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Futuro de CICIG en manos del Congreso de la República
Por James Smith - Guatemala, 29 de mayo de 2007

• La CC ratificó la constitucionalidad de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala

• Mayoría de congresistas manifiestan su apoyo a la iniciativa que crea la Comisión

• Posibles obstaculizaciones: diputados vinculados a grupos delincuenciales

Tras la reciente decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) que sentenció que la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) no es ilegal, sólo queda la aprobación del Congreso para que se haga realidad. Dado que el objetivo primordial de la CICIG será «apoyar y fortalecer a las instituciones del Estado de Guatemala, encargadas de la investigación y la persecución penal de los delitos presuntamente cometidos por los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) que operan en el país», no es de sorprender que la iniciativa haya recibido muchas muestras de apoyo. Los principales partidarios son los grupos de derechos humanos, los medios de comunicación, el vicepresidente de la República , el procurador de los Derechos Humanos y el Senado de Estados Unidos; mientras que sus críticos incluyen abogados, principalmente de la derecha política, quienes argumentan que la CICIG es inconstitucional, no refuerza la institucionalidad del Estado y es una imposición antidemocrática de la Organización de Naciones Unidas. Aunque algunos activistas de derechos humanos aseveran que varios diputados mantienen vínculos con el crimen organizado, por lo que podrían estar interesados en obstaculizar la creación de la CICIG , existe la confianza de que la propuesta será aprobada antes de que se celebren las elecciones generales.

OCHO DÍAS POR DICTAMINAR. Los diputados del Congreso de la República fijaron un plazo de ocho días para que la Comisión de Relaciones Exteriores dictamine sobre el marco jurídico de la CICIG . La decisión recibió el beneplácito de 100 congresistas, y ocurrió el 22 de mayo, después de conocer la respuesta favorable de la CC sobre consulta que se le hiciera con respecto a la legalidad de crear la CICIG .

No obstante, 16 diputados del partido Frente Republicano Guatemalteco ( FRG ) insistieron en rechazar la propuesta de ley, y sostuvieron que la resolución de la CC , lejos de aclarar, es confusa. La diputada eferregista Lucrecia de Palomo señaló que «seríamos el primer país en Centroamérica que avalaría la intromisión de otros organismos internacionales» ( Siglo Veintiuno , 23/5/07).

La CC hizo pública, el 16 de mayo, la resolución que permitirá, en cuanto los legisladores lo aprueben, la creación de la Comisión que el gobierno y la Organización de Naciones Unidas ( ONU ) susribieron en diciembre pasado ( Inforpress 1686 ).

«Se abordaron todos los aspectos que contempla el proyecto de creación de la CICIG y se estableció que no existe inconstitucionalidad alguna» , afirmó el magistrado Roberto Molina Barreto ( AFP , 16/5/07).

Al día siguiente del dictamen de la CC, diputados de la GANA , UNE , PP , PAN , ANN y PU afirmaron que sus partidos adoptarán una postura favorable a la medida.

La resolución de la CC establece que la CICIG funcionará en el país por un período de dos años prorrogables, durante los cuales, organismos internacionales velarán por el funcionamiento adecuado de los organismos estatales de seguridad.

Mientras tanto, el vicepresidente Eduardo Stein , quien ha realizado un cabildeo con las diferentes bancadas que integran el Legislativo, viajó el 19 de mayo a Estados Unidos para hacer lo mismo con congresistas estadounidenses. Durante su viaje, también se encontró con funcionarios del departamento político de la ONU , con quienes abordó la cooperación necesaria para implementar la CICIG ( Diario de Centroamérica, 21/7/07).

A FAVOR. Desde el 12 de diciembre de 2006, cuando el acuerdo de creación de la CICIG fue suscrito entre el Gobierno de Guatemala y la ONU ( Inforpress 1686 ), distintos sectores han mostrado su apoyo o rechazo a la propuesta.

Entre los que lo apoyan más fervientemente se encuentran varios grupos de derechos humanos, entre ellos la Asociación para el Estudio y Promoción de la Seguridad en Democracia ( SEDEM ). La directora de esta organización, Iduvina Hernández , declaró a Inforpress que una de las fortalezas de la CICIG es «el respaldo internacional y la disposición de apoyar en la constitución de la misma, así como la disposición declarada de las autoridades del Ejecutivo. De igual forma, la resolución de la CC (…) le da carácter de convenio de derechos humanos, lo cual fortalece su mandato.»

De manera similar, Adriana Beltrán, titular del programa para Guatemala de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos ( WOLA ), indicó a Inforpress que la Comisión contra la impunidad es una medida muy necesaria para desmantelar los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, combatir su infiltración en las instituciones del Estado y fortalecer la institucionalidad.

De acuerdo con un comunicado de prensa de WOLA , fechado 1 de mayo, los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad «son un legado del conflicto armado interno que utilizan la violencia para proteger sus intereses políticos y actividades económicas ilícitas… En los últimos años, estos grupos han extendido su presencia aterrorizando a jueces, testigos clave, fiscales, líderes políticos, y defensores de derechos humanos, entre otros.»

Este mensaje está reverberando mucho en Washington, con el resultado de que la CICIG ha recibido un fuerte apoyo tanto de la Cámara de Representantes como del Senado. Muchos congresistas de EEUU ven en la propuesta un mecanismo importante para fortalecer el estado de derecho en Guatemala.

A finales de abril, senadores estadounidenses introdujeron una resolución urgiendo la pronta ratificación de la CICIG y, el 13 de diciembre de 2006, el gobierno de Guatemala fue felicitado por su homólogo de EEUU por haber firmado el acuerdo que establece la Comisión.

Mientras tanto, los medios de comunicación locales de Guatemala también han manifestado su respaldo a la iniciativa. Refiriéndose al notorio caso del asesinato de los diputados salvadoreños y su piloto que sigue sin aclararse ( Inforpress 1702 ), el editorial de elPeriódico, del 21 de mayo, señaló que «los acontecimientos recientes del país nos reafirman la importancia y urgencia de la CICIG … pero el tiempo apremia… por lo que respetuosamente animamos al Congreso de la República a ratificar el Acuerdo a la brevedad posible .»

EN CONTRA. Aunque todos los editores de la prensa escrita han expresado su entusiasmo por la CICIG, algunos columnistas la han rechazado categóricamente.

En su columna de opinión en Prensa Libre , también del 21 de mayo, Luis Figueroa dijo que su hipótesis es que no la necesitamos . Figueroa también es director de Relaciones Públicas de la Universidad Francisco Marroquín ( UFM ).

Figueroa sostiene que «en Guatemala necesitamos fortalecer las instituciones que hay, hacer que se cumplan las leyes que hay. No es cuestión de hacer más oficinas y de hacer más comisiones, o de hacer leyes como si fueran salchichas .»

De manera más contundente, Pedro Trujillo, del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales ( EPRI ) de la UFM, declaró a Inforpress que si llegara a crearse la CICIG, «contaríamos con una institución paraestatal que lejos de fortalecer las organizaciones del Estado… estaríamos promoviendo una organización con capacidad de investigar cualquier grupo, sea de corte terrorista, paramilitar, económico, social o de otro tipo.»

Los que consideran que es útil , dice Trujillo , «no llegan a percibir que, una vez deje de existir, no se habrá fortalecido el sistema estatal y, por tanto, estaremos como hoy.»

El abogado constituyente y conferencista de la UFM, Fernando Linares Beltranena , comparte este análisis, pero va todavía más allá de las críticas de Figueroa y Trujillo .

«El problema fundamental de la CICIG es que sus autores no han definido los grupos específicos que quieren investigar», declaró Linares Beltranena a Inforpress .

Pero además de ser inconveniente , a su juicio también es inconstitucional. «La única razón por la que la CC la ratificó fue que las preguntas del Ejecutivo fueron sesgadas de tal manera que la Corte no tuvo otro remedio de aprobarla», afirmó Linares Beltranena.

El argumento de inconstitucionalidad también lo expresa el académico de la UFM y presidente de la Liga Pro-Patria , José Luis González Dubón . En una serie de cinco artículos publicados en su columna Sin Tapujos a principios de año, González Dubón asevera que la CICIG «es un ente en cuya gestación se obvió el análisis de aspectos constitucionales esenciales, que eran de obligada consideración, porque implicaban el ejercicio de funciones públicas y de poder dentro del territorio de la República de Guatemala.»

Otro problema de la CICIG , según manifiesta Linares Beltranena y los demás críticos, es que los funcionarios de la misma van a gozar de una «impunidad total» ; es decir, que los ciudadanos guatemaltecos no van a tener ningún control sobre ellos, porque vienen desde la ONU , y por ende «serían como un ejército de ocupación.»

Una de las mayores preocupaciones tanto de Linares Beltranena, como de varios otros sectores que se oponen a la aprobación de la CICIG (grupos de empresarios, abogados e intelectuales que han hecho todo lo posible para evitar que se instale la Comisión ) es que se podría utilizar de manera política.

Al comentar al respecto, Linares Beltranena dijo que por ejemplo, si el vicepresidente Eduardo Stein saliera de Guatemala, podría usar a la CICIG para influir en la persecución de sus enemigos políticos en la derecha.

De igual manera, González Dubón dijo a Inforpress que al examinar quiénes son las personas que han impulsado la CICIG «encontramos que son personas vinculadas a la ex guerrilla, que como tales, formaron parte del crimen organizado (terroristas) y hoy ejercen cargos públicos y forman parte del gobierno, por lo que resulta evidente que la propuesta de su creación encaja dentro de sus propósitos de lucha política.»

¿DEBATE INECESARIAMENTE IDEOLOGIZADO? Ahora todo depende del Congreso, y posiblemente de la influencia internacional, sobre todo ante consideraciones de seguridad nacional y lucha contra el crimen organizado, que ganarán cada día más relevancia en las relaciones de Guatemala con sus vecinos del norte, México y, en particular, EEUU .

En cuanto a los posibles obstáculos para la aprobación de la iniciativa, Iduvina Hernández lamenta que la CC exige mayoría absoluta «de manera que se trata de realizar un análisis al detalle de la posibilidad de respaldo de cada diputado para tener una idea de cuántos votos es posible asegurar.»

De acuerdo con la diputada del Partido Patriota ( PP ) Roxana Baldetti, el hecho que la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores esté en manos del FRG , «puede ser utilizado de forma estratégica para restarle agilidad al proceso.»

Según Pedro Trujillo, a pesar de declaraciones de líderes y portavoces en los medios de comunicación, no sólo es la bancada del FRG que aún no ha decidido si apoyará o no la iniciativa, «sino la propia del gobierno tampoco lo tiene nada claro, así como otras muchas. Tanto es así que el hecho de que ya no se haya aprobado prueba esa falta de consenso.»

Mientras tanto, activistas de derechos humanos como la presidenta de la Fundación Myrna Mack, Helen Mack y el director del Grupo de Apoyo Mutuo ( GAM ) Mario Polanco , han aseverado que muchos diputados mantienen vínculos con el crimen organizado, por lo que podrían estar interesados en obstaculizar el proceso de creación de la CICIG ( elPeriódico, 18/5/07).

Polanco dice que una prueba de que muchos congresistas tienen compromisos económicos con grupos delincuenciales fue visible hace tres años, cuando se expuso una serie de argumentos que descalificaban la creación de la Comisión de Investigación de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS).

Entre ese mar de opiniones, para algunos analistas el debate se ha vuelto innecesariamente ideológico. Uno de estos analistas es el ex canciller, Edgar Gutiérrez , quien en opinión vertida a Inforpress indicó que los señalamientos de Mack y Polanco son «un arma de doble filo» . Es decir, que el argumento que el que no esté con el crimen organizado que apruebe la CICIG , es falaz.

«Y es que más allá del Congreso hay posiciones en contra de la CICIG » , explica Gutiérrez , «que para nada se asocian con el crimen organizado. Por eso es una posición de «criminalización» al revés. Me preocupan esas posiciones fetichistas pues son antidemocráticas, y coartan un debate abierto.»

En cooperación con Inforpress Centroamericana - Inforpress C.A. es una revista semanal de análisis que cubre la región centroamericana, y depende de suscripciones para sus ingresos. www.inforpressca.com

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