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El patrimonio nacional en peligro
Por Javier De León - Guatemala, 9 de mayo de 2005

En las últimas semanas se ha venido dando, en Guatemala de manera recurrente, en diferentes espacios escritos, radiales y visuales, el debate en torno a la iniciativa de la Ley General de Concesiones. Es importante decir que este tema es tan sólo una pieza en el engranaje de la estrategia neoliberal de neocolonización a nuestra región.

Dicha iniciativa de ley ya cuenta con dictamen favorable por parte de la Comisión de Comunicaciones Transporte y Obras Públicas del Congreso; por lo que se hace inminente la inclusión de la ley en la agenda del pleno para su “discusión”, aprobación o eventualmente su no aprobación.

Ante esta situación, es necesario dar a conocer algunos artículos de la iniciativa de ley, que dan fundamento a la oposición a la misma. Sin embargo, también es necesario que se establezca una definición sobre lo que significa “concesión” desde la óptica de quienes presentaron dicha iniciativa.

En su articulo 1 la iniciativa define concesión "como la facultad que el Estado otorga, a particulares, para que, por su cuenta y riesgo, construyan, produzcan, instalen, mejoren, adicionen, conserven, restauren, operen, exploten o administren obras; bienes o servicios públicos, bajo el control y/o coordinación de la entidad pública concedente, con o sin ocupación de bienes públicos."

Este proceso de privatización (por concesiones), tiene una sola finalidad y desde su concepción la ley da elementos claros sobre su intencionalidad: el adelgazamiento del Estado. Además busca que cada vez sea menos notable su presencia en la vida ciudadana y demostrar con ello, según la corriente de pensamiento neoliberal, que el Estado debe cumplir un papel limitado a tan sólo algunos aspectos: Seguridad, salud y educación y jamás intervenir en el mercado, aunque esté damnificando a los ciudadanos.

También abre la posibilidad de que empresas transnacionales y nacionales privadas se beneficien de las obras, bienes o servicios públicos. Tal y como lo ilustra el caso de la empresa mexicana Marnhos que administra la autopista de Palín-Escuintla, con ganancias altísimas, Q4786 millones, y los beneficios para el Estado de Guatemala son todo lo contrario, Q47 millones.

Ejemplos como éste hay muchos, durante la administración del PAN (1996-2000), las privatizaciones que se dieron fueron poco trascendentes para el crecimiento económico del país y para la generación de empleos. Después de una década, lo que se puede constatar es que los únicos beneficiarios de estos procesos fueron los empresarios a quienes se les concedió la administración de empresas estatales como GUATEL y la Empresa Eléctrica, en detrimento de la población guatemalteca.

Por otro lado, en la iniciativa de ley de Concesiones quedan excluidas, en “teoría”, la educación, la salud y la alimentación, pero si la lógica neoliberal es demostrar que el Estado es incapaz de asumir este tipo de responsabilidades, más temprano que tarde se hará efectivo que esos servicios deben ser concesionados.

No obstante, la ley en su artículo 6 establece los Principios inherentes a la concesión: a) protección adecuada de los derechos de los usuarios; b) incentivo del uso sostenible de los recursos naturales; c) promoción de la inversión privada y la competitividad; y d) protección del patrimonio cultural y natural.

Sin embargo es ampliamente conocido que “el capital privado por su propia naturaleza prioriza la obtención de ganancias muy por encima de los derechos del usuario; en cuanto a los recursos naturales es importante señalar que las actividades productivas del sector privado son las mayores responsables del deterioro ambiental en el país; sobre la inversión privada y la competitividad es de esperar que este beneficie al capital transnacional aliado con el capital nacional posicionado de privilegios especiales; y por último existen suficientes evidencia de que la inversión privada no prioriza la protección del patrimonio nacional”.[1]

Por donde se vea la iniciativa de ley de Concesiones, tal y como se plantea, responde exclusivamente a los intereses y estrategias de los inversionistas, en detrimento de los intereses de la población guatemalteca. Por ello se hace necesaria la articulación de las fuerzas sociales y de agrupaciones políticas para generar una fuerte oposición a quienes impulsan y promueven la venta de nuestro país a los grandes capitales tradicionales y transnacionales.

Fuente: www.i-dem.org


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