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Despidos en PNC: cambios que requieren control
Por Juan Pablo Ozaeta - Guatemala, 6 de septiembre de 2007

• De 932 policías retirados de la institución, 715 cobraban sin prestar servicio

• Sospechoso en el caso PARLACEN parte de la lista de despedidos

• PNC: a Ministerio Público corresponde investigar agentes removidos señalados de delitos

El Ministerio de Gobernación anunció la destitución de 932 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). De este grupo, el 80% se encontraba inactivo y costaba a la institución unos Q52 millones. Se estima que más de 300 de los policías retirados de la institución están bajo investigación del Ministerio Público (MP). Analistas ven con preocupación que estos desempleados vayan a engrosar las filas del crimen organizado, si el Estado no busca su reinserción social. Entre los destituidos se encuentra el ex jefe de la División de Investigaciones Criminológicas (DINC), Víctor Hugo Soto, a quien se le ha vinculado con el asesinato de los diputados salvadoreños y su piloto. En tanto, expertos consideran importante que la depuración tenga un seguimiento externo, a modo que el crimen organizado no vuelva a tener poder y control dentro de la institución.

LIMPIAN LA CASA. El 24 de agosto, el Ministerio de Gobernación (MINGOB), anunció que como parte de la «reorganización» y «reestructuración» de la Policía Nacional Civil (PNC), fueros retirados de la institución un total de 932 agentes. Según el comunicado del MINGOB, el personal removido está conformado por cuatro comisarios generales, once comisarios, trece subcomisarios, siete oficiales primeros, once oficiales segundos, 49 oficiales terceros, 15 inspectores, 21 subinspectores, 795 Agentes y seis de servicios técnicos profesionales.

La ministra de Gobernación, Adela de Torrebiarte, hizo ver en conferencia de prensa que 715 elementos, es decir un 80% del total de personal removido de la PNC, no se encontraban prestando servicio para la seguridad ciudadana.

Iduvina Hernández, de Seguridad en Democracia (SEDEM) comentó a Inforpress que existían muchos elementos de la PNC, cuya destitución se tramitaba desde muchos meses atrás.

Sin embargo, por errores en los trámites no se había hecho efectivo el retiro de este personal y seguían devengando salario pese a que ya no prestaban servicio.

Este error se estima que tenía un costo de Q52 millones anuales (elPeriódico 25/08/07). Fue con el cambio de autoridades que el MINGOB logró corregir los errores burocráticos y concretó la remoción. La titular de Gobernación aseguró que como resultado de la medida se optimizará el recurso de la institución, lo cual permitirá una asignación presupuestaria para unas 506 plazas.

Estos puestos serán para labores administrativas, pues previo a este proceso de reorganización, era personal entrenado para las tareas de seguridad ciudadana el que realizaba el trabajo administrativo. Añadido a esto, se está solicitando a la Oficina Nacional de Servicio Civil y a la Dirección Técnica de Presupuesto, la creación de 500 plazas operativas para los grados de Inspectores y Sub inspectores de la PNC.

Por estos aspectos, Iduvina Hernández calificó de positiva la medida, toda vez que «el proceso se haya regido de acuerdo a la Ley orgánica de la PNC y a las leyes laborales del país» .

En su comunicado, el MINGOB hizo la salvedad «el personal cesado de los cargos dentro del proceso de reestructuración y reorganización, está en su derecho de solicitar el pago de sus prestaciones laborales que por ley les corresponde».

EFECTOS DE LA «REORGANIZACIÓN». Una de las preocupaciones expresadas por medios y analistas iba en torno a que la medida podía afectar la cobertura de seguridad durante el proceso electoral. Por otro lado, el matutino Prensa Libre relacionó la destitución de los elementos policiales con la decisión tomada de centralizar en la capital las operaciones de la División de Investigaciones Criminológicas (DINC) y que elementos de esta entidad fueran retirados de los departamentos (Prensa Libre, 28/08/07).

Al respecto, debe precisarse que de las 932 destituciones, 217 estaban en labor activa. Aunque pudiera ser un número útil para los comicios, debe hacerse notar que eran elementos cuyos expedientes fueron analizados por el tribunal disciplinario de la PNC. Por tanto, Hernández opinó «es preferible tener pocos, pero quitar lo más podrido» . Por su parte, las autoridades de Gobernación hicieron notar que del personal removido no estaba ya en condiciones de brindar seguridad. «La mayoría del personal ya no estaba trabajando, bien porque abandonó la institución, porque se encontraba en proceso administrativo interno o porque habían sido detenidos, pero al no despedirlos teníamos que pagarles igual», dijo Adela de Torrebiarte ( Prensa Libre, 25/08/07).

Carlos Caljú, vocero de la PNC, explicó a Inforpress que un 70% de los agentes removidos quedó con la posibilidad de tramitar su jubilación.

HERMETISMO ANTE PROCESOS. Llama la atención que tanto el MINGOB, como la PNC evitaron referirse a los agentes removidos que se encuentran bajo investigación judicial.

Caljú enfatizó a Inforpress que las destituciones fueron resultado de una reorganización y no por tratarse de personal en riña con la Ley. En tanto, se conoce que al menos 300 elementos se encuentran bajo proceso de investigación ante el Ministerio Público (MP).

Además, un diario destacó que aquel personal destituido que ocupaba los rangos más altos se encontraba activo en sus funciones (Prensa Libre, 25/08/07).

A raíz del hermetismo para detallar la situación en que se encontraba el personal removido, se generaron otras preocupaciones.

Una fue expresada por Sandino Asturias, experto en seguridad del Centro de Estudios Guatemala (CEG), quien manifestó que lo ideal sería garantizar la reinserción social de los despedidos que tuvieron antecedentes delictivos, porque de lo contrario «lo más seguro es que se conviertan en delincuentes si no es que ya lo son», dijo Asturias a Inforpress.

Caljú, al ser consultado sobre la responsabilidad de la PNC con el personal referido, expresó que solamente le compete garantizar las prestaciones, y las jubilaciones para quienes les corresponda, pero no se dará ningún seguimiento a los elementos removidos.

Sobre aquellos que tienen procesos judiciales, el vocero de la PNC indicó que es al MP al único que le corresponde dar seguimiento. Aunque el MINGOB dejó la percepción que la medida tenía un carácter más administrativo que de depuración de elementos que afectan la institución, cabe referirse a la destitución de 561 agentes destituidos cuatro meses atrás.

En esa ocasión, el 24 de abril, el MINGOB informó que la medida adoptaba respondía a que los elementos habían cometido «faltas graves» . Con este anuncio, también señalaron que se encontraban entre 1,500 y 2,000 expedientes más en el tribunal disciplinario de la PNC. Asturias también se refirió a los mecanismos para la depuración de la PNC, y opinó que se debe contar con ayuda externa y que se fortalezca la Oficina de Responsabilidad Policial (ORP) y las inspectorías.

El experto dejó ver que dentro de la PNC aún existen grupos aliados al crimen organizado. Por tanto, expresó que sin una correcta supervisión de la depuración se corre el riesgo de «sustituir un bando por otro» .

Este análisis despierta algunas interrogantes sobre qué grupos ilegales podrían estar interesados en tomar poder y control dentro de la PNC.

Entre el listado de retirados de la PNC se encuentra Víctor Soto, ex jefe de la DINC, quien se retiró mientras se le investigaba la participación de varios agentes de dicha entidad en la muerte de tres diputados salvadoreños y su piloto. Entidades de derechos humanos lo han señalado de ejecuciones extrajudiciales. El Partido Patriota (PP), lo señala de dirigir un escuadrón de la muerte, junto a otros implicados en el caso PARLACEN, mientras a su presidenciable, Otto Pérez Molina también se le vincula con el crimen organizado ( Inforpress 1694 y 1696).

Los nombres tras los despidos

- César Zúñiga Lima, sub director. Tiene en su contra una denuncia por abuso de autoridad.

- Karina Méndez, sub directora, tiene vínculo de parentesco con Javier Figueroa, ex subdirector policiaco a quien se le investiga por el caso PARLACEN. Méndez está implicada en caso de corrupción del hospital de la Policía.

- Victoriano de la Cruz Ucelo, Comisario. Tiene una acusación por abuso sexual.

- Tránsito López Barrera, Oficial. Investigado por lavado de dinero, abuso de autoridad y tortura.

- Víctor Soto, Comisario. Fungió como jefe de la División de Investigaciones Crimino- lógicas (DINC) cuando ocurrió el asesinato de los diputados salvadoreños al Parla- mento Centroamericano (PARLACEN).

- Bernardo Ramos, fue asesor de la DINC.

- Francisco Gilberto Chacón Morales, jefe de la Policía Binacional Guatemala-El Salvador.

- Francisco Jacinto Ruiz, jefe regional del Distrito Central.

- Francisco Leonel Sánchez López, jefe regional del Distrito Sur.

- Augusto Flavio Gómez Mazariegos, jefe regional del Distrito de Occidente. Sospechoso de participar en el rescate de un presunto narcotraficante.

- Wálter España, comisario en las zonas 7, 11 y 12, , y de

- Hanser De León, comisario en Villa Nueva. Involucrado en un robo de combustible.

Fuente: Inforpress, Siglo XXI, elPeriódico y Prensa Libre


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