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El Estado bajo sospecha
Por Iduvina Hernández - Guatemala, 9 de marzo de 2007

Se impone la reforma de la seguridad ciudadana.

El colapso del sistema de seguridad ciudadana es un problema de seguridad nacional, cuya solución demanda medidas excepcionales. A estas alturas, con al menos dos altos jefes de la Policía Nacional Civil (PNC), involucrados en ejecuciones extrajudiciales no hay salidas cosméticas.

No hablamos de grupos paralelos al sistema sino de una política de Estado en la que se emplean mecanismos ilegales para combatir la delincuencia común, el crimen organizado y que viola los derechos humanos. Hablamos de una estructura orgánica y funcional dentro de las fuerzas de seguridad que involucra a todo el sistema.

Corresponde hablar de acciones de corto, mediano y largo plazo, a fin de resolver la crisis y sentar las bases de un sistema que sirva de contención a los intentos por revertir el Estado de derecho. En el corto plazo y ante un problema de seguridad nacional como el presente, es obligado el accionar del Congreso facilitando las decisiones legales que permitan enfrentar la crisis. En su ley orgánica, el Legislativo tiene las herramientas para otorgar facultades especiales a una comisión de personas notables, e investirlas con la autoridad necesaria para supervisar el proceso de investigación y depuración del sistema de seguridad.

En el mediano plazo, proceder con acciones desde ahora, para la refundación de dicho sistema, iniciando con la renovación total del proceso de selección, formación y carrera de la estructura policial. Proceso que deberá considerar la separación funcional y orgánica de las labores de investigación criminal, seguridad preventiva y operación contra el crimen.

Se trata de crear una fuerza policial especializada y responsabilizada de la acción preventiva, en el marco de una política de seguridad ciudadana sostenida por la promoción del desarrollo, con la participación de la ciudadanía.

De cara al largo plazo, se impone la reforma sobre la base de las propuestas que contemplan la separación de ámbitos y la construcción de un sistema sólido de controles democráticos.
Por ahora, como medida de sanción moral, sin descartar los necesarios procesos penales, se impone la destitución de quienes han tenido en sus manos la seguridad ciudadana. Funcionarios civiles y militares que han hecho de la ley y las facultades otorgadas, una licencia para matar, delinquir y prostituir nuestro débil sistema de libertades y garantías, poniendo al Estado bajo sospecha.

Fuente: www.elperiodico.com.gt


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