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Sí, a la Corte Penal Internacional
Por Jaime Barrios Carrillo - Estocolmo, 4 de febrero de 2007
aladinomas@hotmail.com

Los juicios a genocidas serán a la larga inevitables en el mundo. La Corte Penal Internacional (CPI) ubicada en la La Haya, Holanda, es un tribunal independiente y permanente, donde pueden ser juzgadas personas sindicadas de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Esta Corte actúa solamente cuando el sistema judicial de un país no se muestra eficiente o en casos remitidos por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La Corte ha sido concebida como una instancia que supla deficiencas nacionales, con un caracter jurídico complementario que asegura, además, la imparcialidad.

La Corte puede recibir casos propuestos por los propios miembros. Como ha sucedido ahora con el congolés Thomas Lubanga, fundador de la milicia Alianza Patriota Congolesa, grupo sindicado de múltiples masacres y de haber utilizado a niños en las mismas, como victimarios y como víctimas. Lubanga es el primero que será juzgado por la Corte y esto ha generado interés en la comunidad internacional. También han presentado casos Uganda y África Central. En tanto que Sudán ha sido remitido por el Consejo de Seguridad.

Recientemente estuvo en Guatemala el jurista Philippe Kirsch, juez y presidente de la CPI, para explicar la naturaleza de la Corte. Guatemala, al ratificar, se convertiría en signatario pleno, lo que significa comprometerse de manera vinculante en la lucha contra la impunidad de los crímenes de guerra. Depende del Congreso la aprobación de la Corte, aceptando el llamado Estatuto de Roma. Hace un año una Comisión de la Cancillería dio un dictamen favorable. También la Corte de Constitucionalidad ha dado su luz verde. No es posible, entonces, seguir engavetando el proceso. Aunque conste que los genocidas guatemaltecos no deberían temblar (si es que lo hacen), pues la Corte tiene vigencia sólo en casos sucedidos después de su aprobación internacional (en 2002).

Pero la Corte constituye una instancia preventiva extraordinaria. Se asegura que este tipo de crímenes de guerra no vuelvan a suceder y, si sucedieran, no podrían los hechores de asesinatos masivos de población civil (incluidos ancianos, mujeres y niños) escapar tan fácilmente. Guatemala debe adherirse, sumándose a los países que demuestran una incaludicable decisión de luchar contra las formas más horribles de impunidad. Se trata también de un imperativo moral, si atendemos la impunidad que sobre la materia de genocidio ha ensombrecido la historia reciente de Guatemala.

Resulta lógico que durante la preeminencia del general Ríos Montt en el Congreso, no se ratificara el Estatuto de Roma. Se sentía, tal vez, como un Aquiles que no podía ser herido ni afectado. Pero aún Aquiles tiene su talón y la impunidad nunca es para siempre. De todas maneras, no hay más razones para seguir retardando la aprobación y el reconocimiento de la CPI.

Fuente: www.sigloxxi.com


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