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Tres años de gobierno con magras calificaciones
Por Juan Pablo Ozaeta - Guatemala, 31 de enero de 2007

• Escasos avances sociales se contraponen a grandes proyectos económicos

• Mujeres, principales afectadas por violencia

• Indígenas vieron cambios, pero discriminación sigue latente

La ausencia del presidente Óscar Berger, el 14 de enero, durante la presentación en el Congreso de la República del tercer informe de gobierno, ilustra la etapa política que atraviesa el país a tres años de la gestión de la Gran Alianza Nacional (GANA). La inasistencia del mandatario estuvo acompañada por las protestas de miembros de organizaciones populares en las afueras del Organismo Legislativo, que reflejaron la inconformidad de una población que no ha visto cambios sustantivos ante las problemáticas sociales. Y mientras la inseguridad ciudadana crece, las cifras macroeconómicas sorprenden con resultados positivos. Muchos coinciden a que el crecimiento económico obedece a que se han priorizado grandes proyectos cuyos beneficios están dirigidos a la élite empresarial. Ante la exclusión que persiste de los grupos vulnerables como son las mujeres, la población indígena y la juventud, la violencia social y política aumenta con indicios a agudizarse en este año electoral.

CAMBIOS SUPERFLUOS. La presentación del III Informe presidencial al Congreso de la República, tuvo como novedad la ausencia del presidente Óscar Berger, ante la plenaria del Legislativo.

En su contenido, el informe se caracteriza por ser propagandístico, y enumerar diversas actividades desarrolladas durante los tres años de gestión gubernamental.

Carece de resultados concretos de todas estas medidas, quizá porque tales acciones no han conllevado a cambios de fondo en las problemáticas que afronta el país.

El mejor ejemplo de esto son las cifras económicas. Éstas muestran que hubo crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), de las remesas y de las exportaciones (Inforpress 1687). Sin embargo, el Informe de Desarrollo Humano expresa que el 57% de los guatemaltecos y guatemaltecas viven en situación de pobreza y el 21% en extrema pobreza. Esta situación se agudiza en el campo pues en el área rural el 72% de familias son pobres y el 31% extremadamente pobres.

El en área de seguridad, fue quizá donde se obtuvo la más baja calificación. Aunque el informe reporta aumento de personas, infraestructura y capacitaciones, lo que no señala es que la violencia creció.

Según datos de Sandino Asturias, experto en temas de seguridad, en los últimos tres años hubo más asesinatos (15,728 personas) que durante los cuatro años de la gestión presidencial de Alfonso Portillo (14,000 personas) y la de Álvaro Arzú (13,000 personas).

El informe presidencial pone énfasis en las operaciones de alto impacto realizadas por las fuerzas de seguridad, y en especial el operativo lanzado a la granja penal de Pavón, entre otros.

Asturias comentó que los operativos fueron de alto impacto en cuanto a costos y cobertura mediática, mas no en resultados.

Otro problema que permanece y con escasos avances en su resolución, es la injerencia del crimen organizado dentro de las instancias locales de Seguridad y Justicia.

El gobierno destacó la suscripción, junto con la Organización de Naciones Unidas (ONU), del documento para la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Claudia Samayoa, de la Unidad de Defensores de Derechos Humanos, criticó que no se hayan tomado en cuenta las observaciones de las organizaciones de derechos humanos.

La CICIG, que aún requiere de la aprobación del Legislativo, perdió muchas de las facultades que se le pensaba asignar a la proyectada Comisión para la Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS), según la experta.

Otro problema de fondo que no presentó resultados fue el agrario. El informe gubernamental indica que 192 comunidades rurales han sido reguladas en estos tres años.

En contraposición, Carlos Arriaga, de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC), resaltó que durante la gestión de Berger se han realizado cerca de 400 desalojos a comunidades campesinas.

Respecto a los datos mencionados, Arriaga comentó que el problema de la regularización de los terrenos es que se ha quedado sólo en eso. Si ya tienen su tierra, debe haber créditos, subsidios, capacitación para la organización en las comunidades, además de la construcción de viviendas , dijo.

El informe de gobierno apunta que desde 2004 se han entregado 12,500 quintales de semillas mejoradas y 8 millones de sacos de fertilizantes.

Pero Arriaga señaló que la entrega de fertilizantes fue politizada. La Hora (21/08/06) informó que se estaba entregando el abono a cambio de afiliarse al partido oficial.

Paradójicamente, de acuerdo con algunos analistas, el tema de la transparencia fue la materia que obtuvo la mayor puntuación.

Así lo puntualizó Alejandro Urízar, de Acción Ciudadana (AC), quien observó que las medidas implementadas para transparentar la gestión pública le ha valido al país que el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) esté cambiando positivamente.

Desde 1999 hasta 2004 el IPC, el cual es una medición que realiza Transparencia Internacional (TI), fue en descenso y llegó hasta 2.2 (el IPC se mide de 1 a 10, a más baja calificación, mayor es la percepción de corrupción en un país).

En 2006 la calificación obtenida fue de 2.6, con la salvedad que el IPC no mide los casos de corrupción suscitados en un país, sino se basa en los criterios de expertos y documentos en que organismos internacionales comparan un país con otro, según explicó Urízar a Inforpress .

Adicionalmente, AC elaboró una medición sobre el libre acceso a la información en los tres organismos del Estado, más las municipalidades. De éstos, el Ejecutivo fue el mejor calificado.

En Educación el avance más concreto presentado fue en materia de analfabetismo, cuya tasa tuvo una mínima reducción. En 2004 la tasa de analfabetismo era de 26.3%, en 2005 se redujo a 25.2% y en 2006 ésta descendió a 24.0%.

En lo relativo a Salud, el único resultado palpable fue la reducción de la mortalidad materna. De acuerdo con el informe presidencial en 1997, se contabilizaban 219 muertes por cada cien mil nacidos vivos.

En 2000, disminuyó a 153 muertes, y en 2005, hubo 121 muertes. No obstante, el aludido documento reporta que es la tasa más alta de América Latina.

En el reporte también se evidencia que la cobertura del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) abarca a menos del 50% de la población (4.1 millones de personas).

Ante estos magros resultados, muchos analistas y sectores sociales coinciden que el actual gobierno ha puesto más énfasis en las obras de infraestructura con miras a potenciar proyectos económicos de las cúpulas empresariales, mientras que las áreas sociales han quedado relegadas.

INCLUSIÓN, ASIGNATURA PENDIENTE. La actual gestión gubernativa se ha caracterizado por un mal uso de los espacios de diálogo con la sociedad civil.

Actores de estos procesos destacan que el incumplimiento de los acuerdos y la falta de ejecución de las políticas consensuadas de forma multisectorial han sido una constante en estos tres años.

Al respecto se refirió el analista político Álvaro Pop, quien puso como ejemplo la realización del diálogo que la presidencia convocó para discutir con la sociedad civil el proyecto de Ley de Concesiones.

El entrevistado dijo a Inforpress que al pasar el proyecto de Ley al Congreso, el gobierno lo primero que hizo fue dar dos concesiones, la de la Franja Transversal del Norte y la del Anillo Periférico Nacional , sin que se hubiera aprobado la Ley.

De igual manera, se refirió a la Mesa sobre Educación, en la que participaron diversos sectores y finalmente se presentó al Congreso de la República una propuesta de ley de reforma educativa sin tomar en cuenta lo consensuado en el espacio de diálogo.

Ante la caracterización que se le ha dado al actual gobierno, como de «corte empresarial», cobra relevancia el análisis de la inclusión de sectores tradicionalmente discriminados como lo son las mujeres, los pueblos indígenas y la juventud.

Pop reconoció avances en las acciones con enfoque étnico. Resaltó que se han creado políticas de combate al racismo y la discriminación. Sin embargo, criticó que la instalación de un consejo asesor de la presidencia sobre pueblos indígenas y pluriculturalidad no ha cobrado relevancia dentro del gobierno.

Pese a los avances, el analista concluyó que el problema estructural no se ha resuelto, más bien persiste.

Fuentes estatales informaron sobre el ofrecimiento de Berger de habilitar 300 puestos de trabajo dentro del Estado para población indígena.

David Tirado, quien fue responsable de esta tarea, informó que en 2006 fueron incluidos 151 profesionales, en su mayoría directores o subdirectores de dependencias, así como gerentes y asesores; tan sólo una viceministra. Además se otorgaron 214 puestos técnicos y 8 operativos. Estas plazas fueron en su mayoría bajo el renglón temporal 0-29, según informó Tirado .

En lo concerniente a las políticas de equidad de género, Sandra Morán , del sector de mujeres, criticó que se haya creado una nueva institucionalización de las políticas que ya está implementando la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Contra las Mujeres (CONAPREVI).

Se dispersa el poco recurso que se tiene y no se logra avanzar en materia de violencia contra las mujeres , dijo, mientras recalcó que los casos de asesinatos y agresiones contra las mujeres se han incrementado.

2007, ¿AÑO DEL CAOS? Varios sectores opinan que Berger optó por no presentar su informe de gobierno ante el Congreso de la República por las manifestaciones anunciadas para ese día por parte de grupos sindicalistas.

No obstante, cabe recordar que la Junta Directiva del Legislativo fue acaparada por los partidos de oposición, y la inasistencia del mandatario también pudo haber obedecido a que se presentaría ante un órgano con mucha disposición a desacreditar aún más su labor.

Esto refleja también a un presidente que ha perdido cada vez más poder, y al que se le ha escapado de sus manos el control del Estado.

La mayoría de los entrevistados pronostica que este año la dinámica electoral absorberá la agenda del Ejecutivo. Urízar lamentó que el gobierno, aunque haya obtenido buena calificación en transparencia, tenga abiertas todas las posibilidades para hacer clientelismo político con las obras que se realicen. Esto porque no existe ninguna medida coercitiva que penalice este hecho.

Por tanto, será un año de lucha de poderes, en el que se prevé que la violencia política y social cobren fuerza.

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