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¿Qué hacer con las maras? (2)
Por Jaime Barrios Carrillo - Estocolmo, 24 de junio de 2007
aladinomas@hotmail.com

Enfatizar el aspecto criminal de las maras resulta unilateral.

La vida loca puede ser reorientada y es deber social intentarlo.

Hay estimaciones sobre el número de jóvenes integrados a las maras en Guatemala; van desde la cifra conservadora de 14 mil, dada por el profesor en cuestiones de seguridad Thomas Bruneau, hasta la posibilidad que sean 165 mil, según un estudio financiado por la agencia norteamericana AID. En todo caso, se trata de miles de jóvenes que ni cabrían en las cárceles, ni mucho menos pueden ser eliminados por la “limpieza social”. Sería un nuevo genocidio que afectaría a miles de familias. El problema no se soluciona con sólo reprimirlos, sino con reorientarlos y crearles plataformas sociales, ante todo redes sociales para que puedan rehabilitarse.

Lo anterior cuesta dinero y la sociedad tiene que pagarlo. Además: sólo el Estado sería capaz de hacerlo, como ente responsable de asegurarle a la juventud las alternativas educativas, laborales y culturales.

Resulta necesario recordar que no todos los jóvenes son criminales y no son los tatuajes un distintivo inequívoco de criminalidad. Las maras y su subcultura han sido un resultado de años de exclusión y también de adopción de formas de autoprotección, que tienen su origen en Los Ángeles, donde nacieron las maras Salvatrucha y la 18.

Enfatizar el aspecto criminal de las maras resulta unilateral. Es el caso de la visión del ex coronel del ejército norteamericano Max Manwaring, que las identifica como una nueva forma de insurrección. Se trata más bien de un fenómeno poliédrico de aspectos interconectados, donde la marginalidad, como señala el antropólogo James Vigil, se convierte en algo múltiple: social, económica, política y cultural.

Las maras deben ser vistas, también, como redes sociales de autoprotección de los jóvenes sometidos a esa marginalidad múltiple. Y una respuesta a la opresión estructural a que son sometidas, como lo entiende otro antropólogo, Philippe Bourgois. De ahí que los asesinatos de mareros por fuerzas clandestinas sólo confirmaría un Estado fallido, incapaz de brindar protección y viabilizar el desarrollo de los individuos desde el inicio de la vida. En todo caso la represión debe darse estrictamente dentro del Estado de Derecho y ser dirigida sólo a los individuos que han delinquido. Sin olvidar que la población de Guatemala es en gran parte menor de 20 años, y que si continúan las estructuras de exclusión, ni el mercado y su “mano invisible” ( que fácilmente se convierte en “blanca”) ni el Estado fallido ni el Brujo de Aguascalientes, van a detener la expansión de las maras.

La vida loca de los homies puede ser re-orientada y es deber social intentarlo. Las maras son, desde luego, un problema de seguridad, pero tienen causas estructurales. ¿Por qué no desarrollar un sistema carcelario donde la rehabilitación sea una prioridad, en vez de seguir con las prisiones que son escuelas del crimen? ¿Por qué no comenzar de una vez por todas, con programas amplios, bien financiados y con objetivos claros y mensurables para reorientarlos?

Fuente: www.sigloxxi.com


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