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Actuar con probidad
Por Ileana Alamilla - Guatemala, 27 de agosto de 2007

En Guatemala, la adopción ha sido pervertida.

El ejercicio de una profesión es impensable fuera de la moralidad, que es parte de la esencia humana. El criterio moral se apoya en el deber ser antes que en el Derecho; tiene la cualidad de que aleja a la persona de la animalización o angelización.

Es legítimo que los y las profesionales, en cualquier ámbito, busquen un beneficio propio; que su profesión sea gratificante, no sólo por la ganancia obtenida, sino por sentirse útiles a los demás y a la sociedad.

Esta es una sensibilidad social que resulta potenciada en el ámbito jurídico, puesto que el Derecho pretende aplicar la justicia. Por consiguiente, la ética profesional del jurista se sustenta tanto en la moralidad general, que debe ser propia de todo ser humano, como en la naturaleza de la profesión que ejerce.

Las obligaciones morales pertenecen al mundo interior del individuo. Se caracterizan por su incoercibilidad, por lo que es imposible exigir su cumplimiento, pero cuando se transgreden, afectan a otros y deterioran la dignidad humana de quien las quebranta.

En nuestro país, al subsumirse en un profesional las calidades de abogado/a y de notario/a, su responsabilidad ética se multiplica, ya que no sólo pretende aplicar la justicia mediante el Derecho, sino que se asume la inmensa responsabilidad de ser depositario de fe pública.

Por eso, el relativismo moral no debe tener cabida en esta noble, aunque desprestigiada profesión. La observancia de la formalidad jurídica es insuficiente y hasta puede ser maligna cuando sirve para obviar el proceder ético.

Las anteriores reflexiones cobran trascendencia suprema cuando se abordan temas como el de la adopción, porque ella está relacionada con valores sublimes, requeridos para asumir la tarea más hermosa de la vida: ser padre o madre.

Pero, en Guatemala, la adopción ha sido pervertida, ya que el mercado ahogó la profunda naturaleza humanista que la inspira, convirtiendo a los niños (as) en mercancías. Se trastocaron así valores elementales, llegando a fomentarse negocios como casas cuna, agencias de adopción, de publicidad, de viajes, hoteles, los cuales durante varios años se han beneficiado con enormes ganancias generadas por esta ¡“compraventa” de hijos (as)!

En esta materia no cabe el relativismo moral que puede justificar en la legalidad el comportamiento deshumanizante. Los abogados (as) y notarios (as) han tenido una enorme responsabilidad en evitar que se legalice la inmoralidad, ya que estos profesionales son actores fundamentales en los procesos de adopción. Sin embargo, son ya muchos los señalamientos sobre las conductas cuestionables de los letrados en este ámbito.

Estas consideraciones son muy bien conocidas por los y las abogadas y notarias, y la intención al recordarlas es generar una reflexión colectiva sobre la postura de la Asociación de Defensores de la Adopción que han presentado una férrea oposición a las acciones impulsadas desde el Estado, atendiendo demandadas sociales y de la comunidad internacional para la legítima reivindicación de una noble institución como la adopción, que ha sido mercantilizada y, de paso, ha desprestigiado a esa profesión, ya de por sí poco valorada en el imaginario de la población.

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) debería ser un protagonista relevante en este debate. Ésta es una buena oportunidad para que contribuya a reconstruir el prestigio de esta profesión.

Es cierto que al CANG le corresponde defender a sus colegiados en el libre y legal ejercicio de su profesión, pero en este caso debe priorizar la ética y la moral por encima del formalismo legal.

Ya es hora de que se pronuncie al respecto y respalde la necesidad de que se promulgue, antes del 31 de diciembre, una ley de adopciones.

Fuente: www.prensalibre.com


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