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¡Ciudado con el agua!
Por Ileana Alamilla- Guatemala, 14 de noviembre de 2007

Las decisiones que tomen las autoridades en esta materia serán determinantes.

La Ciudad de Guatemala podría quedar sin el suministro de agua en solo cinco años, según Alejandra Sobenes, del Instituto de Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable (Ideads), alerta a la que deberían prestar atención las autoridades electas si quieren evitar un elemento más de conflictividad y cumplir con las Metas del Milenio.

Entre los llamados “comunes”, éste es un bien esencial para la vida y la salud. El derecho al agua consiste en que cada persona la tenga en cantidad suficiente y en condición sana para el uso doméstico y personal, señala la ONU.

Este organismo mundial ha declarado que el vital líquido no debe ser una fuente de conflicto social y que los recursos hídricos del planeta son indispensables para la supervivencia y el desarrollo sostenible de los pueblos en el siglo XXI. Expertos en el tema han señalado que este bien es escaso, que en el pasado ha desatado guerras con desenlaces fatales, por lo que su gestión debe estar encadenada a la implementación de políticas ambientales, sociales y económicas.

Entre las Metas del Milenio, la número 7 es la de aumentar el porcentaje de la población con acceso sostenible a mejores fuentes de abastecimiento de agua, y se estableció como meta 82 por ciento para el 2015, año en el que se ha estimado que la población en Guatemala alcanzará los 18.4 millones. Se calcula que para lograr esa meta se requerirá una inversión cercana a los US$2.3 mil millones, considerando suministro y saneamiento, lo que significa 1.9 millones de conexiones nuevas de agua corriente en el área rural y 1.4 millones en el área urbana, según consta en el Perfil Ambiental de Guatemala 2006.

Las decisiones que tomen en esta materia las autoridades recién electas (diputados, Ejecutivo y municipalidades) serán determinantes para evitar la crisis social que puede originar la agudización de la ya existente escasez del vital líquido. Sólo en el departamento de Guatemala se debe suministrar ese recurso a unos tres millones de habitantes, en forma equitativa y con las normas de tratamiento establecidas en los ámbitos nacional e internacional; y, si se considera que el 99 por ciento de las fuentes hídricas está contaminado y sólo el 57 por ciento del agua es tratado debidamente para el uso humano, el desafío es grandísimo.

De las 332 municipalidades, 15 son las que supuestamente brindan tratamiento adecuado al agua para consumo, razón suficiente para que el Congreso promulgue urgentemente las leyes necesarias para el manejo, uso y distribución equitativa del agua, así como para descentralizar el poder y lograr una eficaz transferencia de esta responsabilidad a las corporaciones municipales.

Fuente: www.elperiodico.com.gt


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