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La deseada muerte de la CICIACS
por Juan Luis Font - 12 de abríl de 2004


Cuando los diputados decidieron enviar el texto del acuerdo entre el Estado de Guatemala y la Organización de Naciones Unidas a la Corte de Constitucionalidad (CC) para su opinión consultiva, lo hicieron con la secreta pretensión de que los magistrados lo encuentren contrario a la Carta Magna.

Los jefes de bloque en el Legislativo prefieren no hablar de esto en voz alta, pero nada les pesaría más que una opinión favorable de parte de la CC a la Comisión Investigadora de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS). Eso les obligaría a someter al pleno la ratificación del acuerdo. Y los diputados temen hacerlo. Sea porque les da pavor enfrentar a ese coro de neoconservadores que se ha lanzado contra la Comisión como en el año 98 lo hicieron contra la reforma constitucional; sea porque en realidad no están persuadidos de la necesidad de obtener ayuda foránea para desarraigar del Estado a los grupos que sobreviven desde la época de la guerra sucia en Guatemala; o quizá sea porque la mayoría de jefes de bloque adversa por cuestiones ideológicas o por intereses propios la creación de la CICIACS. En todo caso, los ciudadanos tenemos derecho a saber qué diputados creen innecesaria una Comisión semejante y conocer sus razones. Tenemos derecho también a saber qué proponen ellos, los integrantes del poder más democrático, para librar al Estado de ese vínculo pernicioso que mantiene con grupos ilegales y con aparatos clandestinos siempre dispuestos a operar con las mismas prácticas de la contrainsurgencia. A lo mejor muchos de ellos ignoren o prefieran ignorar el tema.

Lo que los diputados más querrían es evadir su responsabilidad. Allá nosotros si les permitimos hacerlo.

Pero no es el Congreso el único poder del Estado llamado a cumplir con una tarea en esta lucha. Si la Corte termina por opinar que aunque sólo sea un renglón del documento suscrito por la ONU y por el gobierno de Alfonso Portillo es inconstitucional, los congresistas habrán logrado su cometido. Se abrirá entonces un periodo durante el cual se inculpará al ex canciller Gutiérrez y a sus asesores por la chambonería manifiesta, pero no debería ahí concluir todo. Le corresponderá entonces al Ejecutivo definir la nueva línea de acción para persuadir a la comunidad internacional de encontrar la fórmula propicia que permita que opere esa comisión en Guatemala. Eso, claro, si el actual Ejecutivo está convencido de la necesidad de crear la CICIACS, un asunto que aún no queda suficientemente claro.

El Procurador de Derechos Humanos, padre putativo de la criatura, tendría cuanto antes que buscar la alianza política más amplia a favor de su niña. De seguir en el mismo silencio de los últimos días, ocurrirá como en el 98, gran alboroto y grandes discursos, pero al final un pequeño y poderoso grupo frena cualquier cambio con la aquiescencia del liderazgo político que prefiere hacer como quien no se entera.

Tomado de www.elperiodico.com.gt


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