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¿Un Plan Colombia para Guatemala?
Por Javier De León - Guatemala, 25 de junio de 2005

Durante las décadas de los cincuenta y sesentas, grupos de campesinos de todas las zonas de Colombia transitaron o migraron de una región a otra, sin poder encontrar un lugar seguro y permanente en donde asentarse. Para muchos de estos grupos de campesinos, la región amazónica del occidente de Colombia ha sido el último intento por encontrar lo que tanto han buscado.

Las causas de estos flujos migratorios, responden principalmente a la expulsión de campesinos por la presión sobre la propiedad de la tierra, por la constitución de grandes unidades agropecuarias (bastos territorios para cultivo y ganado), la incapacidad del minifundio de reproducirse, los procesos de reestructuración agraria impulsados por el Estado; pero sobre todo por conflictos sociopolíticos característicos de Colombia, entre otras razones.

Ya en la región amazónica, los campesinos se establecieron con sus familias a lo largo de los caminos y, en el caso de que estuvieran internados en la selva, a la orilla de las fuentes fluviales. A partir de eso empezaron a reproducir los patrones económicos y productivos tradicionales: deforestación del bosque y, siembra para obtener comida. Con estos cultivos, además de la pesca, la caza, la cría de cerdos y gallinas, lograron niveles de autosubsistencia esenciales. Sin embargo, estas actividades no fueron suficientes para el tamaño de lo que en realidad necesitaban. Definitivamente eran muchas las premuras que enfrentaban los nuevos campesinos colonos, y muy pocas las oportunidades que ofrecía la región para su integración favorable a la economía nacional.

Por lo que la carencia de títulos sobre las tierras, la ausencia de infraestructura y condiciones para comunicarse y poder vincularse con los centros de consumo y el resto del país, entre otras razones, fueron factores determinantes para que no se desarrollaran a nivel municipal y regional. Esto determinó, en parte, la perdida de entusiasmo de parte de muchos campesinos que veían frustrados sus propósitos de quedarse en la región y ser dueños de la tierra y, por otra parte, la adopción (a finales de los setentas y comienzos de los ochentas) de las llamadas “economías de retaguardia” , como la plantación de marihuana y la coca.

Pese a las consecuencias negativas en términos de salud que genera el consumo de drogas y sobre las advertencias de carácter jurídico a quienes se vincularan a la narcoeconomía, los campesinos terminaron articulados a dicha economía, pues, por sus condiciones de vida, los cultivos ilícitos se constituyeron en su única esperanza para sobrevivir.

Desde luego este hecho no fue fácil, ni individual ni colectivamente, por cuestiones morales, religiosas y familiares. Sin embargo, los argumentos más válidos, y que subordinaban a los más temidos sentimientos morales y religiosos, fue el que surgió de la necesidad y desesperación. Es de esta manera como, se da inicio la cocalización del agro amazónico. En otras palabras la plantación de la coca llegó a los campesinos que colonizaban la Amazonía como una estrategia de sobrevivencia.

Ante este escenario el Estado colombiano reacciona legislando sobre las substancias ilícitas, penalizando y criminalizando todo lo relacionado con el negocio de las drogas y con tímidas inversiones socioeconómicas al agro campesino y, por el contrario, con grandes apoyos financieros para la fumigación de las plantaciones ilícitas, con la militarización de la sociedad y con las destrucción del medio ambiente, medidas que concretamente no se vieron traducidas en el control del fenómeno.

Es así como en julio de 2000 y con el apoyo del gobierno de Andrés Pastrana, el Congreso de los EEUU, desde una visión política unilateral y con una lógica extremadamente simplista, bajo el pretexto del “combate” contra las drogas, argumentó la imposición del “Plan Colombia”, la tesis recogida de manera literal, del llamado ex “zar” antidrogas, Barry McCaffrey , dice: “Los problemas relacionados con la violencia delincuencial, el desempleo, la corrupción y la presencia de actores armados al margen de la ley, entre otros, tienen su origen en el cultivo y tráfico de estupefacientes”.

Según el Departamento de Estado de EEUU, el Plan Colombia está orientado a enfrentar los principales desafíos de la Colombia actual: la promoción del proceso de paz, la lucha contra el narcotráfico, la reactivación económica y el fortalecimiento de los pilares democráticos de la sociedad económica.

Sin embargo, los conflictos sociales, económicos y políticos que se han enraizado en este país, no se pueden explicar a partir del fenómeno del narcotráfico, puesto que sus raíces más profundas son estructurales. Y además a este problema hay que agregar dos actores: los grupos insurgentes y los paramilitares, que definitivamente le dan otra óptica al problema. Lo que no se puede negar, es que el narcotráfico puede haber elevado y acelerado la violencia pero no la causo.

El “Plan Colombia” está más encaminado a trazar una estrategia de alcance regional que busca, en esencia, crear en la región andina las condiciones políticas y militares adecuadas para la implementación progresiva del Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA. Por lo que cada vez más se evidencian las intenciones reales del plan.

Es necesario señalar que el “Plan Colombia”, es un plan eminentemente belicista y guerrerista. Que lejos de buscar una solución a la situación estructural ha agudizado los problemas socioeconómicos y políticos, lo que provoca el desplazamiento forzoso de los campesinos de la región. Y que además, esta destruyendo la economía de retaguardia (plantación de la hoja de coca), genera irreversibles efectos en la salud (con las fumigaciones), la seguridad alimentaria y en el medio ambiente. Así mismo hay que señalar el hecho de que el Plan Colombia ha contribuido a que, de manera sustancial, se deterioren las normas sociales de convivencia como consecuencia del conflicto armado que se desarrolla en Colombia.

Traduciendo esta serie de elementos, al contexto nacional y bajos estos argumentos sólidos, podemos decir que Guatemala posee muchos de los problemas que padece Colombia, que son de carácter histórico, fundamentalmente por el modelo de desarrollo dependiente desde el punto de vista económico, cultural, predominantemente elitista, centralizador y socialmente excluyente.

De cumplirse, eventualmente, la poco meditada petición del Ministro de Gobernación guatemalteco, de solicitar una especie de Plan Colombia para Guatemala, basada en una lógica muy elemental, imaginémonos los efectos que en nuestro país produciría a nivel social, cultural, económico y político. Esto sin contar violación de nuestra soberanía, que en el corto, mediano y largo plazo convertiría al Gobierno guatemalteco en un eficiente operador de las políticas imperialistas, que lo que buscan es aniquilar cualquier tipo de movilización social en nuestro territorio en nombre de la sumisión y la ganancia.

Finalmente, en la medida en que continúen implementándose en Colombia, o eventualmente en Guatemala proyectos desarticulados y aislados de los sectores afectados, no se le dará solución a los problemas socioeconómicos que son la base fundamental de la problemática de los cultivos de uso ilícito. Porque no es a partir de pensamientos militares y conservadores que se pueden interpretar y resolver los problemas relacionados con el narcotráfico.

Fuente: www.i-dem.org


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