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Intelectual de la extrema derecha
Por Irmalicia Velásquez Nimatuj - Guatemala, 5 de marzo de 2013

Arenales Forno defiende a los sectores más antidemocráticos.

En el Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado Interno, organizaciones sociales y familiares que enfrentaron la violación de sus derechos humanos durante los 36 años del conflicto armado en Guatemala, pidieron al presidente de la República, Otto Pérez Molina, que remueva del cargo al Secretario de la Paz y Presidente de la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos de Guatemala, Antonio Arenales Forno.

La solicitud evidencia que el Estado no puede seguir cobijando a profesionales que lejos de buscar la paz y la justicia nacional hagan todo lo contrario y funcionen como operadores de los sectores responsables de delitos de lesa humanidad, que ven en este gobierno la oportunidad para enterrar su responsabilidad en la ejecución de los mismos.

Arenales Forno, se caracteriza por ser un intelectual de la extrema derecha del país y así ha construido su carrera fuera de Guatemala, usando el conocimiento acumulado para ejercer una defensa oficiosa de los sectores más conservadores y antidemocráticos del país. Él, como titular de la Secretaría de la Paz (Sepaz) ha declarado públicamente que aquí no se cometió genocidio, cuando se ha documentado con miles de pruebas científicas que se planificó y se ejecutó en contra del pueblo maya por ser identificado como enemigo del Estado.

Una de sus primeras acciones fue el cierre de los archivos de la paz en una posición de absoluta incongruencia contra la necesidad de que se rescate y se conozca la verdad por medio de las fuentes documentales. Es además el cerebro detrás del Acuerdo Gubernativo 370-2012 que buscó impedir la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para conocer y dictaminar sobre delitos cometidos durante la época álgida del conflicto cuando el Estado cometió inhumanas atrocidades en contra de la población civil desarmada. Esto muestra el poder que él posee dentro del gobierno y lo bien que manipula la política de derechos humanos a lo interno del país, sin importarle que no exista coherencia con la política internacional.

A nivel mundial al país no le conviene un cuadro con este posicionamiento, pero la última palabra la tiene el Presidente de la República.

Fuente: www.elperiodico.com.gt


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