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Un estado de derecho opresivo
Por Jorge M. Rodríguez-Martínez - Canadá, 18 de marzo de 2005

albedrio.org
En América Latina no parece reconocerse de manera suficiente que la tarea misma de legitimación sociopolítica -independientemente de su signo ideológico- presupone desde el comienzo el reconocimiento mutuo de la humanidad del otro. Claro, muchas veces un discurso traiciona sus propias condiciones de posibilidad. Tal es el caso del "experto" neoliberal, que le exige a los sectores más vulnerables que acepten racionalmente que no hay autonomía racional, aparte de la sancionada por el marco del mercado libre. Pero, con todo, se da un aspecto más fundamental: en la medida en que el reconocimiento de la humanidad del otro debería ser previo al esfuerzo de legitimación, los discursos de legitimación no tratan tal carencia desde el principio. De ahí la ironía que los discursos de emancipación de una sociedad agobiada por sus injusticias se conviertan en recursos apologéticos de aquellos que detentan el poder social. Por poner un ejemplo obvio, los excluidos no entran -casi por definición- en el discurso liberal del contrato social que, en palabras de Normas Geras, no es sino un acuerdo de mutua indiferencia.

En este esquema perverso, Guatemala ofrece el escaparate del cinismo. Hace algunos años, el jurista argentino Ernesto Garzón se preguntaba cómo era posible que en ese momento de la historia los indígenas de este país no tuviesen garantizado el derecho a la vida. En general, las cifras que expresan la desigualdad socioeconómica de este país siempre han alcanzado proporciones lamentables en relación al resto de América Latina. Consuela muy poco que se diga que Guatemala tiene un mercado atractivo para avionetas y automóviles Mercedes Benz.

En virtud de esto, uno no puede menos que arroparse en un profundo escepticismo cuando los sectores más conservadores de Guatemala se tornan en adalides del estado de derecho. Lo que en verdad se lamenta es que este afán legalista sea otro ejemplo de los desencuentros históricos que marcan a este país. Si el estado de derecho se hubiese respetado hace cincuenta años, los exponentes políticos de dos generaciones se habrían salvado de ser diezmados.

No es de extrañar, entonces, que el énfasis con que los sectores derechistas de Guatemala defienden el estado de derecho se concentre en las posibilidades opresivas y represivas de éste. No es tan sólo que se ejercite el potencial de la ley como un instrumento de control social, sino que se pasen por alto las dimensiones morales que hacen de la ley un medio de integración social legítima. Se pide, por ejemplo, que se desaloje a los campesinos de las fincas que ocupan, sin detenerse a considerar que ha sido precisamente la nula atención a específicas demandas de justicia lo que ha llevado a éstos a adoptar tales medidas. Por otro lado, muchos "formadores" de opinión claman que la ley debe aplicarse sin contemplaciones para castigar a los que se oponen a la aprobación del TLC, sin importar que este tratado haya sido aprobado a espaldas de los sectores más afectados. Cuando ahora se quiere imponer penas de cárcel a los que organicen bloqueos de carreteras, lo que se demuestra es un intento de ahogar desde el principio las posibilidades de protesta frente a otro futuro paquete de ignominias: la ley de concesiones, la total privatización de la función pública en un país con carencias ético-sociales fundamentales.

En este contexto, el discurso legalista es retórico en el sentido negativo que suele atribuirse a este término. En realidad, el discurso de estado de derecho en Guatemala -en su versión conservadora- revela más por lo que no dice que por lo que expresa de forma explícita. Por esta razón, esta ideologización jurídica se desmorona ante dos pregunta básicas. Primero, ¿por qué no se aplica la ley de esa manera tan dura contra los que atentan contra los derechos más básicos de los grupos reprimidos? Uno quisiera que el imperio del estado de derecho fuese una realidad para el que no paga impuestos o para el que hurta los impuestos directos recaudados.

La segunda pregunta se dirige a un aspecto conceptual. Aún los conservadores de este injusto país ya no pueden ocultar que la defensa del estado de derecho en nuestros tiempos debe reconocer que la "aplicación" -obsérvese la mecanicidad de esta palabra- de la ley requiere una referencia a los derechos que articulan la legitimidad de la convivencia social. Así, uno tendría que alegrase cuando el expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, el Lic. José Rolando Quesada (Prensa Libre 22/3/2005), afirma que el estado de derecho "implica que las decisiones coercitivas del Estado no pueden estar sometidas únicamente a la voluntad de los gobernantes, sino a principios fundamentales del propio hombre que deben ser recogidos por la legislación positivista".

El magistrado Quesada, sin embargo, menciona este principio precisamente en un sentido que contradice una interpretación más comprehensiva de éste. En efecto, Quesada propugna el desalojo inmediato de los campesinos de las fincas ocupadas y el castigo inmediato de los responsables de las manifestaciones contra el TLC.

Habría que preguntarle al Lic. Quesada -quien fungía como presidente de la CSJ de Guatemala al momento del desalojo violento de las fincas- cuáles son los "principios fundamentales del propio hombre". Porque si él reconoce que estos principios -los derechos humanos- dictan la legitimidad de la ley, el orden legal tiene que evaluarse en su relación con el sistema de derechos que debería normar el ámbito social. Ahora bien, legalidad y legitimidad no son lo mismo. Una norma puede ser legal sin ser legítima y viceversa. Los derechos humanos, se dice, son reconocidos, no creados por la legislación que los recoge.

En este sentido, es importante destacar cómo el estado de derecho -en la versión que criticamos- suele concentrarse en el derecho de propiedad. Pero el derecho de propiedad no puede ser absolutizado a menos, desde luego, que tengamos de antemano una visión ya superada del sujeto de los derechos humanos. No puede haber derechos presociales o prepolítcos por el simple hecho de que todo derecho exige un reconocimiento, y en esa medida, requiere de un contexto social en que éste es observado. Por estas razones, ya no podemos pensar que los derechos se completan en la preservación de una esfera de libertad individual negativa. La libertad, por el contrario, tiene que ser concebida en términos de las posibilidades de realización de una vida humana concreta en un contexto específico.

Pero, por mucho que se diga, el derecho indiscriminado a la propiedad no es inherente a la persona humana. Basta irse un poco atrás en la historia para ver que este derecho dista mucho de ser lo que sus defensores pretenden que sea. Así, cuando se reconoce que el derecho de propiedad puede expropiarse en términos de una indemnización, se asume que este derecho no tiene el mismo nivel de fundamentalidad que el derecho a la vida, ¿Por qué habría de considerarse la posibilidad de expropiación si el tal mentado derecho es absoluto? ¿Se puede quitar la vida a una persona porque esto garantiza el bien común? Finalmente, el derecho de propiedad, como la enfatizado desde hace algún tiempo, el jurista italiano Luigi Ferrajoli, no puede tener realmente una calidad de derecho humano universal. En efecto, este derecho -asociado al insaciable materialismo que es la ideología cotidiana del capitalismo- exige la exclusión ético-social del otro. Este supuesto derecho muestra su irracionalidad en la medida en que éste se convierte en el escudo normativo que impide a los excluidos los recursos básicos que garantizan una vida íntegra y digna. En consecuencia, los derechos de propiedad -estipulados más que reconocidos por la Constitución- no pueden ser defendidos a costa de ignorar otros derechos, entre ellos el más importante, el derecho a la vida.

El magistrado Quesada presenta una tesis más controvertible cuando nos recuerda, en el artículo de referencia, que la situación de protestas provoca un caos que ahuyenta al inversionista. Aquí, sin embargo, estamos en otra esfera de argumentación: el terreno de la efectividad social del orden jurídico. Pero dicha efectividad no puede agotarse en proveer de certeza jurídica para un mercado excluyente. La Declaración de Derechos Humanos reconoce que el fundamento de la paz, la seguridad y la justicia es el respeto de los derechos fundamentales.. Y tales derechos resultan más perentorios en un contexto marcado por una gigantesca injusticia histórica.

Vistas así las cosas, nadie niega que se haga cumplir la Constitución en nuestro país. Pero este esfuerzo implica un compromiso real con los valores y principios que se asumen en este documento. En realidad, estos valores nos permiten entender el nivel de legitimidad detrás de las protestas. Los que realmente respetan la Constitución se resisten a creer que los derechos sociales tienen que ser sacrificados frente a los derechos abstractos que legitiman lo que es de suyo ilegitimable. Las declaraciones de derechos ya no pueden limitarse a ser -como bien lo ha recordado el teórico del derecho Robert Alexy- simple poesía constitucional.

El hecho de que los derechos tengan que visualizarse en función de un contexto específico no significa que ellos estén sujetos a una ciega casuística. La interpretación de los derechos humanos en su proyección jurídica suponen un horizonte de respeto de la dignidad humana. Este valor, sin embargo, no puede limitarse a la visión de un sujeto abstracto marcado por su avorazamiento insaciable, el sujeto de la modernidad capitalista. La dignidad humana es algo concreto: se abre a los problemas que se manifiestan aquí y ahora. Y aquí no estamos en el terreno cercado de una ley que jamás puede ser autónoma. Robert Alexy nos recuerda también que el discurso legal es un ejercicio de la razón práctica, y como tal, implica la articulación de argumentos en los que los principios éticos juegan un papel fundamental.

Para defender su tesis de la aplicación de la ley, Quesada argumenta que el que protesta no puede ignorar la dignidad de la persona a quien se dirige. Estamos tan de acuerdo que nos permitimos sugerirle que generalice este principio: Respetemos la dignidad no sólo de los que ven limitados su derecho de locomoción, sino también la de los miembros más vulnerables de nuestra sociedad.

Al final de cuentas, el concepto de dignidad humana implica que cada ser humano realmente cuenta realmente como un ser humano. El concepto de derechos humanos está apuntalado por una visión substantiva igualitaria que condena los desequilibrios ético-sociales de todo sistema social. De este modo, la aplicación desigual de la ley en un estado constitucional de derecho es una de las mayores afrentas a la dignidad humana. Esto nos indica que el espíritu constitucional es un recurso normativo que debe orientarse a construir una sociedad realmente humana, y no a perpetuar un estado de irracionalidad social. Es claro, entonces, que la interpretación opresiva del sentido constitucional de la ley no puede llevarnos sino a perder la poca legitimidad que aún le pueda quedar al ordenamiento sociopolítico guatemalteco.

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