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El huehuecho de la Corte
Por Iduvina Hernández - Guatemala, 7 de febrero de 2007

Un criterio pueril exhibe el magistrado Flores.

En la educación primaria en Guatemala, desde hace décadas, se ha informado de la existencia del bocio (huehuecho), como un mal endémico en nuestro país. También se ha enseñado que dicha enfermedad se padece por falta de yodo. Merced a estudios científicos, en el siglo pasado se consideró necesario, priorizando el bien común por encima del beneficio individual, añadir yodo a la sal, como medida para prevenir el bocio.

Es decir, ante un mal que afectaba a un buen número de personas, cuyo tratamiento requería de una política a nivel nacional, se decidió añadir yodo a la sal, de la misma manera como se decidió añadir vitamina “A”, al azúcar, para prevenir la ceguera.

Medidas estas que han valorado el bienestar común por encima del beneficio personal. Un principio básico de nuestra Constitución Política, el cual, como la necesidad de añadir yodo a la sal, se aprende desde la escuela primaria.

Sin embargo, una reciente sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC), ha dado lugar a que prevalezca el beneficio comercial individual, por encima del bien común. A los magistrados de la CC les ha importado más el argumento de un empresario y no han tenido empacho en despacharse la base jurídica que obliga a los productores de sal a enriquecer su producto, no solo sus bolsas, añadiendo el necesario yodo.

En una entrevista publicada el lunes 5, el magistrado Francisco Flores defendía la decisión de la CC y afirmaba que la Corte Celestial (como también se le conoce a la magistratura constitucional), era infalible y por lo tanto no cabía recurso contra su decisión. Muy contrario a la opinión de otras personas, letradas en la materia constitucional, quienes afirman que la CC puede modificar su criterio y resolver la metida de pata que tuvo con su resolución. El magistrado Flores también se permitió decir que la solución al entuerto es asunto de interpretación pues, afirma, la decisión de la Corte indica que la aplicación del yodo ha de ser discrecional, en función del sitio en donde se necesite.

Un criterio pueril el del magistrado, si se considera que toda decisión que en Guatemala esté sujeta a la discreción de algún funcionario, resulta casi siempre en detrimento de la mayoría. Así las cosas, es necesario que la CC haga bien su trabajo, enmiende el entuerto y se quite el huehuecho para garantizar que la adhesión de yodo a la sal, siga siendo una medida obligatoria de beneficio común.

Fuente: www.elperiodico.com.gt


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