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Centroamérica tolera explotadores sexuales
Por Javier Córdoba - Guatemala, 20 de noviembre de 2006

• Tipificación de la explotación sexual como delito no inhibe su práctica

• El cliente-explotador es liberado, responsabilidad recae en la víctima


• Pobreza y valores morales, principales causas de explotación sexual comercial

Una reciente encuesta de la Oficina Internacional del Trabajo realizada en Centroamérica y República Dominicana revela que en la región existe una alta tolerancia hacia la explotación sexual comercial de menores, donde no sólo se legitima al explotador, sino también se culpa a las víctimas por su situación y existe poco interés social por denunciar y erradicar esta práctica. El alto nivel de tolerancia se relaciona en gran medida con un rasgo sociocultural arraigado en las sociedades centroamericanas: el machismo. Existe la percepción de que la pobreza tiene mucho que ver con el fenómeno, pero también a una creciente dislocación de la familia como generadora de valores.

ES DELITO . El Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, de la Oficina Internacional del Trabajo (IPEC-OIT), presentó recientemente la encuesta titulada Tolerancia social en la población frente al comercio sexual con personas menores de edad.

El estudio tomó las percepciones de 8,767 personas adultas en Centroamérica y República Dominicana, sobre la explotación sexual comercial de menores, en las que se evidencia una alta tolerancia regional a esta reprobable práctica.

Un primer dato da un panorama positivo: la gran mayoría de los entrevistados saben que pagar a menores de edad para actividades sexuales es un delito, desde un 88% de respuestas afirmativas en El Salvador, hasta un 97% en Panamá, para un promedio regional del 92.7%.

Para las responsables de este estudio, Adriana Hidalgo y Bente Sorensen , resulta positivo que la mayoría de la población identifique la explotación sexual infantil como un delito, a pesar de que se trata de un delito relativamente reciente; aunque este conocimiento no se refleje en la censura social hacia esta práctica.

Las investigadoras llaman la atención en el caso de Guatemala, donde se obtuvo un total de 92% de respuestas positivas, a pesar de que en este país aún no se ha tipificado claramente la explotación sexual como delito, lo que a su vez le hace un destino vulnerable y atractivo para los explotadores.

Todos los países de la región han ratificado los convenios internacionales contra la explotación sexual comercial y los han tipificado en sus códigos penales, salvo Guatemala, que aún requiere de una reforma legal. Al mejorar todos los códigos penales salvo el guatemalteco, se crea una vulnerabilidad para ese país, ya que los explotadores lo preferirán como destino, comentó Sorensen

A pesar del alto nivel de conocimiento sobre el delito, Sorensen explicó que la alta incidencia del fenómeno en la región refleja un alto distanciamiento entre lo que la gente conoce y lo que pone en práctica.

Si se sabe que es delito, uno esperaría que la actividad no estuviese tan legitimada. Lo podemos comparar con otras ilegalidades, como manejar a alta velocidad: sabemos que no es correcto, pero igual muchos lo hacen, con la diferencia que aquí afecta directamente a personas menores de edad; mientras que quien maneja rápido no espera tener un accidente, comentó Sorensen .

Entre quienes respondieron que la explotación sexual no es delito, los hombres fueron mayoría en todos los países salvo en Costa Rica, donde prácticamente las mujeres duplicaron a los hombres en la cantidad de respuestas (H.1,7; M 3,5).

PROBLEMA VISIBLE, EXPLOTADOR INVISIBLE. Al preguntar a dominicanos y centroamericanos si conocen lugares donde se ofrecen “servicios sexuales” de personas menores de 18 años, las respuestas muestran que la explotación sexual está lejos de darse en la clandestinidad.

Las respuestas afirmativas van desde el 31% en República Dominicana, cerca del 30% en El Salvador y Nicaragua, hasta menos del 20% en Panamá, Costa Rica, Honduras y por último Guatemala con 14%.

Aquí nuevamente fueron más las respuestas afirmativas de los hombres que las de las mujeres, lo que para Adriana Hidalgo es muestra de que este fenómeno es en alto porcentaje un problema de género.

En otros estudios que hemos realizado, sobre todo con entrevistas a las víctimas, más del 90% de los explotadores son hombres, mientras que las mayoría de las víctimas son mujeres, explicó Hidalgo .

Pero los datos más preocupantes para las investigadoras se desprenden de consultar a los adultos ¿qué haría frente a un caso de explotación sexual comercial?, donde se muestra cómo el “cliente-explotador” es prácticamente liberado de responsabilidad (ver cuadro).

El país con mejores resultados, sin ser alentadores, fue Costa Rica, donde el 71% de las personas indicó que denunciaría al cliente, el 11% no sabe o no respondió, el 8% no haría nada, mientras que el 6% denunciaría a “la personas que ofrece servicios sexuales”, es decir, a las víctimas.

En el caso de los otros países, el porcentaje de quienes denunciarían al cliente es relativamente bajo: Nicaragua 46%, Honduras 43%, República Dominicana 35%, Guatemala 31% y El Salvador 30%.

Estos números dan paso a que respuestas como “no haría nada”, “hablar con el padre o la madre de la víctima”, o “denunciar a la persona que ofrece servicios sexuales”, tengan un peso importante en las diferentes naciones, aumentando así la “culpabilización de las víctimas”.

El caso más interesante se presenta en Panamá, donde los que no harían nada son el 25%, quienes denunciarían al cliente el 24% y quienes denunciarían a la víctima son el 22%; dejando a explotadores y explotados casi en iguales condiciones.

La gente no ubica claramente la responsabilidad del cliente, sino que la ubican en la víctima o en su familia, que para nosotros es el segundo eslabón más débil de la cadena de la explotación sexual, porque en muchos casos son de muy escasos recursos económicos y humanos. Llama la atención que a mayor nivel educativo, mayor es la culpabilización de las niñas y sus familias , señaló Sorensen.

Al ver las respuestas por sexo, nuevamente los hombres fueron, en todos los países, quienes en mayor porcentaje indicaron que no harían nada frente a la explotación sexual de un menor.

Ante la consulta de ¿quién tiene la responsabilidad de detener la explotación sexual?, nuevamente el cliente aparece eximido de toda culpa, pues las respuestas en toda el área no superaron el 8%.

Desde un 71% en Panamá hasta el 56% en El Salvador cargan la responsabilidad de detener este fenómeno precisamente en los más débiles: las víctimas y sus familias.

Se puede ver en la opinión sobre la persona responsable, se señala al menor, al padre, a la madre, y al cliente pero con porcentajes bajísimos; mientras que en el caso de la institución protectora de la niñez, hay países como Guatemala en donde no aparece entre las respuestas. En muchos casos la gente piensa que la víctima puede cuidarse y dejar de salir a la calle de noche, o que sus familias pueden frenar esto , comentó Hidalgo.

Además de la institución protectora de la niñez, que tampoco aparece en las respuestas de El Salvador, los porcentajes de quienes las tienen presentes no superaron el 12.6 (Nicaragua), mientras que la policía y los medios de comunicación tampoco son llamados a detener este problema.

POBREZA Y MORALISMO . El estudio de OIT también explora la percepción de las personas en cuanto a las causas, endógenas y exógenas, de que esto produzca la explotación sexual comercial infantil en la región.

En las causas endógenas, la mayoría de los centroamericanos y dominicanos identificaron a la pobreza de las familias de las víctimas como la principal causa de que se dediquen a esta actividad. Nicaragua dio la mayor cantidad de respuestas con 57%, mientras que Panamá obtuvo 26,8%.

El segundo grupo de respuestas más importante tiene que ver con quienes cuestionan los valores morales de las personas menores de edad y sus familias, donde destaca Costa Rica con un 35.7%. En el resto de la región estas respuestas rondan el 30%, lo que muestra aún un arraigado enfoque moralista y conservador.

Primero se mencionó causas que están alrededor de la familia, luego hay personas que responden que son los valores de los menores, otros hablan que la causa es la vagabundería, la gente señala que la causa está ahí y la misma familia tiene que resolverlo, pero nadie cuestiona los valores morales del proxeneta, comentó Hidalgo .

Curiosamente, las personas con educación superior fueron las más dadas a cuestionar los valores morales de las víctimas y sus familiares, mientras que por sexo las mujeres fueron ligeramente más moralistas que los hombres.

En cuanto a las causas exógenas, la mayoría en la región indicó que la falta de aplicación de las leyes a quienes pagan, pero estos clientes nuevamente aparecen mencionados en bajos porcentajes como causas directas.

Si no existen explotadores, por más pobres que haya, no habría explotados. Hace falta una condena o rechazo social al cliente, porque hay un factor cultural muy profundo que legitima y protege, aseguró Hidalgo .

Para ambas investigadoras, los resultados de esta encuesta son claros en cuanto a la necesidad de campañas preventivas que hagan visible al explotador, pero sobre todo que reduzcan la tolerancia social a este problema que se da a vista y paciencia de todos.

Hay una alta tolerancia hacia la explotación, sexual, hay mucha culpabilización a las víctimas y además, de eso se les carga la responsabilidad de detener la situación.

Es un delito tolerado, aunque las convenciones internacionales dicen que es un delito severo. Es necesario hacer campañas preventivas, porque hay muchas confusiones y culpabilización , expresó Sorensen.

Población por país según lo que haría frente a un caso de explotación sexual comercial de una persona menor de edad (%)

País

R.D¹

C.R.³

N4

H5

E.S.6

G7

Hablar con los padres

19

14

2

9

16

10

10

Denunciar a quien

ofrece servicios ( víctima )

8

22

6

12

11

15

12

Denunciar al cliente

35

24

71

46

43

30

31

Hablar con la víctima

6

5

1

3

3

5

5

Hablar con el cliente

5

2

1

2

2

4

3

Nada

21

25

8

18

19

20

25

No sabe , no responde

6 8

11

11

11

1

16

14

Fuente : “Tolerancia social en la población frente al comercio sexual con personas menores de edad”, OIT-IPEC .
1. República Dominicana. 2. Panamá. 3. Costa Rica. 4. Nicaragua. 5. Honduras.
6. El Salvador. 7. Guatemala.


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