Una campaña de mentiras
Por Iduvina Hernández - Guatemala, 17 de junio de 2008
Ante los constantes cuestionamientos a su desempeño mediocre, el jefe del Ministerio Público (MP), Juan Luis Florido, sostiene una campaña de prensa supuestos logros de su gestión. Gestión que, además de ser ineficiente, tiene como punto de partida un acto de ilegalidad.
Juan Luis Florido llegó al MP en sustitución de Carlos de León Argueta, un pillo que sigue prófugo y que respaldó la corruptela del Gobierno de Alfonso Portillo. Al considerar causa justa para destituir a de León Argueta, el entonces presidente Óscar Berger resolvió designar como jefe del MP a Florido, hombre de su confianza política, diputado en ese entonces por uno de los partidos integrantes de la alianza oficial. Para allanar el camino de la coronación de uno de sus pares, Berger vulneró el mecanismo legal de designación de Fiscal General y optó por nombrarlo usando como base la lista de sobrantes del nombramiento que hizo Portillo.
En la acción de Berger tuvo complicidad la Corte de Constitucionalidad (CC) la cual aceptó dicho procedimiento que vulneró el esquema de la institucionalidad en Guatemala. Al culminar el período para el cual Florido fue ilegalmente nombrado, Berger le ratifica en el puesto en virtud de que por una extraña razón, el actual fiscal logró ser apoyado por la totalidad de integrantes de la Comisión Postuladora quienes se aseguraron con acompañarle de personas no elegibles, que fuese ratificado en el cargo.
Ante el temor de que en una eventual destitución del Fiscal General se utilice el mismo mecanismo que llevó a Florido al puesto en su primer período, ahora hay voces que prefieren no criticar la gestión en el MP. En nombre de la institucionalidad, afirman, es preferible aguantarse la ineficiencia a fin de que Florido culmine su gestión. El colmo de algunas visiones es querer ocultar el innegable índice de ineficiencia en la fiscalía y justificar la gestión fiscal de la impunidad.
Más que difundir mentiras por medio de campañas mediáticas o buscar la defensa de lo indefendible, la dirección del Ministerio Público está obligada a corregir el rumbo. No puede continuar inmóvil ante los procesos judiciales por genocidio en Guatemala, ni utilizar la estructura judicial para criminalizar la protesta y organización social. Una fiscalía eficiente no es la que construye mentiras con campañas mediáticas, sino la que logra disminuir con hechos reales los índices de impunidad y ganar la confianza ciudadana en el Estado de derecho.
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