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Acuerdos de Paz: causas de la guerra, sin resolver
Por Juan Pablo Ozaeta - Guatemala, 16 de enero de 2007

• Una década después, democratización y capacidad de concertar: tareas pendientes

• Surgen nuevos escenarios de conflicto, con raíces irresueltas

• Vigencia de Acuerdos de Paz se debate entre la institucionalidad y la presión social

El 29 de diciembre de 2006, se arribó al décimo aniversario de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera que puso fin a 36 años de conflicto armado interno, una de cuyas causas se resume en la exclusión política. Entre los acuerdos que buscan resolver las causas estructurales que dieron origen al conflicto armado, está el de aspectos socioeconómicos y situación agraria, el cual compromete al Estado a promover un desarrollo a través de la democracia participativa y funcional. Sin embargo, en la búsqueda de concertación, las instancias multi-sectoriales conformadas para hacer frente a las problemáticas socioeconómicas han logrado resultados poco significativos. La heterogeneidad de visiones e intereses genera un desgaste. Actores del proceso de paz dicen que la culpa es de los sectores que se radicalizan. Otros dicen que es el gobierno quien no sabe concertar y que impone sus decisiones pese al diálogo. Al mismo tiempo, aparecen nuevos escenarios de luchas sociales. Resolver los problemas que hoy generan conflictividad evitará que se recurra de nuevo a la violencia.

¿PAZ CON INCLUSIÓN O IMPOSICIÓN? Con motivo de cumplirse diez años de la firma de los Acuerdos de Paz, el gobierno, la sociedad civil y la comunidad internacional promovieron distintas actividades que trataron el avance y los retos que se mantienen en la agenda asumida el 29 de diciembre de 1996.

En ese contexto, destacó un estudio realizado por Carlos Sarti e Isabel Aguilar, a finales de 2006, para la Fundación Propaz, denominado La conflictividad guatemalteca y su abordaje constructivo.

Este trabajo refleja que el conflicto armado tuvo raíces estructurales.

El citado texto indica que la conflictividad en Guatemala tiene sus bases en la forma como se funda el Estado-nación, cuyas características son la exclusión política, económica, social y cultural. La exclusión política ha determinado que el grupo hegemónico se haya servido tradicionalmente del aparato estatal para la defensa exclusiva de sus intereses, señala el documento.

En menor o mayor dimensión a lo planteado por ese estudio, los diversos sectores comprometidos, destacan que ha habido algunos avances en la agenda de la Paz. Sin embargo, ninguno se aventuró a afirmar que las causas que originaron la guerra están erradicadas.

No obstante, las fuentes consultadas también destacaron que los Acuerdos de Paz fueron la plataforma que abrió la discusión sobre la participación democrática de los sectores históricamente excluidos.

El Acuerdo de Querétaro, suscrito en 1991 por el Gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), constituyó el primer paso en el tratamiento del tema de la democratización.

Ese compromiso se termina de concretar con el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, suscrito en mayo de 1996 y que acuerda: para profundizar una democracia real, funcional y participativa, el proceso de desarrollo económico y social debe ser democrático y participativo .

Enrique Corral, de la URNG, dijo a Inforpress que ese acuerdo significaba una mina de oro para el sector indígena y campesino.

Como resultado de este Acuerdo, de los aspectos que hoy más destacan es la institucionalización de la participación comunitaria a través de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES).

Gracias a este Acuerdo se crearon muchas otras instancias y espacios de diálogo y participación sobre distintas problemáticas. Destaca también la creación del Fondo de Tierras (FONTIERRAS).

Pero ante la crisis vivida a lo interno de la junta directiva de dicha instancia, se abre un debate sobre la funcionalidad de estos espacios multisectoriales. Raquel Zelaya, firmante de los Acuerdos de Paz por la parte gubernamental, tomó ese ejemplo para criticar a los actores de la problemática agraria por alterar la función legal de esta entidad y de esta forma desvirtuar los mecanismos, que en el tema de conflictividad de tierras, pudieran haber ayudado.

La entrevistada responsabilizó de la crisis en FONTIERRAS a los sectores de la sociedad civil que integran la junta directiva. En tanto, Corral criticó el papel del Estado por manipular estos mecanismos. Hay un cambio sustantivo, pero se mantiene la exclusión, dijo.

Al mismo tiempo, Corral señaló que el Estado actual se pone a la defensiva, reprime, deforma y manipula las reivindicaciones sociales y campesinas; o las coopta o las lleva a mesas y las entretiene. Pero no cumple su mandato fundamental de ser rector del desarrollo rural, resolver el problema agrario o los conflictos de cualquier naturaleza. Entonces ¿quién tiene la principal responsabilidad?: la estructura de poder.

A ese respecto, Ana Garita, quien perteneció a la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA) en los años de negociaciones, destacó que el Estado debe tener la capacidad de buscar la concertación para resolver la conflictividad, y dijo que éste no debiera utilizar la institucionalidad para favorecer los intereses de sólo una de las partes .

El estudio realizado por Sarti y Aguilar también enfatiza quiénes tienen la corresponsabilidad en la conflictividad que se vive hoy, y en qué niveles: ...los grupos tradicionalmente hegemónicos poseen mayores responsabilidades frente a quienes usualmente han sido grupos subalternos o subalternizados. Quienes han sido víctimas históricas de las exclusiones no pueden –ni deben- cargar con un peso equivalente o similar de responsabilidades .

El vicepresidente de la República, Eduardo Stein, en entrevista con Inforpress, se refirió a los sectores enfrentados en el tema agrario.

Al abordar el impulso de la legislación e institucionalidad agraria de parte del Estado, como tema pendiente, dijo que existe una resistencia general de un grupo de la población a abordar la problemática de esta manera.

Ese planteamiento, en el que probablemente alude a sectores terratenientes, Stein lo complementó al añadir: por otro lado, se han vivido situaciones donde ciertas organizaciones vinculadas a la temática agraria han estado promoviendo invasiones nuevas. Algunas podrán ser sustentadas en situaciones de precariedad muy grande, en las que se anima a ocupar tierras de manera ilegal, y otras donde se han detectado rutas de negocios que no son reivindicación del campesinado.

NUEVOS ESCENARIOS DE CONFLICTO. Actualmente la conflictividad tiene nuevos componentes. Raquel Zelaya destacó que la actual presencia del narcotráfico y el crimen organizado son situaciones que eran impensables hace 10 años.

Por otro lado, ante la proliferación de proyectos de comercio exterior y alianzas con transnacionales se identifica una nueva conflictividad. Aunque se señala que tiene base en los mismos problemas estructurales que se abordaron en los Acuerdos de Paz.

El estudio de Carlos Sarti e Isabel Aguilar se refiere a este aspecto: ... la ofensiva neoliberal que encabezan las propuestas de desarrollo de organismos internacionales va haciendo menos favorable el contexto en el cual se pretende implementar los Acuerdos.

El impulso de la exploración y explotación minera y petrolera, y la construcción de hidroeléctricas se constituyen como nuevos focos de conflictividad.

Sin embargo, la problemática agraria se mantiene presente en estas confrontaciones. Casos como el de la hidroeléctrica Xalalá, en Ixcán, Quiché y el de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) en El Estor, Izabal, dan prueba de ello.

En ambos casos, se ha determinado que la oposición de quienes habitan los territorios previstos para estos proyectos obedece a que no tienen certeza jurídica de sus tierras.

En tanto, el vicemandatario opinó que el abordaje de la temática de la energía y el del agua son terrenos nuevos para Guatemala .

No obstante, reconoció que las alternativas energéticas y las alternativas para garantizar el acceso a las fuentes de agua y su correcta administración deben ser trabajadas con la población misma y no de espaldas a ellas .

Pero en la práctica, el impulso de los megaproyectos se ha caracterizado por la falta de participación democrática. Una muestra son las consultas populares, que el gobierno no ha querido asumirlas como vinculantes.

Además del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los Acuerdos de Paz representan un marco importante para la participación de la población en proyectos como los mencionados. El acuerdo socioeconómico en su apartado de participación a nivel local establece que: los órganos gubernamentales podrán basar sus acciones en las propuestas que emanen de la conciliación de intereses entre las diferentes expresiones de la sociedad .

En su inciso de protección ambiental también plantea: El desarrollo sostenible es entendido como un proceso de cambio en la vida del ser humano, por medio del crecimiento económico con equidad social y métodos de producción y patronos de consumo que sustenten el equilibrio ecológico. Este proceso implica respeto a la diversidad étnica y cultural, y garantía a la calidad de vida de las generaciones futuras.

En este sentido, Enrique Corral opinó: ellos (sectores hegemónicos) prefieren esa agenda que es una nueva mina de oro para capitalizarse y renovarse y mantener la acumulación. Ni siquiera voltean a ver los Acuerdos de Paz sobre cómo se promueve el sujeto para que se fortalezca económicamente. Es decir, el mercado interno.

Zelaya consideró que de haber abierto un correcto marco legal para la actividad minera, no se hubiera dado un desgaste en otros proyectos como los hidroeléctricos.

Respecto al otro foco de conflictividad que representa el crimen organizado, la discusión sobre la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), será otro tema que pondrá en pugna a los sectores del país (ver nota en página 8).

Y en términos generales, los espacios de diálogo y concertación se caracterizan porque los sectores que participan tienen conflictos de intereses.

De acuerdo con el análisis de Ana Garita, la conflictividad en sí no es un problema. Sarti y Aguilar en su estudio también muestran que la conflictividad también ha impulsado cambios importantes en la sociedad.

Ambas fuentes coinciden en que el problema de la conflictividad es no poder encontrarle solución a lo que origina las confrontaciones. Por ello, Garita afirmó que para la búsqueda del bien común se deben ceder algunos derechos.

A NUEVOS CONFLICTOS, NUEVOS SUJETOS. Al evaluar el papel de los diferentes actores en la resolución de conflictos, las fuentes consultadas otorgan una cuota de responsabilidad a cada uno de éstos.

Ana Garita opinó que para la resolución de estas problemáticas se requiere ejercicios del poder público, decisiones del Ejecutivo y del Legislativo, asimismo de una agenda pública de los partidos políticos.

Por su parte, Enrique Corral criticó el papel del Legislativo a la hora de priorizar algunos temas. Aprueban de urgencia la Ley del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (DR-CAFTA), y cuánto tarda en aprobar código agrario, años y se aplaza cada vez. Eso retrata al poder y al sistema político y a las élites económicas , dijo el integrante de URNG .

En tanto, Raquel Zelaya también aludió a los sectores civiles señalando que la radicalización de las posturas tampoco ayuda a la solución de las problemáticas .

Ante estas opiniones encontradas, resulta de interés la idea de construir un nuevo sujeto político sustentado en nuevas formas democráticas.

Así lo expresó Garita, quien mencionó que es un reto construir la institucionalidad democrática, y que será un punto de partida fundamental, sobre todo para las generaciones jóvenes.

De forma similar opinó Corral, quien dijo: hay que refundar el Estado, cambiar la legalidad para absorber al nuevo sujeto político, las mujeres, jóvenes, indígenas. Que desde la primera República no tenían participación .

Garita y Corral destacaron que los Acuerdos de Paz siguen teniendo vigencia. En tanto, advirtieron del peligro que se corre de no resolver las causas estructurales del conflicto.

Es probable que se vuelva a un enfrentamiento armado, tal vez no de la misma manera pero sí volver a una dinámica violenta, producto de las insatisfacciones sociales que llevan a una alta conflictividad , concluyó Garita .

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