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El derecho de saber
Por Iduvina Hernández - Guatemala, 24 de julio de 2007

Está obligado a dar las pruebas al MP.

Una sala de apelaciones ha ordenado al Ministerio de la Defensa poner a disposición del Ministerio Público (MP) varios planes de campaña vigentes durante el conflicto armado interno. Con la decisión de la magistratura, el sistema da un pasito hacia la justicia para las víctimas de genocidio en Guatemala. Agrupadas en la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR), nuestras y nuestros compatriotas continúan con tenacidad y paciencia una batalla que no les beneficiará solo a ellas, sino al conjunto de la sociedad.

A diferencia de quienes acudieron en nombre del Estado a la vista pública el lunes 16, quienes integran la AJR y sus auxiliares legales invierten su tiempo y esfuerzo para construir historia a favor de la verdad y la justicia. La sentencia del tribunal, que ordena entregar, entre otros, copia certificada de los planes Victoria 82, Firmeza 83 y el plan de la operación Sofía (ejecutado en 1982), representa un importante avance jurídico. Y lo representa porque permite, al igual que ya lo hizo la sentencia previa de la Corte de Constitucionalidad (CC), tener elementos judiciales para discernir sobre lo que son “asuntos militares de seguridad nacional”, al tenor de lo que expresa el Artículo 30 constitucional. Recordemos cómo, al amparo de dicha frase, de manera persistente el Ministerio de la Defensa y sus dependencias se han negado de manera ilegal a proporcionar información importante no solo en materia judicial sino de transparencia y rendición de cuentas.

De manera que, si bien dicha sentencia se produce en el marco de un proceso judicial por crímenes de lesa humanidad contra quienes planificaron, instigaron y ejecutaron actos de genocidio en Guatemala, su alcance trasciende ampliamente esa materia.

Los argumentos frívolos del Ministerio de la Defensa, que pretendía proteger el secreto con que hace un cuarto de siglo se planificaron las masacres, fueron descartados jurídicamente. Los jueces le han dicho al jefe del instituto castrense que los crímenes cometidos hace 25 años no son un asunto de seguridad nacional y que está obligado a entregar dichas pruebas al MP, quien curiosamente brilló por su ausencia en la vista pública.

La sala judicial le dice a los funcionarios en nuestro país que el interés y el derecho público de saber están por encima del interés particular, individual (en este caso de procesados por crímenes de genocidio) o institucional (el estamento militar que se erige en escudo de la impunidad).

Fuente: www.elperiodico.com.gt


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