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Decreto 370-2012 ¿y la defensa de las víctimas?
Por Julio Abdel Aziz Valdez - Guatemala, 15 de enero de 2012

Poco se de derecho internacional para abordar este tema desde el punto de vista legal, hago la aclaración, igualmente hago la aclaración que estoy total y absolutamente de acuerdo con el juicio a los altos mandos militares acusados de delitos de lesa humanidad, dicho esto, creo que es justo brindar otro punto de vista en relación a esta discusión.

Todos los casos presentados ante la CIDH (Corte interamericana de Derechos Humanos) corresponden a un pequeño porcentaje de casos de violaciones de derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno, y todos los presentados, sin excepción, han sido interpuestos por organizaciones de DDHH guatemaltecas, las cuales han recibido miles de dólares para pagar abogados que armen los expedientes.

Son pocos los casos, porque pocos son los que pueden presentar abundantes pruebas y pueden resultar ser “emblemáticos” desafortunadamente no sucede lo mismo con el restante 90% (por decir algo) de los casos de violaciones de DDHH durante el conflicto. La abrumadora mayoría de los casos presentados ante este organismo se ha hecho por medio de Ongs de DDHH, muy pocos familiares de víctimas tienen los recursos financieros para hacerlo por cuenta propia, y bueno, los fondos de esas Ongs ha sido de origen europeo, especialmente nórdico.

Las condenas emitidas por CIDH obligan a el Estado de Guatemala no solo a la reparación psicosocial de las familias de las victimas sino al pago de millonarias compensaciones, y he ahí la primera controversia, los criterios que regularmente se usa es el de reparación significativa por la pérdida de un ser querido en una acción criminal llevada a cabo por el Estado.

No todas las victimas exigen pagos en dinero, muchos, sobre todos los que han sobrellevado la línea de la pobreza, desean la justicia, de esto estaban conscientes los negociadores tanto de la guerrilla como del Estado y sus patrocinadores internacionales, era necesario, según ellos, un marco legal que sirviera como dique a las oleadas de procesos judiciales o a las acciones de venganza (hay que recordar incluso que cuando regresan los comandantes de la guerrilla de su largo exilio son protegidos por miembros del Estado mayor presidencial) y excepto por algunos hechos aislados la transición se produjo en paz.

El inicio del pago del resarcimiento a las victimas hace más o menos de 7 años se discutió, a pesar de estar emplazado judicialmente el Estado en la CIDH. Las compensaciones teóricamente justas y tenían que cubrir el criterio de razonable, con ello nuevamente se llegaba a la controversia: ¿cómo ponerle valor a una vida humana? O ¿qué valor tiene el dolor de una madre, hijo, hermano? ¿Es el pago de una compensación monetaria la renuncia a los juicios por genocidio? (la diferencia entre un millón de dólares y cuarenta mil quetzales como pago de resarcimiento guarda una gran injusticia porque ambas devienen de las mismas arcas del Estado)

En esta ultima interrogante las ongs resolvieron la controversia al sostener que el pago no debería significar la renuncia a los procesos judiciales, adicionalmente se prosiguió con toda la labor diplomática que buscaba la condena del Estado, el sueño de ver tras la rejas a los “asesinos del pueblo” (contradictoriamente no se plantea la pena de muerte para tales actos atroces porque dicha condena no es aceptada por los mismos organismos que financian proyectos de construcción de memoria y fortalecimiento a la aplicación de la justicia)

Pero cuando se conocieron los montos por los cuales la CIDH estaba “obligando” al Estado a resarcir, económicamente a los deudos, surgió una interrogante ¿por qué unos muertos valen más que otros? Esta interrogante podía ser resuelta por las organizaciones de DDHH acompañantes de una manera sencilla: es que en realidad el monto “no era lo que importaba” sino más bien la condena al Estado, solo con el hecho de que se reconociera, a nivel internacional, que este había sido violador de los DDHH era ya un logro según ellos, y es que no era suficiente con el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a una víctima en 1992, al Premio Nobel Alternativo a otra víctima, y otra víctima fuera nombrada como presidenta de la primera Comisión Nacional de Resarcimiento (Rosalina Tuyuc) que luego formó el Programa Nacional de Resarcimiento, además de los millones de dólares destinados de la cooperación para las exhumaciones, reencuentros, atención psicosocial a víctimas.

Con condena o no, la cual por cierto ya no hace la diferencia en tanto que Guatemala sigue siendo reconocida como el paraíso de la impunidad en todos los ámbitos penales, habidos y por haber, puedo percibir que el tema de la “condena internacional” es mucho más importante para el activista, dicho sea de paso sirve de premio de consuelo para un acuerdo de esclarecimiento de la “verdad” histórica que no individualizaba responsables.

La condena, en este razonamiento, sirve para que la presión “venga de fuera” para enjuiciar a los genocidas, prefieren una intervención extranjera a que un violador de DDHH quede impune, en este momento histórico no logro aún diferenciar a la larga que es peor para la nación.

Esta controversia acaba para los medios cuando el Presidente deroga el acuerdo controversial con el cual los activistas señalaron y anunciaron el retorno al pasado, y mal lo entienden como una victoria o peor aún como una mala asesoría legal al Estado. Lo que creo que este gobierno está logrando construir es la duda, si!, parece poco, pero para un Estado cuyas capacidades propositivas son tan limitadas, el hecho de plantarse frente a los organismos internacionales, (muchos de los cuales financian a los activistas) y plantear: es que la realidad no es tan así…, esto puede crear una especie de crisis en el flujo de los financiamientos a largo plazo.

La incapacidad para poder desarrollar espacios de discusión seria y abierta se muestra, los extremos nuevamente montan sus castillos y trincheras, ¿Cuánto tiempo se podrá sostener los mismos argumentos?

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