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Una ley para la guerra, una ley para robar
Por Juan Pablo Muñoz - Guatemala, 25 de octubre de 2019

El Decreto Número 7 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley de Orden Público (LOP), entró en vigencia en mayo de 1966, mientras el alto mando militar configuraba al Estado de Guatemala para conducir la guerra contra su propia población.

La asamblea que lo proclamó se había integrado a partir de solo el 30% de votantes del padrón electoral de la época; sus miembros habían logrado su elección mediante la presentación de una planilla única compuesta mayoritariamente por “candidatos” propuestos por el Movimiento de Liberación Nacional y por el gobierno de facto del coronel Enrique Peralta Azurdia. A lo largo de los últimos 30 años, han quedado derogados 12 de sus 45 artículos porque son abiertamente incompatibles con un Estado democrático de Derecho; los demás son de naturaleza represiva y generadores de opacidad.

En otras palabras, la Ley de Orden Público vigente en Guatemala es una ley anacrónica, incompatible con el proyecto de Estado planteado en la Constitución Política de la República de Guatemala[1] y en los Acuerdos de Paz, así como con los avances del constitucionalismo moderno (centrado en el irrestricto apego a los Derechos Humanos) y de los principios de la administración pública (que orientan a las instituciones hacia la eficiencia y la transparencia).

La LOP, tal y como está vigente en su texto actual, contempla los siguientes escenarios para activar uno de los cinco posibles estados de excepción: “…en los casos de invasión del territorio nacional, de perturbación grave de la paz, de calamidad pública o de actividades contra la seguridad del Estado” (artículo 1). Los estados de excepción previstos son de prevención, alarma, calamidad, sitio y guerra, en su orden de gravedad. En el desarrollo legal de cada uno, únicamente se enumera un listado del conjunto de derechos y garantías individuales que pueden quedar en suspenso durante su vigencia (artículos 8 al 23). Los cinco estados de excepción tienen en común la suspensión de garantías constitucionales de la detención legal y el control judicial de la misma (artículos 28 al 30). En cuanto a su necesidad y aplicabilidad, la LOP únicamente refiere que es facultad del presidente en consejo de ministros decretar el estado de excepción y trasladar la decisión para la debida ratificación del Congreso de la República (artículos 2 y 6).

Con respecto a las responsabilidades que las acciones del poder público generan en el marco de un estado de sitio, la LOP es bastante parca, siendo únicamente relevante indicar dos aspectos: primero, cabe la figura del amparo si se contraviene algún derecho no suspendido; y dos, se aplica parcialmente la exhibición personal, con el único fin de que se conozca el paradero de un capturado y que cesen los vejámenes a que estuviera sometido (artículos 25 y 27), y no así para examinar la legalidad o ilegalidad de su detención.

Finalmente, en la parte de disposiciones generales de la LOP, el texto concluye con una serie de normas encaminadas a orientar el comportamiento del aparato administrativo del Estado en casos de estados de excepción. Destaca allí la obligación ciudadana y de los medios de comunicación de prestar apoyo a las fuerzas públicas cuando lo requieran. Asimismo, agrega otras restricciones tales como la suspensión de la libertad sindical y la inviolabilidad de la correspondencia de las personas (artículos 31 a 46).

La ley que se analiza es entonces la herramienta perfecta para un gobierno que precisa de la ausencia de controles democráticos y beneficiarse de autorizaciones institucionales para militarizar un área o territorio determinado en nombre de la seguridad nacional, pues, claramente, el Estado es el principal sujeto de derechos de la LOP. De manera que la opción de ejecutar un estado de excepción bajo los parámetros de la ley en análisis, ha sido un arma idónea para arropar de legalidad las acciones contrainsurgentes y pro empresariales de los regímenes de Arana Osorio y Ríos Montt, tanto como las de los gobiernos democráticos de los últimos años.

La actual LOP es una amenaza latente sobre las poblaciones objeto de expoliación, debido a la posibilidad de que los funcionarios públicos impongan estados de excepción para proteger los intereses de las industrias extractivas, de los terratenientes y de los narcotraficantes, en un marco que exime el deber de responder ante la justicia civil y penal, y la necesidad de justificar la ejecución de gastos durante un periodo determinado. Lo anterior no solamente conlleva potencialmente flagrantes violaciones a los Derechos Humanos, sino que, además, conforma un contexto extremadamente favorable para la consolidación de relaciones económico-criminales entre empresarios, políticos y militares.

Diversos expertos en temas de seguridad democrática han señalado la imperiosa necesidad de reformar la LOP. Para el efecto, han surgido diferentes propuestas, siendo la más importante la Iniciativa de Ley No. 4985. En esta se establece que las limitaciones a las garantías constitucionales no pueden implementarse más que como última ratio, según lo afirma el analista Oswaldo Samayoa.[2] Es decir, las restricciones de los derechos fundamentales serán el último recurso, el que se aplicaría únicamente cuando toda la institucionalidad pública para prevenir y reaccionar frente al delito haya fracasado. Como bien lo indica el analista citado, la obligación primordial de cualquier Estado es garantizar derechos, no limitarlos, por lo que la restricción de los mismos no sólo debe ser excepcionalísima, sino que, sobre todo, tiene que ser ampliamente limitada y fiscalizada.

Iniciativas de ley como la anterior, que tienden a limitar al poder público, constituyen piedras en los zapatos de los intereses empresariales en las zonas donde mineras, hidroeléctricas, cultivos y ganadería extensiva, contrabando y narcotráfico son particularmente activos. Pues aun ahora cuando la legislación favorece a dichos sectores, estos se han mostrado sin voluntad de cumplirla y, con ello, han provocado controversias que se convierten en conflictos abiertos entre los mismos y las comunidades originales del área de sus operaciones, confiados en que les asiste la razón del derecho. Por ello, propuestas de ley como la mencionada, son detenidas en el Organismo Legislativo, pues las élites guatemaltecas son del común acuerdo de que la represión en contra de las poblaciones mayoritarias debe ser ejemplar y no conllevar responsabilidades de ningún tipo.

[1] A pesar de que la Asamblea Nacional Constituyente de 1984 la convalidó. Sin embargo, en diversas resoluciones, la Corte de Constitucionalidad ha demostrado su incoherencia con el texto constitucional en sí.

[2] https://www.plazapublica.com.gt/content/la-urgente-reforma-de-la-ley-de-orden-publico

Fuente: www.ceppas.org.gt


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