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Democracia, poder y policía
Por J. Santos Coy - Guatemala, 15 de marzo de 2007

No hace mucho en Guatemala, analizar públicamente la relación entre los conceptos “policía” y “democracia” habría despertado sospechas. Democracia, en los años de la dictadura militar, era una palabra subversiva, totalmente contraria al concepto de “policía” que todavía hoy nos remite a orden, autoridad, cuando no a imposición y autoritarismo. En las últimas semanas, la opinión pública y el público en Guatemala han sido sacudidos –y en nuestro país para que algo nos sacuda tiene que ser muy fuerte y trascendente- por el desplome de un sistema policiaco que se sustenta, desde mucho tiempo atrás, en un autoritarismo despiadado heredado de, y reconvertido por, las fuerzas militares que tuvieron a su cargo el trabajo sucio de los planes estratégicos de contrainsurgencia.

En nuestro país las fuerzas de policía han dejado una saga histórica sangrienta, lúgubre y nefasta. Por donde quiera que se examine su pasado, la historia de esta institución evidencia abuso de poder en todas sus formas y concertaciones. Corresponde a quienes creemos en la democracia promover que la policía escriba una nueva historia; una que reivindique a este servicio esencial para la sociedad. Un nuevo esquema policial que se base en el orden, pero el orden entendido como garantía de los derechos de todos los ciudadanos y no en la concepción perversa de avasallamiento de la dignidad humana.

Es axiomático el hecho de que, sea donde sea, la policía es una institución que será siempre expresión de poder. Pero la custodia y guarda de los derechos del pueblo debe ser legitimado por la representatividad porque el poder a emplearse en esa función debe provenir del pueblo mismo. Lo que ha ocurrido es que, con la finalización del conflicto de los treinta y seis años, el poder fáctico armado abandonó las filas castrenses para desplazarse -con hombres, tácticas y estrategia- hacia la policía civil. De esa cuenta, se creó un verdadero monstruo que, amén de haber crecido incontrolablemente, se tornó un cuerpo separado de la sociedad y, lo que es peor, un declarado enemigo de ella.

No podemos esperar otra cosa. Nuestra frágil democracia -que ha devenido en fachada de gobiernos escasamente representativos-, no garantiza que contemos con una policía apegada a los principios pincelados en la Carta Magna. En defensa, podemos argumentar que no existe país en el mundo, ni siquiera la democrática Suiza, donde no aparezcan individuos radicalmente antidemocráticos. Abonemos una desventaja: la paradoja de la democracia es que también debe procurar hacer respetar los derechos básicos de sus enemigos y hasta el derecho de atacarla. Esta situación es la fuente de la lucha cotidiana entre valores democráticos y acciones antidemocráticas. Desde nuestra atalaya, defendemos la democracia todos los días ya que su fragilidad la expone a toda gama de ataques y, en el caso de Guatemala, esos ataques ¡otra paradoja! se urden y concretan en nombre de ella.

La experiencia nos ha demostrado que en este arduo camino hacia la democratización perviven algunos sectores de las fuerzas armadas, castrenses y civiles, que se resisten sistemática y violentamente a la transición. Esperemos que sean ¡ojalá! los últimos resabios del despotismo del antiguo régimen militar. Bajo ningún concepto se justifica esa actitud pese a que es comprensible por cuanto sobrevivimos en un entorno que facilita la violencia y la agresión que se generan y producen en las propias instituciones del Estado. Sería voltear la espalda al pasado negar lo ineluctable de su existencia pero es imprescindible sofocarla para que su existencia se difumine en un plazo razonable. La realidad parece empujar a esta asociación perversa hacia su reproducción más que a su extinción.

Un régimen democrático necesita de la policía para subsistir. Pero para no traicionarse a sí mismo, para que no se produzca una desnaturalización, para no convertirse en una mera fachada, debe hacer taxativos sus principios. Una sociedad democrática demanda una policía distinta a la propia de una sociedad no democrática. No caben términos medios en el planteamiento.

No debe olvidarse la sujeción que debe concretarse con mecanismos de control efectivos y eficaces. En algunas sociedades devenidas en referentes de democracias funcionales, operan óptimamente entes o instituciones de control de la policía que cuentan entre sus integrantes con ciudadanos totalmente ajenos al cuerpo. Se opera por ese medio lo que Balbé denomina “el trasvase de ideas y de información entre las instancias democráticas y la policía”. Imaginemos algo así para nuestro país. Todavía hay hombres y mujeres honestos a quienes les preocupa grandemente el deterioro de la institución policial y la urgente necesidad de reconvertir a las fuerzas de seguridad civil.

Las reflexiones anteriores hacen surgir algunas preguntas. ¿Cómo debe ser la policía de una sociedad democrática? ¿En qué se diferencia de una policía propia de un régimen de fuerza? ¿Cuáles son las características de una policía cobijada por un estado de derecho en relación a nuestras fuerzas policíacas, propias de un estado de derecha?


Las respuestas a las preguntas anteriores (presentadas en el análisis del Reporte Diario No. 1160 de este lunes 12 de marzo), deben buscarse en los principios que inspiran a las fuerzas civiles de una democracia, en los fines que persiguen, en sus procedimientos, en la subordinación a las autoridades libremente electas por el pueblo, en su conformación orgánica y en el control que el resto de la sociedad, y no sólo las autoridades superiores, ejerce sobre ellas. La acción policial, en tal caso, debe inspirarse en los principios de una sociedad democrática y éstos deben ser exactamente los mismos que rigen el proyecto político de esa sociedad.

Si la policía no se apega a esos cánones dejaría de estar al servicio de la sociedad. Si las fuerzas policiales –como ocurrió en el cercano pasado con las fuerzas armadas castrenses- sustentan sus propios valores, se produce una contradicción insalvable. De servidora, la policía se convierte en una vulgar banda armada que genera miedo y repudio sordo entre los ciudadanos. Los fines de una policía propia de una sociedad democrática deben ser la protección de los derechos y libertades ciudadanos y la defensa irrestricta del régimen de derecho. La policía no debe identificarse con partido político, credo o grupo social determinados. Debe ser leal a la nación y estar al servicio de la sociedad como un todo so pena de devenir en un poder paralelo perverso, verdugo de la propia sociedad que la prohija.

Los procedimientos policíacos de la sociedad democrática no deben ser otros que aquellos parametrados por el ordenamiento jurídico y nada atentatorio contra éste debe permitirse. La fuerza policial deberá concebirse como la primera defensora de la ley; sus agentes representan esa ley y son los ciudadanos más obligados a acatarla y hacerla acatar.

La eficacia –no hablamos de eficiencia- de la policía debe medirse en función del porcentaje de casos esclarecidos según el criterio del Organismo Judicial y no según el criterio de los agentes o del Ministerio de Gobernación. Lo anterior siempre y cuando los tribunales sometan a estricta crítica el trabajo de los actores que deben procurar la persecución penal, la defensa y la recolección de pruebas científicas de calidad. Colectando pruebas que deben obtenerse con estricto apego a la ley respetando plenamente las garantías y derechos ciudadanos. La condena obtenida en un proceso legal será la verdadera prueba del éxito de la cadena de justicia de la cual la policía es el primer eslabón.

Una sociedad puede ser engañada en cuanto al éxito de la lucha contra las fuerzas antisociales. En tal caso se corre el riesgo de confundir “éxito” con represión indiscriminada. Este bizarro método ha transformado a la policía en delincuente al irrespetar los derechos humanos de cuanto ciudadano cae en sus garras por cuestiones tan cotidianas como una colisión de tránsito. No puede combatirse el crimen actuando criminalmente. Por tanto el primer paso en firme debe darse depurando la institución.

La policía debe saberse supeditada al poder legítimo del que están investidas las autoridades superiores elegidas por el pueblo. Sus integrantes no deberán ejercer ningún derecho de deliberación. Habrán de entender, asimismo, que integran un órgano ejecutor de órdenes legales, mismas que deberán cumplir estrictamente y sin dilación. No podrán contraer compromisos por cuenta propia ni recurrir a las componendas ni a las coimas. La policía deberá estar organizada como un cuerpo civil para diferenciarse claramente de las fuerzas armadas castrenses. Si así procedieran, su actuación tendrá un carácter netamente civil en lo que respecta a la autoridad a la que estarán sujetas (jurisdicción civil y no fuero militar).

Finalmente, la policía deberá estar sujeta a controles tanto internos como externos. Cualquier hombre con poder puede abusar de él y nuestra triste experiencia nos confirma que el policía nacional no es la excepción. El más eficaz medio de control sobre los miembros de la policía es el que ejercen sobre ellos sus jefes y comisarios. De allí la importancia de poner esos cuerpos bajo el mando de jefes probos, profesionales y celosos del cumplimiento del deber. Es más fácil que un jefe íntegro, ya sea por respeto o por temor, imponga rectitud a los subordinados corruptos que un grupo de hombres probos se sustraiga a la nefasta influencia de un jefe indigno.

El Ministerio Público debe ser el primer medio de control externo. El ordenamiento jurídico debe establecer con claridad la potestad supervisora de los fiscales sobre la labor de los policías. Los tribunales son el otro medio externo de control en tanto resten validez a las actuaciones ilegales de la policía y también cuando castiguen severamente los abusos en los cuales ésta incurra. Los jueces temerosos son perniciosos para salvaguardar un régimen de legalidad. Las magistraturas deben exigirse velar por el inmediato acatamiento de las resoluciones. Sólo así puede hablarse de fortalecimiento de la justicia en una sociedad democrática.

Nunca como hoy había sido tan dramática la necesidad de promover la fortaleza de la simbiosis entre policía y democracia. Nunca se consideró tan ineludible el proceder contra cualquier delincuente sin que su clase social, su fortuna o su influencia política sean una patente de corso.

Siempre ha habido delincuentes en las clases altas pero sus hechos eran aislados y la impunidad no tan ofensiva para la conciencia social como lo es ahora. Hoy, sin embargo, el fenómeno social del crimen organizado, que incluye al narcotráfico y los estafadores de ahorrantes e inversionistas, ha conseguido que esta nueva criminalidad ascienda en la escala social gracias, precisamente, a la fortuna amasada a costillas de gran cantidad de confiados ciudadanos.

El desafío de la institución policíaca no radica tanto en consignar rateros o conductores ebrios ni delincuentes de las clases populares sino en enfrentarse con entereza a los barones del crimen transnacional. ¿Podrá una sociedad democrática luchar con éxito frente a ese flagelo? ¿Podrá una policía que carece de legitimidad y de autoridad moral alguna ser eficaz? Definitivamente no.

Fuente: www.i-dem.org - Nueva Época número 1160 y 1162 - 120307 y 140307 respectivamente


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