Una hoja más del calendario
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Incidencia Democratica - Guatemala, 15 de diciembre de 2005
Este Reporte Diario número 1114 será el último del presente año, por tanto se impone realizar un breve balance de lo vivido y de lo sufrido durante este 2006. No pretendemos ser exhaustivos, respecto de lo ocurrido, buscamos destacar algunos de los hechos que nos parecen más relevantes.
En términos de la gestión de Gobierno este año, como siempre presenta aspectos positivos y negativos, entre éstos últimos destaca la enorme incapacidad que demostró el Gerente de la Presidencia para ejecutar el financiamiento que le autorizó el Congreso de la República para mitigar, en realmente muy poco, los graves daños que sufrió la población del occidente, mayoritariamente indígena, producto de la tormenta Stan; aunque debe reconocerse que el cambio de responsable del programa de reconstrucción, trasladado a Eduardo Aguirre, Gerente de la Vicepresidencia, sí produjo resultados muy favorables.
Muy controversial resultó que, una vez más, se le adjudicará al Ejército de Guatemala la responsabilidad de participar en tareas de seguridad ciudadana, para lo que no está ni capacitado ni le corresponde, podría ser una decisión tomada a la ligera que ha demostrado estar equivocada, porque no ha producido ningún resultado positivo. Aunque también se puede analizar en un contexto más profundo, el de remilitarizar la seguridad, como producto de las presiones de Estados Unidos, que busca imponer su concepción de la lucha en contra del terrorismo.
Lo concreto es que en el primer año de este Gobierno se ordenó la desmovilización de más de 10 mil efectivos militares, lo que se realizó de forma apresurada, sin un plan estructurado y que produjo insatisfacciones de distinto nivel y tipo, en diversos sectores sociales. Pero lo más contradictorio es que en su tercer año, a pesar de las limitaciones que ya habían demostrado tener los patrullajes conjuntos, el Presidente decidió que el Ministerio de la Defensa reclutara a 3 mil de esos desmovilizados, ahora para participar en un programa de seguridad ciudadana, conjuntamente con la Policía Nacional Civil.
Esta decisión implicó inflar, de nuevo, el presupuesto militar y destinar enorme cantidad de instalaciones, recursos económicos, humanos y equipo, para que estos 3 mil militares cumplieran su ¿misión?, pronto se hizo evidente que esos efectivos habían recibido entrenamiento para usar fusiles de asalto, lo que resultaba muy peligroso y poco útil para vigilar autobuses urbanos, que es la principal función a la que han sido destinados; por ello hubo que regresarlos a los cuarteles para que fueran entrenados en el uso de armas cortas, lo cual no demostró ser tan efectivo porque el primer herido que tuvieron fue en la captura de un asaltante, pero la herida en la pierna por un disparo, se lo hizo el mismo soldado.
Lo cierto es que el Ejército encontró la excusa perfecta para exigir más dinero, comprar vehículos, armas a precios más altos que paga el ministerio de Gobernación, gastos que pretende que se prolonguen indefinidamente. Para expertos y la gente común, hubiera sido más sensato invertir esos cuantiosos recursos en fortalecer la capacidad técnica, operativa y académica de las fuerzas civiles, lo que hubiera significado una inversión razonable.
Por su parte Gobernación ha demostrado cambios interesantes en su concepción de encarar la seguridad civil. Hay un notable esfuerzo en contar con instalaciones adecuadas y funcionales, lo cual se puede ver en la remodelación del antiguo Palacio de la Policía, sede actual del Ministerio, la recuperación del vetusto edifico durante muchas décadas funcionara la Aduana Central, sede actual de la PNC, con un proceso de fortalecimiento institucional que se expresa en mejoras diversas.
La Academia de la PNC, con el apoyo del Gobierno de los Países Bajos y universidades de Holanda, está impulsando la formación de nuevos agentes con la metodología de aprendizaje por competencias, con énfasis práctico, formación en respeto a derechos humanos y fortalecimiento del Estado de derecho, además que sobre la base de sus aptitudes y potencialidades los agentes reciben una orientación hacia alguna de las especialidades de la Policía.
La Dirección de la PNC ha implementado una base de datos con toda la información necesaria de los agentes, incluyendo ADN, un gafete que deben llevar visible y que les sirve de tarjeta de débito, por lo que seguramente, será bien cuidado. Impulsó una reclasificación de salarios y un seguro de vida. Además se realizó una fuerte inversión en equipo diverso, entre el que destaca el uso de GPS en las patrullas, lo que permitirá un monitoreo permanente de su ubicación; esperamos que esto reduzca los abusos y delitos que algunos agentes han estado cometiendo.
A pesar que la propuesta del Consejo Asesor de Seguridad, de crear el Sistema Nacional de Seguridad, no se ha expresado en lo institucional, aunque en la práctica varios de sus componentes se han estado implementando. Destacan el involucramiento directo de las más altas autoridades del país y la coordinación interinstitucional que se ha estado produciendo. Esto ha tenido efectos positivos en acciones de gran impacto como la toma de la Granja Penal Pavón, los operativos en San Marcos y Petén; así como acciones para impedir la reactivación de celulares robados.
Sin embargo, muy negativo fue el aparatoso e inútil operativo realizado en Ixcán, Quiché, que precedió las acciones anteriormente mencionadas. El uso de un importante contingente militar, helicópteros y armas de asalto provocó el pánico de una población que durante los años de la guerra, fue víctima de las operaciones de tierra arrasada de la contrainsurgencia militar. Sobradas razones tenían los pobladores para angustiarse frene a una acción de esa magnitud.
Destaca, por negativa, la aparente participación de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, civiles y militares, en acciones en contra de presuntos delincuentes, que han sido vilmente ejecutados extrajudicialmente, y cuyos cadáveres es frecuente que aparezcan con señales de tortura y en lugar diferente a donde fueron ejecutados. La Procuraduría de los Derechos Humanos, presentó una denuncia a las más altas autoridades, sin que aparentemente se haya producido ninguna reacción.
Positiva ha sido el incremento de los controles en las aduanas que ha estado implementando la Superintendencia de Administración Tributaria, pero se espera que las medidas no se reduzcan únicamente a atacar a pequeños contrabandistas y se dirijan principalmente en contra del contrabando en gran escala, parte orgánica del crimen organizado, que trabaja en contubernio con algunos empresarios muy poderosos.
El gabinete de este Gobierno no parece tener las mejores notas, especialmente por la falta de espíritu de equipo que evidencia. Más grave ha sido para el Gobierno de GANA la mezcla de la Administración pública con lo partidario, que ha contribuido a incrementar la percepción de descalabro. Una especie de pre campaña se inició desde el triunfo electoral de GANA, al surgir cuatro pre candidatos a la presidencia, de los cuatro partidos o fuerzas que la formaron. El proceso de desgaste se agudizó con la temprana salida de Otto Pérez Molina y el Patriota de esa frágil coalición y culminó con la salida del Canciller Jorge Briz y su Reformador; así como el grupo de Ricardo Castillo Sinibaldi, que facilitó el registro de su partido para inscribir a GANA.
Como muy acertada aunque tardía, ha sido percibida la designación de Gert Rosenthal como Canciller, pero su reconocida capacidad no fue suficiente para recuperar el descalabro y la desatinada conducción que tuvo la candidatura de Guatemala para el Consejo de Seguridad de la ONU, ya que el Gobierno permitió que una candidatura presentada por el anterior, o sea hace varios años, fuera manipulada por el Gobierno de Estados Unidos y por eso se le percibiera como la candidatura impulsada para evitar el triunfo de Venezuela.
Otro déficit importante de la cancillería de Briz fue la atención a los migrantes en Estados Unidos, primero abandonó las acciones que había iniciado la vice Canciller Marta Altolaguirre, cuando ésta renunció, y luego tuvo una pálida y débil actitud frente a la repudiable política anti inmigrantes que empezó a impulsar EEUU y tampoco hizo verdaderos esfuerzos para que nuestros compatriotas fueran beneficiados con el estado temporal que les permite a salvadoreños y nicaragüenses permanecer allá de forma legal.
Los cambios recientes en el Congreso de EEUU abrieron una ventana de esperanza sobre posiciones más flexibles en la política migratoria. Con este nuevo ambiente, el Canciller Rosenthal y la vice Canciller Altolaguirre (que regresó con el cambio), han hecho varios esfuerzos a favor de los migrantes, y cuando parecía que esos esfuerzos podrían dar frutos, autoridades de migración estadounidenses lanzaron una agresiva campaña de redadas en varios estados que produjo unos 536 guatemaltecos capturados y la amenaza de que estas redadas (verdaderas razzias) continuarán, con el beneplácito de la derecha republicana en el Gobierno y el Congreso.
Conflictiva ha sido la relación del Gobierno y del Ministerio de Energía y Minas, con organizaciones sociales por varios temas, especialmente el de la minería a cielo abierto, por el apoyo que han otorgado a las empresas, en detrimento de los intereses nacionales, tanto del uso racional de los recursos naturales, como de los ridículos beneficios económicos que el país recibe (el 1% de regalías). El otro tema tiene que ver con la intención del Ministerio de impulsar proyectos para producir energía, con la razonable demanda de la sociedad civil de crear, primero, una política nacional de energía, para que después, en ese marco, se definan cuáles son los proyectos que son necesarios para satisfacer las necesidades del país y cómo deben implementarse.
En el ámbito comercial, puede calificarse como una victoria pírrica el beneplácito del Gobierno por la entrada en vigencia del TLC con EEUU y el resto de países de la subregión, no sólo porque se produjo 6 meses después de lo previsto, sino también por el desengaño que ya han sufrido algunos de los empresarios que fueron los que más lo demandaron, concretamente los textileros, que se dejaron seducir por los cantos de sirena neoliberales y creyeron que con la vigencia del TLC caería la riqueza, como maná del cielo. Pero el despertar ha sido duro, porque la entrada de los textiles chinos al mercado estadounidense y, el alto costo de la energía en Guatemala, los hacen poco competitivos y provoca la salida de las maquilas coreanas hacia otros países, especialmente Nicaragua.
El hecho es que la vigencia del TLC no ha producido ninguna derrama económica, y sí producirá la rebaja de varios aranceles, a lo que se sumará la desaparición del impuesto temporal, supuestamente de apoyo a los acuerdos de paz, que las empresas pagan anticipadamente, IETAP, que se vencerá pronto.
Por cierto, destaca grandemente, por lo negativo, la evidente falta de aprecio que este Gobierno está demostrando hacia el décimo aniversario de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, no se percibe ninguna preparación para lo que debiera ser una importante celebración del proceso político-social más trascendente de muchas décadas. La Secretaría de la Paz hizo una presentación, sin mayor trascendencia pública, sobre el cumplimiento de los acuerdos de paz, y planea realizar un improvisado acto el 29 de diciembre. Lamentable.
No menos lamentable fue la ofensiva que el Superintendente de Bancos, Willy Zapata, realizó en contra del Banco del Café y el Grupo Financiero del País, que provocó la quiebra de BANCAFÉ (al que apenas el mes anterior el mismo funcionario defendía en la televisión), y cuantiosas pérdidas a inversionistas y ahorrantes de las dos filiales fuera de plaza del banco y del grupo. Dada la salud financiera del banco, lo que ha permitido cubrir todos los depósitos situados en el país y la participación política de uno de sus dueños, sugieren que la quiebra de BANCAFÉ fue motivada más por razones políticas, para salir de un molesto aspirante a la presidencia, y de paso beneficiar a dos bancos privados que pertenecen a poderosos grupos económicos.
La forzada salida de Eduardo Gonzáles de la política y de las finanzas, tuvo un efecto devastador sobre las ya disminuidas posibilidades de éxito político de GANA, marcada por el sino histórico de que ningún partido gobernante ha ganado las elecciones (limpiamente claro). Las elecciones primarias que GANA presentaba como una contribución a la democratización de los partidos terminó en sainete, cuando se dio la posibilidad del triunfo del invitado no deseado: Francisco Arredondo, que ha demostrado una enorme capacidad económica para hacerse propaganda, no importa con cuál partido, siempre que pueda satisfacer su ambición presidencial. Finalmente GANA optó por el camino tradicional: será su Comité Ejecutivo el que finalmente decida quién será su candidato y en su Asamblea Nacional las bases lo aprobarán.
Pasando al tema del Congreso de la República, éste desarrolló su trabajo en medio de una permanente campaña de varios medios de comunicación que, con honrosas excepciones, le atacan de forma destructiva. No se trata de defender lo indefendible, porque algunos partidos y varios diputados hacen méritos suficientes para ser atacados, pero cuando se pone a la institucionalidad en la picota y se generaliza de forma tan amplia, identificando a todos los diputados casi como vulgares ladrones, y se critica de forma sistemática cualquier acción que desarrollen, sin un mínimo de análisis sobre su pertinencia, allí la cosa parece que tiene otras intenciones, no contribuir a resolver los vicios que se dan en el Legislativo. La labor del Congreso no se puede reducir a producir leyes, como una fábrica de producción en línea, por lo tanto su éxito no se puede medir por el número de leyes que produzca.
También es poco serio criticar al Legislativo por el número de asesores que contrate, que son realmente pocos para la enorme cantidad de temas que cada diputado debe conocer y sobre los que debe resolver, con muchísima frecuencia con implicaciones que tienen carácter nacional.
Sin embargo debe reconocerse que es reprobable la falta de dedicación que varios diputados ponen a su trabajo legislativo, especialmente lo que no hacen en materia de fiscalización. Peor aún es que algunos utilicen mal los magros recursos del Estado, en viajes superfluos o supuestos de trabajo y, pero todavía lo es más que participen de forma directa en la adjudicación de obras. En ese sentido mucho desgaste produjo al Congreso y a la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (a cargo de Eduardo Gonzáles), el Programa conocido como PACUR (Q400 millones), especialmente por la participación de la Organización Internacional para las Migraciones en su administración, a la que, malintencionadamente, se le pone como un monstruo que permite y se nutre de la corrupción, lo cual no es cierto.
Criticable es también la falta de seriedad de muchos legisladores que saltan de un partido a otro en sus cuatro años de mandato, con la intención de obtener beneficios y garantizar su reelección. Uno de los más perjudicados por los señalamientos de mal uso de fondos fue el presidente del Legislativo, Presidente Jorge Méndez Herbruger, al que se le acusó de recibir apoyo para su elección y que a cambio otorgó diversos favores económicos.
La decisión de los electores, con su voto cruzado, evitando las tradicionales aplanadoras, ha obligado a la permanente negociación en el Congreso, hecho que no es negativo en sí, pero en un país con poca tradición y capacidad para negociar, con frecuencia se ha convertido en un obstáculo. Los espacios de convergencia que se han formado han sido varios, pero todos se han reducido a acciones coyunturales: elecciones de junta directiva y aprobación de determinados decretos, y se han agotado rápidamente.
El hecho que más destaca es la pérdida de la Junta Directiva, por bancada oficial, especialmente porque trajo consigo la pérdida de la Comisión que se considera más importante, la de Finanzas y Moneda, que por primera vez en muchos años será presidida por la oposición.
En medio de la tormenta el Congreso aprobó importantes leyes, como la de creación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF; la de combate al Crimen Organizado y la de Inteligencia Civil, pero lamentablemente quedaron importantes leyes sin ser aprobadas, algunas de las cuáles fueron groseramente manipuladas, en su contenido, con cambios que desvirtúan lo propuesto por organizaciones sociales especializadas agrupadas en el FOSS, como la de Control de Armas y Municiones, en donde se impuso la lógica de los armeros. Tampoco fue aprobada la Ley que regula las Empresas Privadas de Seguridad, algunas de las cuáles son fuente de inestabilidad, ilegalidad y delito, y todas funcionan sin el debido control y supervisión del Estado.
Los eventos más graves está relacionados con la muerte de un diputado de UNE, sin esclarecer, y diputados que fueron evidentemente vinculados a actividades delictuales. Por un lado el diputado “Manolito” Castillo, a quien información de la embajada norteamericana vincula a acciones de tráfico de drogas, por lo que fue expulsado de la UNE, aunque él lo niega y sigue en sus funciones. El otro el diputado Héctor Loaiza Gramajo del PAN, dueño de varios expendios de gasolina, en uno de los cuáles fue capturado, in fraganti, un furgón que descargaba gasolina, siendo que pocos minutos antes había sido robado a sus dueños. El proceso sigue y él cándidamente niega los cargos.
Por otra parte, en la mal disimulada campaña que varios partidos desarrollan y referente a las elecciones del próximo año; el hecho más destacado es el éxito de la campaña del Partido Patriota, ofreciendo mano dura en contra de la delincuencia, lo que ha llevado a su candidato el general Otto Pérez Molina, de un porcentaje insignificante de intención de voto al 12%, lo que considerando el margen de error podría ser 9.5 o 14.5, en muy pocos meses. Está claro que el Patriota le apunta a llegar a una segunda vuelta, en donde ya se sabe que cualquier cosa puede pasar.
Por su parte, Álvaro Colom no ofrece mayores sorpresas, ya se sabe que desde hace varios meses, mucho antes de la campaña oficial, sería presidente si las elecciones se hubieran realizado en cualquier período de este tiempo. Aunque parecía que los ataques en su contra habían desaparecido en los medios masivos, con la coyuntura de la crisis financiera creada por la Superintendencia de Bancos, los ataque han resurgido, esta vez por medios más reducidos: el correo electrónico, con mensajes en donde se involucra a Colom en los recientes ataques contra el banco G&T Continental. La ventaja de Colom es considerable, en todos los sondeos anda alrededor del 40%, esto abre la posibilidad de un triunfo en la primera vuelta, a menos que su candidatura se cayera en la campaña oficial, lo cual no se ve probable, por lo que seguramente como mínimo estará en la segunda vuelta.
En medio de la debilidad pronunciada de las expresiones de izquierdas, más allá de la más o menos regular presencia de Pablo Monsanto en los medios masivos, pre candidato de la ANN, quien por cierto es el único diputado de una bancada que se inició con 6; y la reciente formación del Frente Político Social de Izquierdas, que aglutina un importante número de reconocidos miembros de la izquierda y que participará con el registro de URNG, se ha estado promoviendo el Movimiento Alternativo de Izquierdas, MAIZ, nombre con el cual ya formaron una bancada de 8 miembros, que incluye a 2 diputados electos por URNG, 2 disidentes de ANN, 1 de Encuentro por Guatemala y otro de UNE. Lo que no está para nada claro, es la capacidad que tendrán 3 partidos de izquierda para capitalizar un número de electores significativo, que les permita formar bancadas más o menos numerosas.
En el tema de la Administración de Justicia, lo más relevante son las ordenes de captura contra militares y civiles, dictadores y esbirros que ordenaron u operativizaron la mayor parte de acciones que produjeron un baño de sangre y de detenidos desaparecidos que no tiene parangón en América Latina. Éstos son los Ríos Mont, los Mejía Víctores, los Guevara, los Álvarez Ruiz, los Chupina Barahona y los Arredondo. Lamentablemente su captura y procesamiento, a pesar de la orden de captura internacional, se ha dificultado poniendo así en evidencia, la razones por las que deben ser procesados en España y no en Guatemala.
Hubo casos de impacto como las condenas por el secuestro y muerte de Claudia Pac. Otros más llenos de parafernalia que de realidades, como la persecución y supuesta extradición de Alfonso Portillo, en la realidad muy distante.
Por su parte la Corte Suprema de Justicia, en pleno, evidenció la debilidad que se derrama en el sistema, cuando sus máximos dirigentes evidenciaron los intereses externos que se reproducen a lo interno de la Corte, cuando sus 13 magistrados protagonizaron el lamentable espectáculo de la falta de capacidad para elegir a su Presidente, lo que finalmente se produjo producto del cansancio y de la cercana posibilidad de que el Congreso tuviera que elegir por ellos.
Finalmente, pero no menos importante, el año cierra con dos buenas noticia, que destacamos con la intención de iniciar las vacaciones con buen sabor en la boca, la primera es la firma del convenio entre el Gobierno de Guatemala, representado por el vice Presidente Eduardo Stein y la Organización de las Naciones Unidas, por su Secretario General, Koffi Annan, para crear la Comisión Internacional para el Combate de la Impunidad en Guatemala, CICIG, que sustituye a la anterior y fallida CICIACS, superando las inconstitucionalidades que le impidieron funcionar y poder sentar las bases de investigación, y desaparición de los cuerpos ilegales que atentan contra la seguridad de la ciudadanía y que funcionan paralelamente al Estado, aunque pareciera que con algunos vínculos que les facilitan su macabra labor.
El otro hecho, de gran trascendencia, por la historia reciente del país y el lugar en donde ocurrió, fue la satisfacción que el Presidente Óscar Berger ofreció a los habitantes del triángulo ixil, formado por Chajul, San Juan Cotzal y Nebaj, en donde, en el marco del Programa de Resarcimiento y en el acto de entrega de una compensación económica, les pidió perdón públicamente, por los daños que el Estado (sus fuerzas armadas), les causó por la represión contrainsurgente; que fue precisamente una de las demandas de la población ixil al Estado.
Fuente:
www.i-dem.org - Nueva Época número 1114 |
