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Falta de regulación facilitaría cultivo de transgénicos
Por Jimmy Klepek - Guatemala, 13 de agosto de 2007

• Nuevo informe analiza el potencial impacto de los transgénicos en América Latina

• USDA entra al choque con Naciones Unidas sobre biotecnología en Guatemala

• Expansión de sector semillero y azucarero genera críticas

Durante los últimos seis años, la extensión de cultivos transgénicos en el país se ha duplicado, alcanzando más de un millón de hectáreas en 2006. Veintidós países, incluyendo siete de América Latina, cultivan maíz, soya, algodón y/o canola genéticamente modificados. Aunque algunos analistas calculan que la producción de cultivos transgénicos se duplicará para 2015, el futuro de estos cultivos aún es incierto. Como todavía persisten las dudas sobre el posible impacto de la biotecnología sobre la salud humana y el medio ambiente, Estados Unidos actualmente produce más de la mitad de los cultivos transgénicos a nivel mundial, mientras que los países de la Unión Europea han adoptado regulaciones mucho más estrictas sobre el tema. Esto ha dejado a América Latina en el medio, como un campo de batalla entre dos posiciones encontradas en las que confluyen argumentos científicos e intereses comerciales, algo que se ha evidenciado en los debates sobre la comercialización de los transgénicos en Guatemala.

UNIÓN EUROPEA: TRANSGÉNICOS GENERAN INQUIETUD. Estados Unidos produce, consume y exporta la mayoría de los cultivos transgénicos en el mundo. En contraste, la Unión Europea limita la plantación e importación de alimentos transgénicos pero importa una gran cantidad de estos productos para el consumo animal.

La Unión Europea ha manifestado inquietud sobre la posibilidad de que la rápida comercialización de los cultivos transgénicos en América Latina pudiera tener un fuerte impacto económico sobre la región. Esto constituye la idea central del informe «Impacto de los organismos genéticamente modificados no aprobados sobre los alimentos para animales y la producción ganadera» publicado por la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, en junio de este año.

El informe también aborda la intención de las empresas biotecnológicas estadounidenses de cultivar una segunda generación de soya transgénica para 2008. Mientras que la aprobación de nuevos organismos transgénicos se lleva unos 15 meses en Estados Unidos, la aprobación de alimentos transgénicos para el consumo animal se lleva de dos a diez años en la Unión Europea.

Esto suscita la posibilidad de que se den «autorizaciones asincrónicas», lo cual es preocupante ya que la Unión Europea importa 34 millones de toneladas de soya y de alimento para animales hecho a base de soya cada año de Brasil, Argentina y Estados Unidos.

La Unión Europea sólo produce 12 millones de toneladas, lo cual significa que las importaciones de los tres mayores productores de transgénicos, representan el 73% de su consumo.

Para calcular los posibles daños que podría ocasionar una prohibición de productos transgénicos en la Unión Europea en 2008-2010, la Comisión evaluó tres posibles escenarios. En un escenario de impacto mínimo, las exportaciones estadounidenses de soya (2.6 toneladas en 2005) podrían ser reemplazadas por una fuente alternativa, y en el peor de los casos, una prohibición de soya estadounidense, argentina y brasileña resultaría en un déficit neto de 3.3 toneladas al año. En el peor de los casos, una prohibición de soya estadounidense, argentina y brasileña resultaría en un déficit de importaciones de 25.7 millones de toneladas.

Una falta de suministros en los escenarios de mediano y alto impacto ocasionaría una caída en el consumo de carne, aves y cerdo de 50% y un aumento de 23-600% en gastos en alimentación animal.

Aún con la posibilidad de que Argentina y Brasil tomen en cuenta la prohibición europea para la aprobación de esta nueva generación de soya transgénica, hay que tomar en cuenta que la plantación ilegal y el almacenamiento e intercambio de semillas es una práctica común en estos países. Por lo tanto, es posible que productos transgénicos no aprobados podrían entrar en la cadena de exportación.

Como la detección de una mínima cantidad de organismos transgénicos podría desencadenar una prohibición por parte de la Unión Europea, la comisión concluye que: «existe una posibilidad real de que los escenarios de mediano y corto plazo podrían verdaderamente suceder». El informe enfatiza que sería demasiado optimista pensar que la prohibición sería levantada en dos años.

Además, con una creciente gama de nuevos productos transgénicos que generan una continua prohibición, los impactos para la Unión Europea podrían sentirse ya avanzada la próxima década.

REGULACIONES EN GUATEMALA A DEBATE. Wayne Parrott, catedrático de la Universidad de Georgia, afirma que el informe muestra el incentivo económico de la Unión Europea para ralentizar la expansión global de la industria de biotecnología agrícola.

Como consecuencia, la Unión Europea está ejecutando un programa de US$38.4 millones coordinado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés).

El proyecto provee los recursos económicos necesarios para implementar el Protocolo de Cartagena, el cual entró en vigor en 2003. Como contrapeso a la Organización Mundial del Comercio (OMC), el protocolo establece la base legal para que los países en desarrollo puedan basar su legislación en una amplia gama de temas ambientales, socioeconómicos y de salud (Inforpress 1616).

Hasta ahora, 141 países han ratificado el Protocolo de Cartagena (excepto los Estados Unidos) y 85 han concluido sus estudios de impacto del PNUMA-GEF. Como muchos países argumentan a favor de la precaución en cuanto al uso de los transgénicos, así como ha hecho la Unión Europea, Estados Unidos comienza a temer que el programa PNUMA-GEF pueda representar un riesgo para sus intereses comerciales.

Crecientes tensiones entre los modelos de regulación estadounidense y europeo se evidencian en Guatemala, ya que el Departamento de Agricultura estadounidense (USDA, por sus siglas en inglés), se opone a la creación de un marco de protección para la biosfera nacional bajo el programa PNUMA-GEF y ejecutado por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP).

La fase inicial comenzó en 2002 y el programa concluyó en 2004 con la presentación de una ley de bioseguridad que fue enviada al Congreso. La propuesta se enfoca en los riesgos que representaría la introducción de transgénicos en Guatemala, país considerado como un centro de biodiversidad y donde la producción agrícola tiene un gran significado cultural.

Sin embargo, en octubre de 2005, Stephen Huete, ex director del Servicio Externo de Agricultura de USDA sostuvo reuniones con el gobierno y con el sector privado para discutir «una serie de contradicciones» en la propuesta que generarían oposición en la OMC .

La USDA temía que una legislación estricta podría mermar la importación de granos estadounidenses, de los cuales se provee el sector ganadero guatemalteco, e imponer más restricciones sobre la investigación y el cultivo comercial de cultivos transgénicos. La propuesta de ley ha permanecido estancada debido a una fuerte oposición de la USDA y de importadores y productores de semillas.

Desde entonces, la posición de la USDA en Guatemala han ganado el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYT) y el sector agroexportador. Esto se evidenció en un taller llevado a cabo el 12 de julio, financiado por el USDA-FAS y coordinado por el CONCYT .

Durante este evento, tres consultores estadounidenses, incluyendo a Wayne Parrott , criticaron el Protocolo de Cartagena y la propuesta de seguridad biológica de PNUMA-GEF y hablaron a favor de regulaciones que favorezcan el sector comercial, similar a las de Estados Unidos, Argentina y Brasil.

Su mensaje era que 10 años de comercialización han mostrado que las plantas transgénicas suponen un riesgo mínimo para el medio ambiente y pueden reducir el uso de pesticidas químicos e incrementar la productividad del cultivo, además de ser perfectamente seguros para el consumo humano.

No obstante, no todos los expertos guatemaltecos que asistieron al evento compartieron la visión negativa promovida en cuanto al Protocolo de Cartagena o el entusiasmo de los exponentes hacia la biotecnología.

Catalina López, ex coordinadora nacional del programa de bioseguridad de PNUMA-GEF dijo a Inforpress : «No me opongo al uso de la biotecnología pero tampoco estoy de acuerdo con la manera en la que estos expertos están vendiendo esta tecnología como la solución para el desarrollo agrícola, mientras socavan un acuerdo internacional firmado por Guatemala

Milton Cabrera, del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) opina que el apoyo de la USDA se debe al mercadeo agresivo de la biotecnología que han llevado a cabo las corporaciones transnacionales.

Actualmente, diez años de cultivos comerciales no bastan para determinar la seguridad de los productos transgénicos o los riesgos de los organismos transgénicos para la biodiversidad guatemalteca. Uno de los temas nacionales que generan mayor controversia es la contaminación del maíz y su pariente silvestre, el teosinte, con variedades transgénicas en un país que es el centro originario de estas especies.

Según César Azurdia, un destacado científico del programa PNUMA-GEF: «La tecnología utilizada en la generación de plantas trasgénicas ha sido creada en países desarrollados, en los cuales no existen por lo general parientes silvestres del las plantas cultivadas; por lo que los riesgos ambientales y en particular, sobre la biodiversidad, no se han aceptado en su real dimension…los riesgos ecológicos y genéticos de introducir variedades transgénicas en centros de origen de plantas cultivadas son completemente desconocidos, indicando que se deben de tomar decisiones con base en conocimientos científicos.»

LOS PLANES DEL SECTOR PRIVADO. La principal propuesta del CONCYT y de la USDA es dejar en firme un acuerdo formulado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGA) en 2006 que permite el cultivo comercial de semillas transgénicas para la exportación.

En vez de crear una ley que requiere amplio respaldo político y público para un tema controversial, la meta antes de que finalice el 2007 y que llegue un nuevo gobierno es emplear el acuerdo ministerial 386-2006 como la base de la comercialización. Esto incluye la venta de semillas transgénicas en el país.

A pesar de la controversia, sectores agrícolas influyentes se están preparando para la comercialización de las plantas transgénicas. Semillas Cristiani Burkard, el productor semillero más grande del istmo está trabajando con Monsanto para desarrollar variedades transgénicas de maíz para la venta comercial en Guatemala durante los próximos cinco años. Con el precio del maíz en aumento, Cristiani Burkard, cree que los productores a gran escala regresarán a la producción de granos básicos utilizando semillas transgénicas para satisfacer la creciente demanda del sector ganadero. Bajo esta lógica, las variedades locales de maíz para la producción de subsistencia se irán convirtiendo en obsoletos.

El sector azucarero guatemalteco, el quinto exportador más grande y el segundo productor de azúcar más eficiente del mundo, tiene intereses similares. Hay catorce refinerías activas en el país con 207,000 hectáreas de caña plantadas en la costa sur de Guatemala.

Con la creciente demanda de etanol en Estados Unidos y Europa, el Centro Guatemalteco de Investigación y Capacitación de la Caña de Azúcar (CENGICAÑA) está comenzando a investigar el desarrollo de variedades transgénicas. Mario Melgar, director de CENICAÑA, dijo a Inforpress que el cultivo de caña de azúcar se expandirá mucho con el uso de variedades transgénicas. Melgar estima que 600,000 hectáreas serán plantadas en la frontera de Guatemala con México y Honduras tan sólo para la producción de biocombustible.

En cooperación con Inforpress Centroamericana - Inforpress C.A. es una revista semanal de análisis que cubre la región centroamericana, y depende de suscripciones para sus ingresos. www.inforpressca.com

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