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Pavón: denuncias de PDH todavía sin aclararse
Por James Smith - Guatemala, 29 de enero de 2007

• Informe del PDH responsabiliza de ejecuciones extrajudiciales a altos funcionarios de Gobernación

• Intereses políticos de trasfondo yacen en la toma de control de Pavón

• MP debe investigar y esclarecer los hechos

Las denuncias de ejecuciones extrajudiciales en el centro penal de Pavón siguen sin resolverse. Mientras tanto, tres de los principales actores de esa acción: el ministro de Gobernación, Carlos Vielmann, el jefe de la Policía Nacional Civil, Erwin Sperisen y el ex director del Sistema Penitenciario, Alejandro Giammattei repudian el informe del Procurador de Derechos Humanos (PDH), Sergio Morales, que indica que los actos violentos de Pavón fueron ilegales, y citan el caso como una prueba de su «coraje» para enfrentar el crimen organizado. Pero algunos analistas cuestionan este coraje, sobre todo por el trasfondo político en el actuar de Giammattei para asegurar que los medios de prensa se enfocaran en la criminalidad flagrante que existía en la cárcel antes de su toma, y crear un ambiente favorable a sus aspiraciones políticas. Es más, bajo el supuesto que Giammattei aprovechó la toma de Pavón y la «buena prensa» para catapultar su candidatura presidencial demuestra el poder que tienen ciertos medios de comunicación para trocar el discurso de los derechos humanos e influir en el público sobre la necesidad de la «mano dura».

SERIOS SEÑALAMIENTOS DEL PDH. El Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Sergio Morales, dio a conocer un informe el 28 de diciembre de 2006, indicando que los siete presos que murieron violentamente durante la ocupación de la Granja Penal Pavón, ocurrida el 26 de septiembre de 2006, no perdieron la vida como consecuencia de un enfrentamiento armado con las fuerzas de seguridad, como se reportó en la versión oficial, sino que fueron víctimas de ejecución extrajudicial.*

Los prisioneros que perecieron en el llamado operativo Pavo Real, se llamaban José Abraham Tiniguar Guevara , Mario Misael Castillo, Erick Estuardo Mayorga Guerra, Jorge Estuardo Batres Pinto, Carlos René Barrientos Vásquez , Gustavo Alonso Correa Sánchez y Luis Alfonso Zepeda González.

El informe de Sergio Morales señala que existen indicios razonables para sostener que los siete reos también habrían sido sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, antes de privarles de la vida.

El Magistrado de Conciencia basó su informe en información circunstanciada de los principales actores estatales de seguridad, los testimonios de 60 personas vinculadas con el caso, las evidencias forenses, videos sobre los hechos y otros elementos presentados.

De acuerdo con la valoración de la investigación, los elementos de las fuerzas de seguridad ingresaron al Centro Penitenciario disparando sus armas de fuego, a pesar de no haber encontrado resistencia armada por parte de los reos… y ningún miembro de las fuerzas de seguridad del Estado resultó herido durante el enfrentamiento.

Según la declaración de numerosos presidiarios, y de varios testigos que habrían participado en el operativo, un grupo de agentes de las fuerzas especiales, con gorros pasamontañas, llevaba una lista de reclusos y algunas fotografías de ellos, para ubicarlos y apartarlos de los demás.

Entre ellos se encontraban todos los reos que murieron, menos Batres Pinto que proporcionó un nombre falso por lo cual no fue identificado hasta más tarde.

Batres Pinto, un colombiano que controlaba el tráfico de drogas dentro de la cárcel, primero fue trasladado a Pavoncito (una cárcel contigua a Pavón) y luego retornado a su casa lujosa en Pavón mismo, donde luego fue encontrado su cadáver.

Por otra parte, según declaración de una persona que estuvo presente en el operativo, para aparentar que los reclusos habían enfrentado a las fuerzas de seguridad, éstas colocaron granadas a los cadáveres y contaminaron y alteraron la escena del crimen.

¿HUBO EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES? Entre los funcionarios responsabilizados por el PDH por haber quebrado el estado de derecho durante el operativo de Pavón, se encuentran el director General de la Policía Nacional Civil, Erwin Sperisen** ; el entonces director General del Sistema Penitenciario, Alejandro Giammattei; el ministro de Gobernación, Carlos Vielmann Montes*** ; y el presidente de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH ), Frank La Rue.

En particular, el informe señala que éstos impidieron el cumplimiento de las funciones del PDH, por haber girado órdenes ilegales… y no haberle prestado la debida colaboración que les ordenan taxativamente la Constitución y la legislación específica.

Según Morales, se vedó el acceso a las instalaciones de Pavón a los representantes de la PDH bajo el argumento ilegal de que tenían «órdenes superiores» de no permitir la intervención de nuestro personal.

En cuanto a las declaraciones de varios testigos que los reos murieron víctimas de armas disparadas desde una distancia muy corta –sustentadas por Mario Guerra, director de la morgue central, e investigadores médicos– Giammattei comentó a la agencia de prensa Reuters (8/12/06) que los reos sobrevivientes estaban inventando historias falsas porque estaban molestos de haber perdido su estilo de vida lujoso y negocios ilícitos dentro de Pavón.

¿Cuánta credibilidad se puede dar a gente que formaba parte de bandas del crimen organizado? se preguntó el director de presidios. No estábamos luchando contra niñas pequeñas haciendo su primera comunión. No eran pobres angelitos.

Efectivamente, desde hace una década un grupo de reclusos, denominado Comité de Orden y Disciplina (COD), había asumido el control administrativo y disciplinario de la cárcel y usaba extorsión y tortura para controlarla, inclusive forzando a los otros reos de traer a sus esposas e hijas adentro para abusar de ellas sexualmente.

La circulación de drogas, los cobros ilegales y hasta la planificación y ejecución de actos delictivos se cocinaban entre los muros carcelarios.

Según una fuente que Inforpress consultó basada en Washington D.C., y que prefirió mantener su nombre en reserva, La Rue y Giammattei viajaron a esa ciudad el día después de la operación de Pavón con el propósito de lanzar una campaña para evitar posibles críticas del Departamento de Estado sobre la misma.

Nos mostraron un gran archivo lleno de pruebas de lo terrible que habían sido los reos, que estaban metidos en pornografía infantil, etcétera, casi como justificación de lo que les había ocurrido, dijo la fuente.

Los medios de prensa locales también jugaron un rol. Éstos prestaron abundante atención a los actos criminales que predominaban en la cárcel antes de su toma, y de las vidas suntuosas que llevaban los reos.

Incluso, dos días antes de la toma del presidio, el diario Prensa Libre publicó un extenso reportaje que tituló «La mafia controla Pavón» y el subtítulo era más que elocuente: « Los reos mantienen el control interno de gran parte del mayor presidio del país, convertido en centro de operaciones del crimen organizado» (Prensa Libre, 24/9/06).

Y un día después de la aparición de ese artículo, el editorial de ese diario hizo alusión al reportaje, el cual tituló «Granja Pavón, terrible realidad» (Prensa Libre, 25/9/06).

Consultada la fuente en Washington sobre el informe del PDH y la reacción oficial, indicó que le daba la impresión que el director de COPREDEH, La Rue, estaba muy molesto no sólo con el informe del PDH, sino también con otros aspectos de la labor del Ombudsman.

A La Rue no le gusta Morales, sobre todo por las recientes críticas del procurador a la CICIG, que es un proyecto que La Rue lleva años intentando impulsar, agregó la fuente.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) apoyará y fortalecerá el sistema judicial, brindando asistencia técnica, promoviendo procesos penales e implementando acuerdos cooperativos con ministerios y oficinas de seguridad pública (Inforpress 1686).

MP CON UNA BRASA EN LAS MANOS. Ciertos medios de comunicación escrita, también saludaron el informe del PDH, e hicieron un llamado a la necesaria investigación de los hechos.

Para los fines de investigación y persecución criminal , aseguró el editorial de elPeriódico del 8 de enero, el resultado de la investigación del PDH es eminentemente preliminar, ya que corresponde al Ministerio Publico (MP), bajo el respectivo control jurisdiccional, revisar y corroborar las diligencias llevadas a cabo por el PDH, así como realizar todas las pesquisas que tiendan al pronto esclarecimiento de los hechos, a fin de que se despeje cualquier duda o incertidumbre.

De hecho, el coordinador de asesores del PDH, Alejandro Rodríguez, comentó a Inforpress que el Procurador entregó el expediente de su informe al MP el 10 de enero.

Mientras tanto, el fiscal encargado del caso, Álvaro Matus, no descarta la posibilidad de exhumar los cuerpos de los reos que la PDH solicite y mencionó que médicos forenses trabajan en el análisis de los informes de necropsia ( La Hora , 10/1/07).

No obstante, Rodríguez no tiene muchas expectativas que las investigaciones del MP resulten en sentencias condenatorias porque es una institución infiltrada por tráfico de influencias. Es más, dijo el funcionario, el 98% de los casos terminan en la impunidad.

Así todo, cabe resaltar que la ocupación de Pavón sigue teniendo reverberaciones (por lo menos en los medios) para el hombre que supuestamente lo impulsó: Alejandro Giammattei.

De modo, según el director editorial de elPeriódico, Juan Luis Font, que sus méritos (de Giammattei) muestran en la práctica lo que el líder del Partido Patriota [Otto Pérez Molina] sólo puede ofrecer hasta hoy en un slogan. Mano dura. Durísima en realidad, si se toma en cuenta lo que el Procurador de los Derechos Humanos ha dicho respecto a lo ocurrido en Pavón. Él habla de indicios de ejecuciones extrajudiciales en la cárcel. Giammattei rechaza esta aseveración y demerita el informe del Procurador (elPeriódico, 8/1/07).

En una entrevista con el mismo diario el 22 de enero, Pérez Molina aseguró que el 80% de los guatemaltecos está de acuerdo con un gobierno de mano dura… y que sólo un pequeño porcentaje dice que este lema significa represión y autoritarismo.

También negó que fuera hacer uso del autoritarismo. Lo nuestro es carácter y decisión frente a un Estado capturado por el crimen organizado, el narcotráfico, las maras, la injusticia y la pobreza, dijo Molina .

Por ahora, Milton Durán , fiscal del caso Pavón (bajo la dirección de Matus) dijo a Inforpress: tenemos conocimiento que él (Giammattei) en su papel de director de presidios jugó un rol importante... coordinó el trabajo. Por supuesto, todos los más altos cargos de los ministerios vinculado a la seguridad (Defensa, Policía, etcétera), estaban enterados de los planes para la ocupación...

Sobre las diligencias efectuadas hasta la fecha, Durán expresó: hemos entrevistado a los policías que tomaron parte en la operación. Pavón estaba sobrepoblado, entonces nos queda mucho. Estamos haciendo una investigación de los informes de necropsia.

Efectivamente, el nivel de violencia en el actual gobierno es impresionante, si se toma como ciertas las palabras de Pérez Molina en la citada entrevista para referirse a los niveles de inseguridad en el país durante la administración de Óscar Berger: la GANA acumula 17 mil asesinatos en su gobierno.


*Al respecto, el artículo 132BIS del Código Penal establece que dicho delito se comete cuando se priva de la vida a una o más personas por elementos de los cuerpos de seguridad del Estado, estando en ejercicio de su cargo, cuando actúen arbitrariamente, con abuso o exceso de fuerza.

** Erwin Sperisen tiene una formación vinculada a la estructura militar. Él fue comisionado militar, tomó cursos de seguridad con expertos israelíes y participó en investigaciones con el comando antisecuestros creado por el general retirado, Marco Tulio Espinosa Contreras , durante el gobierno de Álvaro Arzú.

***En el caso de Carlos Vielmann Montes , es hijo del coronel ubiquista Carlos Vielmann , y fue miembro de la juventud del partido Movimiento de Liberación Nacional ( MLN ), ya desaparecido. Ha sido responsable del tema de seguridad de los agremiados de la Cámara de Industria, de la cual fue presidente.


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