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Sentencia penal, caso Antonio Pop
Por Irmalicia Velásquez Nimatuj - Guatemala, 3 de julio de 2005

El pasado 2 de junio el Tribunal Segundo de Sentencia Penal de Alta Verapaz, con sede en San Pedro Carchá, condenó a cien años de prisión inconmutable a Estuardo Enrique Putul Tot, Ricardo Cu Caal, Manuel Antonio Putul Tot, Marco Antonio Choc y Romeo Sebastián Mo Chen por los delitos de secuestro y asesinato del abogado q'eqchi' Antonio Pop Caal

El pasado 2 de junio el Tribunal Segundo de Sentencia Penal de Alta Verapaz, con sede en San Pedro Carchá, condenó a cien años de prisión inconmutable a Estuardo Enrique Putul Tot, Ricardo Cu Caal, Manuel Antonio Putul Tot, Marco Antonio Choc y Romeo Sebastián Mo Chen por los delitos de secuestro y asesinato del abogado q'eqchi' Antonio Pop Caal, ocurrido el 9 de octubre de 2002. Mientras que los policías Alfonso Pacay y César Ángel Sub Choc fueron absueltos y José Pop Chomo sentenciado a tres años de prisión por portación de arma y amenazas.

Si bien la sentencia hizo justicia al delito de secuestro y posterior decapitación de Pop Caal, este deleznable acto no puede ser analizado de forma rápida y generalizada como lo hizo Prensa Libre en su editorial del 3 de junio, al plantear que fue producto de la delincuencia común. Este asesinato es complejo porque atraviesa temas nacionales como: las relaciones étnicas, el sistema de justicia, las políticas de identidad, los grupos paralelos de poder, los derechos de los pueblos indígenas y otros. Por eso, es imprudente argumentar que por ser los responsables materiales cinco q'eqchi'es “no es entonces un caso de racismo o de motivación política o ideológica”. Esto es tan falso como esgrimir que por haber sido afroamericanos los que asesinaron a Malcom X -febrero de 1965- el hecho no tuvo relación con lo que él representaba o que con su desaparición se calmaron las tensas relaciones raciales de esa época. El trabajo de Malcom y otros sirvió para transformar, en parte, esas relaciones a través de la monumental legislación de derechos civiles apoyada por sectores de todas las razas. Algo que en Guatemala no hemos logrado.

Agrega el editorial: “el hecho aumentó el desmedro a la imagen nacional, y provocó angustia en algunos sectores que temieron un retroceso en el tema de las relaciones inter- raciales en Guatemala”. Para ser honestos, las relaciones étnicas en el país están en la cuerda floja y la discusión sobre las mismas es incipiente, con el agravante que, cuando se abordan, algunos alzan su voz negando la realidad o acusando a quienes lo hacen.

Quizá porque el proceso se realizó en Alta Verapaz, la prensa no recogió las declaraciones valientes de la viuda Dominga Tecúm, quien declaró y sustentó que la muerte de Pop Caal fue una ejecución extrajudicial y que las pistas lo indican, porque los autores materiales tienen conexión con estructuras disueltas del Estado. Pero no favoreció la evidente debilidad del Ministerio Público, quien teniendo pruebas no las presentó. La familia inmediata, algunos intelectuales y varias organizaciones descartan el móvil económico del secuestro. El día que se llevaron a don Antonio lo bajaron de su vehículo valorado en más de Q100 mil; fue decapitado a los pocos días de su secuestro; durante días los ejecutores no se comunicaron con la familia y cuando su cuerpo fue encontrado, el 17 de diciembre, estaba amarrado a una piedra. El mensaje es claro, el problema es que pocos están dispuestos a confrontarlo.

Fuente: www.elperiodico.com.gt


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