Urge entender el papel del Estado
Por Javier De León - Guatemala, 22 de noviembre de 2008
La debilidad que expresa el Estado y a la cual el actual gobierno intenta hacer frente, es casi incontenible si de ola de asesinatos y secuestros que ha cometido el crimen organizado se habla. Esta debilidad manifiesta es algo que va mucho más allá de la competencia personal de los funcionarios, de su voluntad y de su habilidad política. Lo que debe o debería ser punto de discusión es la enorme debilidad del Estado que, de manera innegable, no posee el monopolio de la violencia.
En esta terreno se ha visto desbordado por militares que se han pasado a las filas del crimen organizado, y por narcotraficantes y delincuentes que dan muestra de contar con armas y entrenamiento por encima de los que poseen la policía y el propio ejército.
La debilidad del Estado no es responsabilidad exclusiva del gobierno de Álvaro Colom. Aun cuando el candidato de la oposición hubiera sido elegido presidente, todo nos lleva a pensar que se hubiera encontrado en una situación similar, o talvez peor.
Cualquier expresión partidaria en el gobierno hubiera tenido que enfrentar el reto que el crimen organizado ha lanzado al Estado, y se habría encontrado como están hoy el presidente Colom, sitiados por una fuerza criminal más fuerte y en apariencia mejor organizada que aquélla en la que cualquier régimen debiera sostenerse.
Sin diferencias partidarias, los gobernantes se chocan con los mismas limitaciones que imponen un cuerpo policial mal equipado y entrenado, cuyo nivel educativo no alcanza para desarrollar capacidad de juicio o que actúan con mucha agresividad y que, por momentos, son tan aterradores como los mismos narcotraficantes. Al respecto varios casos ilustran lo anteriormente dicho, el ejemplo más claro han sido los brutales asesinatos en los que han estado involucrados. O con un ejército que ejercen funciones, que no les corresponden.
Si buscamos causas de esta deteriorada situación, obligatoriamente nos remitimos a los años en que se realizaron reformas económicas y la consecución de la guerra contrainsurgente de finales del siglo XX, que además minaron en forma desmedida la capacidad de intervención del Estado en la economía y en la vida política. Al mismo tiempo redujeron su capacidad para cumplir con sus funciones esenciales. Los recortes presupuestales se reflejaron en el deterioro de los servicios públicos, es decir, la seguridad.
La incipiente democratización iniciada a mediados de la década del ochenta, suponía la reconstrucción del Estado, pero con su comportamiento los partidos políticos parecen decididos a liquidarlo por completo. A pesar de que en los últimos meses hayan dado muestras de cada vez más toman conciencia del papel que juegan en una sociedad como la nuestra.
Lo que parece evidente es que las anteriores experiencias de partidos en el gobierno, ningún presidente entendió de que se trataba la administración de la cosa publica, hace falta ver si el presidente Colom, tal y como lo ha expresado el mismo en sus discursos, consolida esa imagen que intenta transmitir de estar haciendo las cosas fuera de esa lógica que siempre a prevalecido en sus antecesores.
Todo esto ha repercutido en sostenida destrucción del Estado. No hay más que ver lo que se ha hecho con el debilitamiento intencional de algunas instituciones como la Policía Nacional Civil (PNC), por citar un ejemplo.
La partidización de la administración pública, o lo que es lo mismo no entender la lógica de la gestión pública, produce el mismo efecto de debilitamiento del Estado. Los intereses de los partidos son tan privados como los de cualquier empresa, incluido el narcotráfico; en consecuencia su avance en la estructura de poder se ha convertido en el retroceso del interés público. En estas condiciones se entiende por qué como es que hemos llegado hasta la situación en la que estamos.
Fuente:www.i-dem.org - Nueva Época número 1571 - 211108 |
