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Paladines y guardianes
Por Ileana Alamilla - Guatemala, 12 de diciembre de 2007


Se dijo que el pueblo debía conocer plenamente la verdad.

Esta semana se conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos, lo que nos hizo recordar los déficit que al respecto tenemos en Guatemala, entre los cuales, para solo citar algunos relevantes, están la violencia hacia las mujeres, las violaciones a los derechos de la niñez, los riesgos de la pandemia del sida y el deterioro del medioambiente; además de la ausencia generalizada de los derechos que corresponden a una ciudadanía plena, situación que nos ha llevado a ocupar el penúltimo lugar en América Latina con relación al índice de desarrollo humano.

Cuando en el proceso de negociación para encontrar una salida política al conflicto armado interno se incluyó en primer lugar el tema de los derechos humanos básicos, parecía increíble que éstos tuvieran que ser negociados, si desde 1948 la Declaración Universal los reconoció como fundamentales e indispensables para todos los seres humanos. Sin embargo, estaba claro que si no se respetaba la vida, sobraba cualquier otra negociación.

La responsabilidad del Estado guatemalteco como violador sistemático de los derechos humanos durante el prolongado conflicto armado fue establecida por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.

Se dijo que el pueblo debía conocer plenamente la verdad, para evitar que se repitieran “esas páginas tristes y dolorosas”, según consta en uno de los considerandos del acuerdo que la creó.

Terminada la guerra hace más de una década, ahora presenciamos acciones provenientes de poderes paralelos que, incrustados en estructuras del Estado y en otros espacios de la sociedad civil, han replicado escenarios que violentan nuestra seguridad y atentan contra la vida.

Ya no hay una política institucional de violación a los derechos humanos, aunque ha habido fuertes señalamientos de campañas de limpieza social. Pero en todo caso, nuestro débil Estado incumple su responsabilidad de garantizar el goce de estos derechos a toda la población.

También tenemos el drama de los femicidios, que nos han colocado, junto a Rusia, como uno de los países en el mundo con mayor cantidad de mujeres asesinadas. No cabe duda de que el próximo gobierno tiene un gran compromiso en esta materia, pero afortunadamente cuenta con aportes para enfrentar la situación, tales como el plan de acción elaborado por la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos y la Agenda Nacional de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Tenemos sobrados motivos para celebrar la existencia de esas y otras instituciones, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, paladines y guardianes que acompañan al Gobierno y a la población en la difícil tarea de hacer efectivo lo que a todas y todos nos corresponde.

Fuente: www.prensalibre.com.gt


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