Revista electrónica de discusión y propuesta social 
Revista · Documentos · Archivo · Blog   Año 2 - 2005

::::albedrío::::

Revista
Editorial
Artículos
Entrevistas
Noticias

linea

Redacción

linea

Enlaces

linea

SiteMap
Contacto


Otros documentos de consulta

De orden internacional
De carácter oficial
Comunicados

 

 

 

Los peligros fiscales de las concesiones
Por Juan Alberto Fuentes K. - 20 de julio de 2005
juanalbertofuentes@hotmail.com

Estamos por entrar a una tercera etapa.

La forma de manejar las concesiones está entrando en una nueva etapa en el mundo y en Guatemala. Una primera etapa, correspondiente a la primera mitad del siglo XX, está ejemplificada por los contratos suscritos por el gobierno con la United Fruit Company. Se le concedieron ciertas tierras en usufructo o el monopolio de la línea férrea (un activo, en otras palabras) para que los explotara de acuerdo con términos negociados con el Estado, generalmente sin compromisos financieros adicionales de este. Las concesiones mineras más recientes no son muy diferentes.

Posteriormente hubo una nueva etapa, iniciada durante la segunda mitad del siglo XX, donde se contrataba la realización de una obra pero no su administración. Por ejemplo, el Estado contrataba la construcción de una carretera y le pagaba directamente a una empresa para hacerlo (como la empresa Nello Teer en el caso de la carretera al Atlántico) pero luego el Estado administraba el uso de la carretera directamente. En otras ocasiones las carreteras eran construidas directamente por el Estado, por medio de la Dirección de Caminos. En todos estos casos el costo era cubierto por el Estado, a veces endeudándose, y se reflejaba en el presupuesto.

Actualmente estamos por entrar a una tercera etapa, quizás predominante durante la primera mitad del siglo XXI, en que se negocian contratos para transferir a empresas privadas la responsabilidad, como paquete, de obtener el financiamiento, construir la obra y administrar los servicios que se derivan de la obra, quizás no tan diferente de la primera etapa de concesiones.

Esto puede funcionar si se especifican con claridad las condiciones de costo y de calidad de la inversión y el servicio, si existe un marco regulatorio claro y si se cuenta con un Estado y una agencia gubernamental eficaz con capacidad de evaluar y monitorear proyectos de inversión. Pero, además, estas concesiones pueden generar obligaciones financieras del gobierno que no son evidentes, dando lugar a un aumento del gasto público incompatible con los ingresos tributarios que se tienen.

Ello es más claro en el caso de proyectos de inversión que no son empresarialmente rentables, como la carretera de la Transversal del Norte. En este caso una empresa no podría recuperar el costo de su inversión con un peaje: el bajo poder adquisitivo de los usuarios de la zona no lo permitiría. La única manera de interesar a una empresa privada en el financiamiento, inversión y administración de este tipo de obra sería mediante un subsidio del Estado. Y ese subsidio tendría que reflejarse en el presupuesto nacional año con año, hasta que se amortizara el costo de la inversión. Pero puede ocurrir lo mismo con inversiones rentables si el Estado asume algunos de los riesgos (da garantías) de la inversión.

Por ejemplo, si el Estado, como ha ocurrido con proyectos de infraestructura en Chile, garantiza cierta estabilidad cambiaria, pero se da una gran devaluación que afecta toda la rentabilidad del proyecto que ejecuta y administra una empresa privada, entonces el Estado tendrá que compensar a la empresa, ya que se comprometió a cubrir ese tipo de riesgo. De nuevo tendremos aquí un desembolso de recursos que serán un costo fiscal para el Estado.

En síntesis, en la nueva etapa de concesiones el Estado asumirá obligaciones financieras si los proyectos que se impulsan no son rentables para el sector privado, o si existen riesgos que el Estado asume como parte de los contratos de concesión que se acuerdan. Por eso es tan importante que todo el tema de concesiones esté caracterizado por una gran transparencia, que permita identificar con claridad estos costos ocultos (o deuda disfrazada), que los compare con los posibles beneficios que pueden generar las concesiones, y que no haga de estas una forma de evadir falsamente la ineludible necesidad de aumentar la carga tributaria para financiar inversiones prioritarias que no son rentables desde la perspectiva empresarial.

Fuente: www.elperiodico.com.gt


Copyright © El credito de las contribuciones es única y exclusivamente de los autores. El contenido de las contribuciones no representan necesariamente la opinión de la revista; los autores son responsables directos del mismo.