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Maras e Ingobernabilidad
Por J. Santos Coy - Guatemala, 18 de julio de 2007

La democracia en Guatemala, y en toda América Latina según algunos tratadistas, presenta dos seria fallas en su génesis, en su formulación y en su desarrollo. La transición del autoritarismo a la democracia en Guatemala se ubica en una década de crisis económica y de programas de ajuste estructural. Son esos diez años que se ha dado en llamárseles “la década perdida”. Esos años significaron cambios estructurales económicos y sociales, de alcance regional pero con consecuencias nacionales, que perjudicaron a la clase media, a la clase obrera, a los pobladores de los barrios populares y, especialmente, a la población rural. La pauperización, que fue la consecuencia inmediata, permitió la construcción de una cultura propia de la pobreza que orienta políticamente a las masas excluidas hacia un fuerte sentimiento de desconfianza en las instituciones formales propias de la democracia que se pretende construir.

En segunda instancia, se empiezan a dar nuevas formas de manifestación de la violencia, ya no asociadas a los regímenes militares autoritarios, sino vinculadas a la presencia social de nuevos sectores armados. Surgen las maras con las masas de indocumentados deportados de los Estados Unidos donde trataron de hacer vida nueva y fueron excluidos. Es un hecho probado que existe una conexión perversa entre el aparecimiento de la violencia y la exclusión social de grandes sectores poblacionales. Ambos fenómenos se reproducen y desarrollan en territorios urbanos donde las fuerzas del orden sólo están presentes en forma represiva o están ausentes del todo.

Insistimos, el caldo de cultivo de la violencia actual lo constituye la exclusión social y es allí donde brotan los fenómenos asociados: la pobreza, la discriminación y la informalidad. Es en los barrios y segmentos pobres, marginados y segregados de las metrópolis donde se imponen la violencia y el terror en nuevas formas. La exclusión se ha profundizado y se ha consolidado en nuestra ciudad y otras ciudades del interior que se han visto divididas en sus aspectos social, espacial y cultural. En adición, la cuestión se agrava ante la ausencia crónica de los actores legitimados por la ley para mantener las regularidades fáctica y normativa. De esa forma se abre la brecha para que otros actores sociales privados armados e informales ocupen el lugar de la policía y los tribunales, transformando los barrios pobres y marginados en segmentos fraccionados y segregados del esquema citadino, donde se imponen y dominan bandas de criminales mediante el terror, la agresividad y el miedo.

El fenómeno se consolida y reproduce porque la juventud de estos barrios marginales se va acostumbrando desde la infancia a la “normalidad” de la violencia. Se desarrolla una cultura vinculada a una violencia doméstica habitual, a una violencia presente a todas horas en la calle y por la actuación concurrente e incesante de la represión policíaca que, cuando se presenta, se hace visible con la fuerza bruta, detenciones brutales, pistolas y ametralladoras en mano. La esencia de esta nueva forma de represión es producto de la formulación de políticas públicas improvisadas que pretenden pacificar los espacios públicos de los territorios marginados sin contribuir a la atenuación de la verdadera causa del problema: la exclusión social.

La seguridad cívica no debe basarse en el armamentismo ni en la presencia represiva de las fuerzas armadas. A más policías, soldados y fuerza bruta no necesariamente corresponde una mayor seguridad pública. Es fácil caer en la tentación de confundir lo que es seguridad con protección. Esta dura lo que dura la presencia policíaca numerosa. Aquella es una cultura, es una actitud. Cuando hace unas semanas el presidente visitó una colonia muy violenta del norte de la ciudad, se hizo acompañar de muchísimos guardaespaldas. Tuvo que ser sobreprotegido porque incursionó en un territorio donde no existe la seguridad en los espacios públicos a ninguna hora del día.

La ruta de una posible reducción paulatina de la violencia debe tener como directriz el combate efectivo a la exclusión social. Es imprescindible reconstruir y después fortalecer el tejido social local, romper la asimetría entre las tareas preventivas y represivas de la policía nacional, fortalecer las asociaciones sociales de vecinos honrados y, por sobre todo, fomentar y fortalecer la confianza de las organizaciones populares locales. En otros países, la atención se ha centralizado en promover la confianza mutual entre las fuerzas del orden y la población local y crear mecanismos que aseguren la participación ciudadana voluntaria en comités de seguridad local. El informe del PNUD del 2004 señala que, no sólo en nuestro país sino a nivel latinoamericano, la población se inclina por tener un gobierno de corte autoritario que logre encontrar una solución a la pobreza generalizada. Esto nos lleva a preguntarnos si la no existencia de una estabilidad del orden político está imbricada y correlacionada con la existencia generalizada de una ciudadanía de segunda clase. Lo que hemos teorizado intenta formular la hipótesis de que la proliferación de marginados urbanos es el mecanismo vinculado a la pobreza dentro de un contexto de violencia.

Un gran segmento de nuestra población urbana sobrevive en una economía y sociedad informales en las cuales el pan diario es convivir con la pobreza y la violencia. Los mareros tienen como denominador común ser actores armados de esta nueva forma de violencia y provenir de las filas de marginados y excluidos. Esta violencia, que ya se está volviendo crónica, ha contribuido grandemente al desgaste de la legitimidad del orden político. La pregunta clave es cuánto tiempo más puede garantizarse la sobrevivencia de la estabilidad del orden económico social y político en este precario equilibrio entre niveles “aceptables” de exclusión y niveles “aceptables” de violencia. La ausencia de una posible solución en los discursos de los candidatos a la presidencia engruesa mucho más el volumen de la duda y la inquietud personal que de ésta se deriva.

Fuente: www.i-dem.org - Nueva Época número 1246


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