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Un Gobierno que no arrancó
Por Jéssica Osorio - Guatemala, 8 de diciembre de 2004


El Gobierno de Óscar Berger ha enfatizado sobre una política de austeridad, apertura al diálogo y acercamiento con la prensa.

Óscar Berger lleva ya casi consumado el 25% del período para el cual resultó electo como mandatario de la nación; sin embargo, a diciembre 2004, varios analistas coinciden en que dicho Gobierno no arranca.

La política de gobierno se definió desde el principio como de "tipo empresarial", tal y como estaba previsto desde la campaña, lo anterior resulta prioritario para establecer el rumbo de la ejecución de acciones que está determinando el equipo de trabajo.

El Presidente está rodeado de importantes figuras, duramente cuestionadas por algunos ya que, como lo afirmara previamente Otto Pérez Molina a su salida del Organismo Ejecutivo, "están realmente gobernando el país".

Poco a poco, su equipo se fue apoderando de importantes puestos clave, por ejemplo, el nombramiento de un diputado del partido oficial, Juan Luis Florido para desempeñarse como fiscal general de la República.

El primer hecho que despertó polémica entre sectores de oposición fue la creación de las figuras de Comisionados Presidenciales o "superministros" como los calificara un ex jefe de Estado. Incluso, hay quienes consideraron que dichos representantes resultan inconstitucionales.

Hasta con la Iglesia Católica tuvo rencillas el Presidente, la ambición cobró auge con el controversial tema de la minería, el que hasta la fecha arrastra controversia.

INSEGURIDAD: LO MÁS ESCABROSO QUE ACOMPAÑA AL PRESIDENTE

La imagen del país a nivel internacional en materia de inseguridad se encuentra por los suelos, los cerca de 450 asesinatos de mujeres que van en el año resultan ser el espejo en el cual se reflejan las autoridades.

Sólo en enero, el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) reportó un total de 109 muertes violentas como escenario del cambio de autoridades y cuyo combate sería uno de los enormes retos de la administración Berger.

Para mayo, sumaban ya 508 muertes, de los cuales iban 46 mujeres asesinadas con saña.

"Habrá más seguridad dentro de un año" prometió Berger exactamente el 30 de agosto pasado, e indicó que muchos de los casos relacionados con la violencia están vinculados con el narcotráfico.

Para el analista político del Instituto Centroamericano de Estudios Comparados, Jahir Dabroy, es cierto que existe voluntad, pero el tema de la seguridad ciudadana "es demasiado escabroso".

"No existe un plan integral de trabajo" describe el entrevistado, quien hace referencia a que aciertos en la materia hay muy pocos. Además, en este punto entra en juego la agilización que en el Congreso de la República se haga de la legislación pertinente.

"Este año se ha marcado por un rebrote de crímenes en todo el país, así como el deterioro de la institución policiaca para combatir la delincuencia" fue la postura que fijaron en mayo organizaciones como el GAM, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y el Movimiento Social por los Derechos de la Niñez y Adolescencia, entre otros.

En julio, Arturo Soto, titular del Ministerio de Gobernación hacía efectiva su renuncia al cargo, en compañía del director de la Policía Nacional Civil, Gustavo Dubón Gálvez, mientras el conocido como Grupo Élite especializado para combatir la delincuencia entraba en vigencia como una medida emergente por la crisis de inseguridad.

PLANES QUE INICIARON

La unión aduanera fue de los primeros pasos que el Gobierno dio en la presente gestión, la integración regional resulta ser un reto que su gestión asumirá en los próximos cuatro años.

La estrategia la reducción de las barreras arancelarias y el tránsito de personas de un país a otro en menos tiempo.

También se iniciaron las reformas al Parlamento Centroamericano, donde los ex presidentes y ex vicepresidentes no podrán refugiarse con ausencia de inmunidad y privilegios como diputados.

El 16 de marzo, los funcionarios suscribieron el famoso "código de ética" en el cual, se comprometieron a hacer eficiente su trabajo, mientras la "luna de miel" que vivía el nuevo gobierno y los medios de comunicación se mantenía en su más alto apogeo.

En esos momentos se anunciaba también el Plan de Despistolización, con el que aquellas personas que tuvieran armas sin registrar o que no contaran con autorización para portarlas podrían solucionar su problema entregándola al Gobierno.

Con la medida se buscaba reducir los crímenes que aquejaban a la sociedad y que hasta esta altura del año resulta ser el pan de cada día de la misma población.

La conocida como "cacería de brujas" en contra de ex funcionarios ligados a hechos de corrupción, sobresalió durante el primer semestre, misteriosamente, y con la cercanía de la aprobación del paquete fiscal y con varios "cafecitos" de por medio, cesó la captura de los señalados.

El Plan de Modernización y Reducción del Ejército vio la luz el 1 de abril, cuya finalidad es el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, y pretende suspender cerca del 30 % de la totalidad de efectivos castrenses. Los recursos para la indemnización también provocaron polémica.

A finales del mes en cuestión se inició la búsqueda de apoyo para la aprobación del paquete fiscal, la carga tributaria que el Gobierno tenía bajo la manga y que fue coordinada por la Comisión Técnica del Pacto Fiscal y que forma parte de los Acuerdos de Paz.

El 12 de mayo comenzó el diálogo con los ex Patrulleros de Autodefensa Civil, bajo la coordinación de Pérez Molina. El mandatario mostró cierta indecisión en aprobar la compensación previo a su sanción, la cual era producto de una promesa de campaña.

Ya en junio la empresa encuestadora Consula Mitofski, ubicó al gobernante en la casilla 11 de popularidad a nivel latinoamericano con un 38%. Berger comentó en dicha ocasión "nos estamos gastando nuestra popularidad".

En ese mes, se anunció el primer Gabinete Móvil, los cuales buscan conocer de cerca las necesidades de la población en las diversas regiones del país.

NO SUBE EL SALARIO MÍNIMO PERO SÍ LOS PRECIOS DE LA CANASTA BÁSICA

Todo subió en la administración actual, la carga tributaria, el precio del gas propano, el Índice de Precios al Consumidor (canasta básica), el azúcar, la energía eléctrica, la gasolina, pero el salario mínimo no da muestras de crecimiento.

Guatemala registró una inflación de 0.48% en julio pasado, según informó el Instituto Nacional de Estadística, INE.

Según el informe del ÍPC, la inflación acumulada al mes en referencia llegó a un 5.34% influenciada principalmente por los constantes incrementos del precio del petróleo en el mercado internacional, superando el 3.60% cuya medición resultó en el mismo mes un año antes.

El Plan de Reactivación Económica "Vamos Guatemala", fue presentado en agosto y su contenido buscaba, entre otras cosas, generar los recursos adecuados de inversión social, creando el ambiente adecuado de recaudación fiscal y organizar el presupuesto de cada Ministerio.

Dicho plan busca darle un ambiente propicio a la economía del país, tomando en cuenta cada indicador económico y la variante en cada uno de los últimos años. El país se encuentra actualmente ubicado en el índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas en el puesto 122 de 177 naciones analizadas.

Mientras tanto el Ejecutivo trata de reacomodar sus piezas de juego para encontrar el camino adecuado, pues Berger cuenta todavía con un 75% por recorrer del mandato para el cual fue electo.

"Sin un plan específico para combatir la delincuencia"

El principal reto que afronta el gobierno de Óscar Berger es la reconversión de la Policía Nacional Civil (PNC), según comenta el analista político Jahir Dabroy, ya que deberá depurar la institución en referencia.

Se sabe qué hacer, pero lo que no se sabe es cómo hacerlo y con qué. Es necesario que dicho plan detecte las necesidades sobre seguridad, "se reconoce el problema, pero no se definen líneas de trabajo.

No se perciben grandes cambios entre el quehacer del Ministro de Gobernación y del director de la PNC, es una continuidad de lo que fueron las políticas iniciales, según el análisis presentado.

El tema de la seguridad es difícil independientemente de quién llegue a gobernar, ya que incursionó en la sociedad el crimen organizado, frente a una débil PNC.

Si bien hay necesidad de depuración, se debe tener conciencia de que los recursos con que cuentan los policías y los incentivos que tienen, no son los más adecuados "ellos exponen su vida por tantos ciudadanos" refirió.

El número de policías por habitante es, entonces, bastante escaso; lo anterior es un aspecto que debilita el accionar de las autoridades, menos aún sin un plan específico.

"Aciertos como tales se pueden reconocer muy pocos", atañe Dabroy, mientras que describe que sí existe la disposición de cambiar el hecho de que las fuerzas policíacas fueron premiadas por el crimen organizado.

Un desacierto es que se quiere incrementar el número de fuerzas de seguridad, pero no se están yendo a las comunidades específicas donde podrían haber personas interesadas de participar.

"Pocas muchas posibilidades de mejora en el tema social"

Carlos Barrera, del Colectivo de Organizaciones Sociales (COS) describe el panorama que vive el país por el desempleo, con base en lo expuesto en el Plan de Reactivación Económica "Vamos Guatemala".

"Aquí el primer indicador negativo para el Gobierno es el atraso en la ejecución de inversión pública, donde se estima que no va a superar la meta que está establecida en el Pacto Fiscal de 4% para este año y se estará quedando en 3.5, lo anterior es un indicador de que la tan pregonada Reactivación Económica no va a ser tanto", destacó.

Es decir que la generación de empleo, hasta para el 2005, estará muy por la base de las inversiones privadas que habrán, pero tampoco se percibe que el país vaya a tener un fuerte despegue en dichos términos. Entonces, la reactivación de trabajos dependerá mucho de la economía estadounidense, en el análisis expuesto.

"El Gobierno no ha presentado una política de empleo como tal, sino que depende fundamentalmente de los quioscos que hacen, allí es donde no se ven resultados que cambien la tendencia del gobierno anterior" explica Barrera.

Respecto al tema social, el entrevistado describió el nivel de gasto que está estimado para las metas en salud, educación, vivienda y desarrollo rural. Este año cerrará en 4.7 del Producto Interno Bruto, (es decir, que también acá no se va a alcanzar el 5.3% que dejó el gobierno del FRG).

Lo anterior indica que estaremos este año por debajo de lo que la gestión anterior gastó en el tema social, aspecto significativo si uno lo compara en términos per cápita, porque el gobierno de Berger va a gastar menos por habitante.

"Ellos esperan alcanzar 5.3% de gasto social, (lo mismo que cuando cerró el gobierno anterior) pero con más población, o sea, que en términos per cápita es menos", manifestó.

Los salarios permanecen anclados y hay crecimiento de la economía informal, además de que disminuyó la cobertura social.

Tema agrario: asignatura menos favorable para la administración de Berger

Este Gobierno se caracterizó plenamente por el caso de la finca Nueva Linda, quedando claro que no tienen intenciones de resolver la problemática agraria, según coinciden varios analistas.

Las respuestas que ha dado giran alrededor de la violencia y represión con la política sistemática de desalojos, según explica el representante del COS, Carlos Barrera, cuyo argumento estiba en la colocación del derecho a la propiedad privada, incluso, por encima del derecho a la vida.

El tema agrario es la asignatura menos favorable para el Gobierno, mejor dicho, totalmente negativa por la salida represiva como tratamiento del Estado.

Por su parte, Úrsula Roldán de la Plataforma Agraria, con anterioridad señaló que "no hay institucionalidad agraria coherente para resolver conflictos.

Luego de los hechos ocurridos en la finca en mención, la bancada de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), expuso que varios datos indican que la grave conflictividad agraria tenderá a profundizarse mientras continúe la política de incumplimiento de los Acuerdos de Paz en lo relativo al tema.

En dicho momento, la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC) se refirió a Berger como "títere fiel de los grandes finqueros del país" ya que el Gobierno defiende los intereses de los grandes latifundistas "haciendo caso omiso a las peticiones planteadas por las organizaciones campesinas para solucionar la problemática agraria", concluyeron.

Fuente: www.lahora.com.gt


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