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En Guatemala, la autoridad protege a los infractores y reprime al ciudadano que hace uso de sus derechos
Por Jorge Rafael Urrea Lorenzini* - Guatemala, 18 de abril de 2016

La anterior afirmación, porque las autoridades de Policía, no tienen conocimiento de preceptos de la Constitución Política de la República de Guatemala, principalmente en lo que se refieren a los artículos 5º en cuanto que “nadie está obligado a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitida conforme a ella” y 156, que dispone: Ninguna autoridad o empleado público civil o militar está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito”

Constantemente el ciudadano común y corriente, que tiene derecho de hacer uso de la vía pública – sin ninguna restricción -, no puede ejercitarlo, porque “Perico o pericos de los palotes”, disponen formular alguna manifestación, petición o protesta ya sea en contra las autoridades o cualquier particular, el ejercicio abusivo de una manifestación religiosa (que da lugar al cierre de vías de circulación), las manifestaciones de supuesto “amor a la patria” por desfiles de escolares, marchas de trabajadores y campesinos (que cierran totalmente las vías de comunicación), de grupo de trabajadores que solicitan se les proporcione seguridad (Autobuseros ) – seguridad que no dan ellos a los usuarios que hacen uso de sus unidades, etcétera.

Hoy, me vi involucrado en una situación que paso a relatar: Conduciéndome sobre la tercera avenida a la altura de la novena calle de la zona uno de la ciudad de Guatemala, me encuentro, que personas que formulan solicitud a La Liga Pro ciegos, manifiestan, acostados en la acera del lado izquierdo y al medio de la avenida, una manta y lazo que supuestamente cerraba el paso, obligando a los automovilistas a cruza sobre la novena calle hacia la quinta avenida, siempre que quisieran continuar hacia el norte de la ciudad.
Estimando que ello constituía un abuso y que de ninguna forma me obligaba, pase, rompiendo dos “pitas” que sostenían la manta.

Continué mi camino, encontrando que los manifestantes infractores, estaba protegida por una patrulla de la Policía Nacional Civil, quienes me hicieron señal de parar, lo que efectué.

Pero mi sorpresa, fue que un agente - posiblemente el jefe de la unidad - , luego de golpear con violencia mi automóvil, desenfundó su arma y me apuntó a la cabeza o cara, conminándome a que saliera del vehículo y presentara mis documentos relacionados con la conducción.

Antes de descender, le manifesté que yo no era un delincuente para que me apuntar con el arma que portaba. Ante este reclamo, guardó el arma, ya que estaban presentes otros cuatro o cinco agentes entre los que se encontraba una señora o señorita agente.
Me reclamó que por qué había pasado, si había una manta y “unas pitas” que lo impedían.

Le respondí con la argumentación que detallo al inicio de la esta nota. Llamó a cuanta autoridad de Policía se le ocurrió, incluso a la Policía Municipal de Transito, los que no entendían o no querían entender que los infractores eran los que ellos estaban defendiendo.
Los señores manifestantes, exhibieron solicitud formulada a la Gobernación Departamental, pero no constaba resolución alguna, “estimando que una autoridad como ésta no pueda ordenar legalmente el cierre de una avenida o calle de uso público”

En síntesis, los infractores en este caso y otros muchos, están protegidos en su actuar ilegal, por las propias autoridades que están en la obligación - léase y entiéndase – de velar por el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos y en forma preventiva evitar que se cometan actos reñidos con la ley en su contra, pero nunca protegerlos (a los infractores).

Como lo único que había hecho, era romper “dos pitas” y pasar con mi automóvil por donde tengo sobrado derecho de hacerlo, me entregaron mis documentos.

Sin embargo un grupo de manifestantes se pusieron al frente de mi vehículo y me impedían abandonar el lugar, incluso cruzaron un vehículo frente al mío con clara violación al reglamento de tránsito, a ciencia y paciencia de la autoridad que daba el visto bueno a tal proceder.

Denunciaré al Agente de Policía, que sin existir motivo alguno para ello, desenfundo su arma, me apuntó a la cabeza y me conminó a salir del vehículo, por el “delito de romper una “pita” y no respetar el actuar arbitrario de una grupo de personas que manifestaban en contra de una institución, con la que no tengo absolutamente ninguna relación.

¡Qué triste la situación del ciudadano en Guatemala!


* Abogado y Notario

www.albedrio.org


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