en sus respectivas sedes, los cuales fueron realizados de forma violenta y planificada.

La contribución a los procesos de transformación social y el acompañamiento que las agrupaciones de la sociedad civil han recibido de estos organismos han aportado en el fortalecimiento de los espacios democráticos y en la participación ciudadana; sin embargo, es obvio que esos logros son un riesgo y afectan a quienes se empeñan en mantener el estado de cosas.

Se impone, sin miramientos, pretextos ni justificaciones, la promoción del sistema de seguridad democrática, que implica la reestructuración y renovación de las instancias estatales encargadas del tema, tal como lo han solicitado diversas entidades.

El Congreso de la República tendrá que cargar con la responsabilidad en el retraso de la ratificación del convenio que debe crear la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Se acaba el tiempo.

Fuente: www.prensalibre.com - 130607


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