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Un mecanismo corrupto
Por Iduvina Hernández - Guatemala, 25 de enero de 2007

Con el argumento de mejorar la calidad académica, la estatal Universidad de San Carlos (Usac), adoptó un mecanismo de exámenes de admisión y límite de plazas para estudiantes de primer ingreso. Para administrar el procedimiento se creó el Sistema de Ubicación y Nivelación (SUN), el cual se asegura de aplicar las pruebas, registrar los resultados y resolver dificultades.

Además de las pruebas básicas –materias relativas al área común– las personas que aspiran a ingresar a la Usac deben aprobar las pruebas específicas de la carrera de su interés. Un procedimiento realizado por las respectivas unidades académicas, en combinación con el SUN.
En teoría, todo parece favorable a una educación superior con calidad y alto rendimiento académico. Sin embargo, basta con escarbar un poco y descubrir bajo la piel reluciente de la demagogia, la podredumbre y la corrupción.

Para muestra un botón.

Resulta que para ingresar al primer año en una de las facultades de la Usac, más de 600 personas hicieron la prueba específica. De ellas, únicamente 80 la ganaron. De acuerdo con denuncias de dos personas afectadas, al intentar apelar al resultado obtenido, fueron requeridas al pago de hasta Q1,000 para garantizar que en la revisión “ganaran” el examen. En una investigación inicial se pudo establecer que varias personas de quienes lograron el pase en la prueba de admisión, debieron cancelar el monto requerido para asegurarse el puesto.

En 2006, en otra facultad, por lo menos el 80 por ciento de las personas privilegiadas que lograron ingresar al primer año, reprobaron los estudios, lo que demostró una falla garrafal en el proceso de selección.

Es decir que un requisito supuestamente encaminado a mejorar la calidad académica, en realidad es un mecanismo excluyente y un nido más de la corrupción que corroe a la Usac. Una práctica corrupta a la que no escapa la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), que está obligada a velar por los intereses estudiantiles, pero que sigue adormecida en manos de la mafia.

Ante esa situación y las reiteradas denuncias al respecto, es obligada la intervención del Consejo Superior Universitario (CSU) así como de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), para determinar la existencia de violaciones al derecho a la educación, a la no discriminación y, sobre todo, para identificar mecanismos perversos y mafiosos que solo sirven a los intereses de privatización de la educación superior en Guatemala.

Fuente: www.elperiodico.com.gt


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