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A veinte años de la firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala, la construcción del poder popular y la revolución ciudadana continúan siendo los desafíos(*)
Por Juan Ramón Ruiz(**) - México, 12 de abril de 2016

La agenda de la paz

Este año se conmemoran 20 años de la suscripción del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, que le puso fin a 36 años de guerra interna en Guatemala. Aquél conflicto, iniciado en 1960, como consecuencia del cierre de espacios de participación política y social, de la aplicación de políticas represivas, totalitarias y fascistas, por parte de los gobiernos militares, títeres del imperialismo y de la oligarquía, llegó a su fin el 29 de diciembre de 1996.

La suscripción de los Acuerdos de Paz le planteó un enorme reto a Guatemala. Si hablamos de la agenda contenida en los Acuerdos de Paz, debemos de hablar de temas elementales, no necesariamente de una agenda de transformación al Socialismo, pero sí de transformaciones significativas, vinculadas con el respeto de los derechos humanos; la identificación y desarticulación de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad; la lucha frontal contra la impunidad; la generación de mecanismos de resarcimiento a las víctimas de la violencia de Estado; el fortalecimiento del sistema de justicia; la desmilitarización del Estado y de la política; el
reconocimiento de la identidad y los derechos de los pueblos indígenas, a la vez de establecer mecanismos integrales para superar el racismo y la discriminación; reformas profundas del sistema de educación, de salud y de seguridad social; la transformación del modelo agrarista del desarrollo rural; una reforma tributaria y fiscal que generara no sólo los ingresos necesarios para llevar a cabo toda la agenda, sino que además se convirtiera en una herramienta de redistribución de la riqueza desde una perspectiva de justicia social; la aprobación de una amplia agenda legislativa e, inclusive, de reformas constitucionales que le dieran el sustento formal a todos los cambios pactados; así como los mecanismos para la incorporación a un régimen de legalidad de las fuerzas insurgentes, aglutinadas en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca -URNG-.

Como puede verse, esta amplia agenda no constituía en sí misma un programa socialista ni comunista. Pero sí era (y sigue siendo) una agenda suficientemente transformadora –o refundadora- del sistema político guatemalteco; al menos lo suficiente, como para que las distintas expresiones de la izquierda, los movimientos populares, las organizaciones sociales, indígenas, campesinas, de mujeres y de otros sectores sociales, la asumieran como propia y la consideraran–
en función de su efecto refundacional del Estado- como una agenda revolucionaria para losparámetros guatemaltecos.

¿Qué ha sucedido en Guatemala en estos veinte años?

Cinco (o seis) (1) gobiernos han transcurrido desde la suscripción del Acuerdo de Paz firme y duradera, aquél ya lejano 29 de diciembre de 1996. Cada uno de ellos, de derecha, aunque con algunos matices diferenciadores, pero insertos y defensores todos, al final de cuentas, del mismo modelo de explotación capitalista neoliberal.

¿Han traído los Acuerdos de Paz avances en función de un mayor desarrollo democrático o más aún, revolucionario para Guatemala? La respuesta a esta pregunta es compleja. La firma de los acuerdos de paz trajo consigo, en los años inmediatos a la misma, el cese de la represión estatal contra las fuerzas de oposición política. URNG se desmovilizó, entregó las armas y se convirtió en partido político,sin mayores contratiempos. Pero allí mismo comienzó a gestarse una de las trampas que el sistema le tendía a las fuerzas revolucionarias. Si bien URNG se convirtió en partido político y ha participado como tal en los sucesivos procesos electorales desde 1999 hasta la fecha, no hemos pasado de ser una más de las fuerzas, dentro del desgastado sistema de partidos, que tiene acostumbrada a la ciudadanía guatemalteca a que los diputados se compran y se venden (o se alquilan) y a que los partidos no son más que vehículos electorales, que nacen, crecen, se reproducen y mueren, una vez hayan alcanzado su cometido, es decir, llevar al poder político a una figura o grupo determinado, que llega sólo con la meta de saquear los recursos del Estado, repitiéndose esta historia cada cuatro años.

Pero más allá de ello, veamos qué respuesta puede darse a la pregunta anterior, sobre los beneficios de la paz para nuestro país: ¿Guatemala ha cambiado? Sí. ¿Ha habido más de algún avance o concreción de lo que decían los Acuerdos de Paz? Sí. Pero si vemos a los Acuerdos de Paz como un conjunto de compromisos que pueden resumirse en grandes grupos o tipos de compromisos, tales como:

- Cambios normativos;

- Desarrollo de nuevas instituciones;

- Aplicación de políticas públicas sostenidas y beneficio de las grandes mayorías; y

- Cambios actitudinales o cambios en el imaginario social y político;
podemos llegar a la conclusión que sólo la combinación y complementariedad sostenida de estos cuatro tipos de compromisos, a lo largo de todas las áreas temáticas que abarcan los Acuerdos de Paz, podría generar a la postre transformaciones profundas para nuestro país. Veinte años después, en efecto, esto no ha sucedido.

La pregunta que surge acá es, si la contraparte que luchó durante 36 años contra gobiernos dictatoriales y represivos, que resistió sin ser vencida militarmente bajo condiciones sumamente adversas y que fue capaz de articular luchas sociales y políticas con significativos sectores de la población, se ve absorbida y subsumida en un sistema político caduco y desgastado y se convierte en una sigla más del mismo, ¿cuál es entonces la fuerza política capaz de impulsar las transformaciones estructurales que Guatemala necesita? ¿O son acaso los cambios institucionales, normativos y de políticas públicas y uno que otro cambio actitudinal, meros fragmentos que sólo han coadyuvado a la recomposición del modelo económico dominante y a la consolidación del dominio de los mismos sectores de poder, básicamente de la oligarquía y del imperialismo? Con el agregado de los grupos del crimen organizado que incursionan
en política y que se han nutrido de la impunidad tradicional.

Avances de la paz, importantes pero insuficientes


Veamos algunos hitos: el cese de las graves violaciones de derechos humanos; la incorporación de la URNG a la legalidad; el surgimiento de organizaciones indígenas, campesinas, de mujeres, de jóvenes, de jóvenes y su irrupción en espacio de discusión de políticas públicas e iniciativas de ley; la creación de instituciones tales como la Secretaría de la Paz, el Programa Nacional de Resarcimiento, el Fondo Nacional para la Paz, la Secretaría de Asuntos Agrarios, la Secretaría Presidencial de la Mujer, la Defensoría de la Mujer Indígena, la Dirección General de Inteligencia Civil, el Consejo Nacional de Seguridad y otras instituciones; la aprobación de leyes tales como la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural; la Ley de Descentralización; las reformas al Código Municipal, la Ley de Descentralización, la Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer, la Ley de Idiomas Indígenas, la Ley de Armas y Municiones; la Ley de Fortalecimiento de la Persecución Penal y otras; el Plan de Equidad de Oportunidades y Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres; la Política para la Convivencia y Eliminación del Racismo y otra treintena de políticas públicas, para mencionar sólo unos pocos ejemplos, se corresponden con compromisos específicos de los Acuerdos de Paz y no han sido graciosas concesiones, sino han sido producto del trabajo y de la lucha de sectores y organizaciones de la población guatemalteca. Sin embargo, todas estas nuevas instituciones, nuevo marco normativo y nuevas políticas públicas con nombres elaborados, ¿han cumplido verdaderamente su cometido?

La respuesta, lamentablemente, es negativa. Temas tan profundos y estructurales como la reforma agraria, la reforma constitucional, la reforma política del Estado y la reforma fiscal y tributaria, para mencionar sólo cuatro de los grandes capítulos, son aún asignaturas pendientes o reprobadas por parte del Estado y sus instituciones.

La más reciente Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, cuyos resultados fueron publicados el año pasado, reveló que el porcentaje de la población guatemalteca viviendo en condiciones de extrema pobreza, aumentó de 15,3% (2011) a 23,4% (2014), mientras que el total de población viviendo en condiciones de pobreza aumentó en el mismo lapso de 51,2% a 59,3%. Traducido, esto quiere decir que 6 de cada 10 guatemaltecos/as dispone de US$ 1,350 o menos para gastar durante un año. Por el otro lado, la misma encuesta arroja resultados de crecimiento del volumen de la economía guatemalteca y de una mayor concentración de los medios de producción en un reducido grupo de la población guatemalteca, cada vez más rico.

¿Cuál es entonces la clave que hace que el sistema se oxigene y se mantenga?

Veamos el ejemplo de lo sucedido el año pasado. 2015 fue un año particular para Guatemala. A mediados de abril, hace once meses, el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –CICIG- anunciaron el descubrimiento y desarticulación de una estructura de crimen organizado, conocida como “la Línea”, que funcionaba como un complejo entramado dedicado a la defraudación aduanera, beneficiando con los montos defraudados directamente a altas autoridades de Gobierno, de la Superintendencia de Administración Tributaria y a grupos externos de particulares, allegados al Gobierno.

Este hallazgo generó una oleada casi sin precedentes de indignación popular, la cual, además de la renuncia de la Vicepresidenta y de la captura de unas 40 personas, entre ellas dos ex titulares de la Superintendencia de Administración Tributaria, fue uno de los factores significativos (pero no el único y quizá tampoco el más significativo) que condujeron a la renuncia de Otto Pérez Molina, el de septiembre de 2015, apenas cuatro días antes de las elecciones generales. La situación que se había generado en Guatemala, tras el destape de “La Línea” y de 20 sábados seguidos de manifestaciones de la población, en Ciudad de Guatemala y, en varias ocasiones, en la mayoría de cabeceras departamentales, generó en un principio la percepción –luego desvanecida- que podría haberse tratado de un levantamiento popular para buscar cambios drásticos; pero a la postre, como decía, esto no fue así.

En este contexto, vale la pena analizar las manifestaciones y movilizaciones ciudadanas, no sólo en función de su potencial transformador, sino también desde el enfoque de su utilización para generar la impresión de que algo cambiaba, para que no cambiara nada.

La indignación popular, en efecto, fue grande. Las convocatorias a las manifestaciones surgieron de distintos grupos o individuos a la vez, básicamente desde las redes sociales. Poco a poco fueron conformándose diversos colectivos (algunos con participación de gente conocida, otros con el protagonismo de gente nueva; algunos llamando exclusivamente a manifestar contra la corrupción, otros agregando consignas más ideológicas, tanto desde la izquierda como desde la derecha).

La renuncia de la Vicepresidenta Baldetti, el 8 de mayo, es decir, cuando apenas transcurrían 3 semanas del inicio del escándalo, presagiaba cambios de una mayor envergadura. Poco a poco, el movimiento, siempre sin figuras visibles y que reiterativamente rechazaba la presencia en la plaza de los partidos políticos, fue conformando una “agenda” de demandas, las cuales podrían resumirse en los siguientes puntos:

- El rechazo a la clase política tradicional, principalmente, a las tres fuerzas mayoritarias que se vislumbraban en ese momento, los partidos LIDER (de Manuel Baldizón); UNE (de Sandra Torres) y el Partido Patriota, como partido oficial.

- Pero el rechazo incluía a todos los partidos políticos; echándoseles a veces, aunque de manera un poco más solapada, a los mismos partidos de izquierda, en el mismo saco como piezas similares a “los demás partidos”.

- La demanda de que no hubiera elecciones (las cuales, por ley habían sido convocadas desde el 2 de mayo por el Tribunal Supremo Electoral);

- La reivindicación de transformaciones significativas del marco normativo, para tratar de depurar el sistema político y la administración del Estado, tales como: Reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos; Reformas a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado; Reformas a la Ley de Servicio Civil; y Reformas a la Ley de la Carrera Judicial y otras relacionadas con el sector justicia.

- Se llegó inclusive a plantear la necesidad de reformas constitucionales y la convocatoria o instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, aunque ésta última demanda, sin una estrategia política definida.

¿Coincide esta agenda con la agenda de transformación, planteada en los Acuerdos de Paz? En buena medida, si hablamos de reformas constitucionales, de la reforma política del Estado, de reformas a la Ley Electoral, a la administración pública y al sistema de justicia, evidentemente coincide. Y los aspectos no coincidentes, están vinculados o devienen de compromisos incumplidos de los Acuerdos de Paz. Con una conducción estratégica de los sectores progresistas y revolucionarios, el desarrollo y resultados de la crisis hubiera podido ser otro.

Contrario a ello, el resultado de toda esta presión ciudadana, hábilmente aprovechada en los momentos determinantes por el sector económico tradicional, organizado en el Comité Coordinador de Cámaras Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras –CACIF- y por los intereses de Estados Unidos, a través de su Embajada, fueron otros. La bandera de poner fin a la corrupción y el rechazo per se a la clase política se convirtieron en los ejes aglutinadores de las capas medias y la clase alta, pero también de sectores populares, que semana a semana se daban cita en las plazas; el mismo Embajador de los EEUU se dejó ver en público en más de alguna ocasión, reiterando recientemente –hablando en primera persona, cual presidente en funciones- que él hará todo lo que sea necesario por luchar contra la corrupción, venga de donde venga, para que de nuevo haya dinero para el sostenimiento de los hospitales, las escuelas y el sistema de justicia. Pero dejando claro que esa lucha contra la corrupción es la base para que Guatemala sea tomada en cuenta como beneficiaria del Plan Alianza por la Prosperidad, un plan regional de EEUU, que abarca también El Salvador y Honduras. O sea, la lucha contra la corrupción como una estrategia de los EEUU para consolidar su dominio y control geopolítcos en el triángulo norte de Centroamérica, pero sin más cambios estructurales.

Veamos un poco más en qué consiste –o cómo empacan- los EEUU su famoso Plan de la Alianza por la Prosperidad, para que le suene bonito y atractivo al triángulo norte de Centroamérica:

A. Dinamizar al sector productivo para crear oportunidades económicas

a. Promoción de sectores estratégicos y atracción de inversiones

b. Reducir costos de energía y confiabilidad del servicio eléctrico

c. Modernizar y expandir infraestructura y corredores logísticos

d. Gestión coordinada de fronteras

e. Facilitación del comercio internacional

B. Desarrollar oportunidades para nuestro capital humano

C. Mejorar la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia

D. Modernizar el sistema de justicia

E. Sostenibilidad económica y transparencia para aumentar la confianza en el Estado

Lo anterior, sólo a manera de un pincelazo, dejando fuera otros elementos. Se trata, en resumidas cuentas, de un pulso entre el capital corporativo estadounidense y los grupos de poder paralelo
enquistados en el Estado (pero fuera del control de ellos); de esa cuenta entonces la presión ejercida por el gobierno de Estados Unidos para que terminara cayendo el gobierno del Partido Patriota. Nos encontramos acá ante la disputa de poder, del control de mercados y capitales entre dos corrientes que al final no cuestionan el modelo capitalista neoliberal, sino quieren consolidarse como los que amos y señores absolutos para exclusivo beneficio de sus propios intereses y no del bien popular.

Que no nos extrañe que en el Congreso de la República haya toda una agenda congruente con la famosa Alianza por la Prosperidad. De esa cuenta, en vez de aprobar leyes como la de Desarrollo Rural Integral o la de los Medios Comunitarios de Comunicación, se están aprobando leyes como la “Emergente para la Conservación del Empleo” (que exonera por diez años más del pago del ISR a las maquilas y a los call centers).

La izquierda partidaria se opone, pero no tiene la correlación de fuerzas para oponerse a estas situaciones.

Ahora bien, ¿Sustituye la lucha contra la corrupción la lucha de clases? Definitivamente no; sin embargo, como izquierda, no se trata de caer en esa disyuntiva. ¿Es la lucha contra la corrupción ajena a la izquierda? Tampoco. Partiendo de la lucha de clases como fundamento de los partidos y movimientos de la izquierda histórica, no podemos ni debemos quedarnos cruzados de brazos si se trata de luchar frontalmente contra la corrupción, en cualquier ámbito, en cualquier gobierno, independientemente de su signo ideológico.

Nos encontramos en una encrucijada estratégica: objetivamente, no hay condiciones para retomar la vía de una insurrección armada. Por el otro lado, a lo largo de 20 años, hemos visto que los cambios “dentro del orden de la legalidad y la constitucionalidad”, establecidos por el sistema, tampoco generan los esperados efectos de transformaciones estructurales. El grado de desesperación de la población crece cada vez más, pero el sistema ha encontrado siempre –al menos hasta ahora- las vías para oxigenarse y canalizar el descontento ciudadano en la imposición de figuras cada vez más pintorescas, artificiales, sacadas de la manga, sin mayor preparación ni planes ni equipo de trabajo –como nuestro actual presidente de la república y comediante de programas televisivos de tercera categoría-, pero que son precisamente las figuras ideales para convertirse en títeres de la oligarquía, títeres del imperio del norte y –ahora de nuevo- títeres de un poder militar de la vieja escuela represiva que vive un lento pero continuado despertar en Guatemala.

¿Y si finalmente se da un levantamiento de la gente, un estallido social de grandes proporciones, pero sin articulación, sin proyección y sin orientación, tomando a la izquierda partidaria (histórica y no histórica, incluyendo a los movimientos sociales y populares), dispersa y desarticulada? ¿Con el consabido riesgo de la represión violenta, pérdida de vidas humanas y graves daños materiales, quizá con un desenlace de tipo totalitario? Este es precisamente el riesgo. Las fuerzas de la izquierda guatemalteca, comprendidas éstas en su amplio espectro, disponen de poco tiempo para articularse.

Montados sobre la ola de la “lucha contra la corrupción”, y con el consabido apoyo popular que ello genera, nos enfrentamos ahora a una matriz de consolidación del neoliberalismo y de la dominación imperialista, con todo y su agenda parlamentaria y económica dictada desde la perspectiva imperialista de la Alianza para la Prosperidad.

Se discute en este contexto, por ejemplo, una nueva Ley Electoral y de Partidos Políticos, tema que también era una exigencia ciudadana en las plazas, pero que podría dar al traste con los “partidos pequeños”, pretendiendo crear un bipartidismo, con el objetivo que cualquiera de las opciones existentes no represente ningún riesgo para el sistema, para que diversos grupos corporativistas se sigan conformando con llegar al poder y alternarse entre sí cada cuatro años, siempre como comparsas del sistema.

Ser de nuevo referentes y construir el poder popular


Entra acá la responsabilidad de la izquierda y de los movimientos sociales, de pueblos indígenas, campesinos, de mujeres, de entrar a batear, articulándose, construyendo los canales de comunicación y nuevas formas de articulación con respeto, complementariedad, tolerancia y no descalificación para construir una única alternativa real de poder popular.

Tenemos que volver a ser referentes, tenemos que volver a ser el instrumento del pueblo: en estos tiempos, en los que las brechas entre movimientos sociales y partidos políticos en países como Guatemala, parecen hacerse cada vez más grandes, es importante que nos acerquemos a cada uno de los movimientos sociales, que conozcamos y comprendamos la razón de ser de sus luchas y reivindicaciones, que no rehuyamos si se trata del movimiento de mujeres, si son organizaciones de viudas de pilotos asesinados por las pandillas; si son pobladores que demandan más vivienda; si son representantes de la diversidad sexual en todas sus manifestaciones; sin son jóvenes estudiantes de nivel medio que demandan más maestras y maestros y mejor educación; si son pacientes que protestan frente a los hospitales públicos por falta de medicinas e insumos o, peor aún, por la muerte de sus seres queridos… en fin, no debemos –sobre todo como partidos de izquierda- rehuir a ningún tipo de luchas populares, siempre y cuando sean genuinas, no manipuladas por los intereses del imperio y del capitalismo y sirvan para acumular fuerza y modificar la correlación que hasta ahora nos es desfavorable.

Debemos ser audaces, innovadores, tener claridad, estrategia y metas concretas, debemos volver a nuestras raíces, retomar la buena práctica del trabajo organizativo y formativo en los comités de base, insertarnos plena y genuinamente en las luchas sociales, no rehuirle a temas polémicos como la discusión sobre la Refundación del Estado, sobre la Asamblea Nacional Constituyente Popular y Plurinacional. Debemos fortalecer la formación, la ética revolucionaria, el internacionalismo proletario y el desarrollo de nuevas formas de lucha y de organización. No se trata acá solamente de lograr nuestra sobrevivencia en un ring que no es el nuestro, con reglas que no son las nuestras, se trata de construir desde abajo y desde la izquierda el poder popular como base de la plataforma para impulsar los cambios, con el indispensable, consecuente, consciente e informado soporte social que haga posible las transformaciones que Guatemala necesita.

 

(1) Serían seis gobiernos, si se contabiliza la administración encabezada por Alejandro Maldonado Aguirre,quien asumió la presidencia tras la renuncia de Otto Pérez Molina, el 3 de septiembre de 2015 y concluyó el mandato de éste, el 14 de enero de este año. En esta fecha asumió la presidencia el actual Presidente, Jimmy Morales.

 

* Ponencia presentada en el XX Seminario Internacional del Partido del Trabajo, PT de México: “Los Partidos Políticos y una nueva sociedad”. Del 10 al 12 de marzo de 2016.

** Integrante de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG-MAIZ

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