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Jurisdicción agraria
Por Ileana Alamilla - Guatemala, 13 de agosto de 2007

El Derecho Agrario ha tenido grandes evoluciones.

Por primera vez en la historia se realizó en Guatemala un Congreso Americano de Derecho Agrario, que se caracterizó por una alta calidad en su contenido y en el nivel de sus expositores.

Este intercambio de experiencias puede ser una luz en el oscuro camino que ha creado enormes diferencias e injusticias en nuestro país. Esta rama del Derecho es la indicada para contribuir a una convivencia armónica, pero sobre todo, para quitar las telarañas que enredan y evitan que se aborde de la manera que corresponde.

El Derecho Agrario, como otras áreas, ha tenido grandes evoluciones, y para tranquilidad de los temerosos, ya no es un Derecho de expropiación. Es una materia que regula actividades fundamentales para la producción y el desarrollo. “Debe tener una concepción humanística, científica, donde el productor, el agricultor, el campesino, sean el centro del sistema jurídico”, reza parte de las conclusiones.

Es una herramienta para superar los anacronismos, los tabúes y las añejas frustraciones y diferendos sobre el tema de la tierra. Es una disciplina jurídica que busca la aplicación de la justicia con relación al agro. Nadie podrá negar que ese es el fin del Derecho, y este caso no es la excepción.

El apretado nudo que se ha tejido a partir de los reiterados enfrentamientos entre la Cámara del Agro y las organizaciones campesinas y entidades vinculadas, en cada discusión, ronda de negociaciones y mesa de diálogo, encuentra aquí una fuerza capaz de contribuir a desatarlo.

Los empresarios guatemaltecos, que siempre han visto este punto como algo paradigmático, que los une en sus enormes diferencias, seguramente apreciarán las contribuciones de académicos como el doctor Ricardo Zeledón, quien presidió el V Congreso y que cuenta con una hoja de vida vinculada a la academia y al ejercicio profesional, con una visión equilibrada, no radical y mucho menos revolucionaria y, por lo tanto, voz ecuánime en la materia.

El mencionado profesional aprecia que es lógico que haya discrepancias sobre el asunto, pero considera que la institucionalidad del Estado tiene la responsabilidad de abordarlo. Señaló que, existiendo una práctica adecuada e idónea de este derecho, la confrontación se da, pero conducida en procesos jurídicos dirimidos en tribunales agrarios, los que funcionan con mucho éxito en otros países, incluyendo su patria, Costa Rica, México y Bolivia, entre otros; experiencia que muestra la gran coordinación que se puede alcanzar entre el sector empresarial y el campesino. Estos tribunales tratan temas sobre la tierra y también aspectos contractuales.

La declaración con la que concluyó el cónclave valoró las iniciativas tendientes a contribuir con la urgente modernización del viejo y atrasado Derecho Agrario guatemalteco para que la agricultura, el agroambiente y la agroalimentación permitan el desarrollo económico del país, con equidad para toda su población y el mejoramiento de las condiciones de salud y vida de sus ciudadanos.

Pero talvez la parte medular y más concreta de la Declaración es la referida a la consideración de la necesidad de crear juzgados y tribunales agrarios dentro del Organismo Judicial, con un proceso nuevo ordinario agrario y con otros procesos especiales o ya existentes.

Se complementa esta aseveración con la necesidad de contar con una ley procesal en la material, con la respectiva competencia amplia para conocer los asuntos propios del Derecho Agrario.

La Secretaría de Asuntos Agrarios, la Corte Suprema de Justicia, la Rectoría de la Universidad de San Carlos, el Colegio de Abogados y Notarios, el Registro de Información Catastral y Asíes se han ganado el aplauso por promover esta discusión. Igual reconocimiento merece la Fundación Soros, por apoyarla.

Fuente: www.prensalibre.com


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