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Justicia laboral frente a DR-CAFTA: dura batalla
Por James Smith - Guatemala, 6 de junio de 2007

• Caso judicial de trabajador que perdió brazo, empantanado en tribunales

• Repercusiones del caso para la maquila y otros sectores podrían ser costosas

• Abogado demandante: «el pueblo está harto de la injusticia laboral»

Según defensores del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA), uno de los mayores beneficios del acuerdo es que las empresas que operan en el istmo están bajo más presión para cumplir con los reglamentos laborales internacionales. Pero al parecer esto no se está llevando a cabo en Guatemala por varias razones, entre ellas la ineficiencia y corrupción del sistema de justicia laboral vigente. Por ejemplo, el artículo 81 del Código de Trabajo es taxativo al establecer la relación de responsabilidad patronal en el caso de la subcontratación de mano de obra, pero de acuerdo con un comunicado del movimiento sindical «a diario esta norma es convertida en letra muerta porque no existen controles para el resguardo adecuado de esta responsabilidad.» Un caso paradigmático de la evasión de responsabilidad patronal a través de la subcontratación de producción es el de César Hernández, que perdió su brazo en una troqueladora de cartón en febrero de 2005. Después de haber sido retardado de manera ilegal, según la parte demandante, el caso sigue estancado en los tribunales, al igual que otros, los cuales tardan un promedio de cuatro años en resolverse. Según el abogado demandante, los abogados que defienden a los empresarios –entre ellos el bufete del mandatario Óscar Berger– lo está peleando tan férreamente por las repercusiones tan grandes que podría tener para los sectores económicos que representa el mandatario, principalmente el de azúcar, los grandes beneficiarios del DR-CAFTA.

AMPUTANDO EL BRAZO DE LA JUSTICIA. La batalla de César Hernández para llevar su caso a los tribunales se caracteriza por la indiferencia y el miedo de los actores: primero, por parte de sus empleadores que no le pagaron ninguna indemnización y le despidieron de un día para otro; luego, por parte de los abogados a los cuales solicitó ayudarle en demandar a sus ex empleadores; y por último, por parte de la jueza que lleva el caso Diana Carolina Ruiz Moreno, a quien se le señala de favorecer los intereses empresariales.

El accidente laboral de Hernández ocurrió en la madrugada del 12 de febrero de 2005, en la maquila coreana Cajas Impresas (CISA), una fábrica de cartón en Amatitlán, pero sólo salió a luz pública hasta el 26 de noviembre de 2006, cuando el diario elPeriódico publicó un reportaje del caso.

De acuerdo con el diario, Hernández sufrió la amputación de su brazo derecho debido a que su patrono incumplió las normas mínimas de seguridad en el trabajo, y por establecer condiciones indecentes tales como jornadas de trabajo de más de doce horas.

Este hecho ha sido plenamente constatado por la Inspección General de Trabajo, cuyo inspector de turno le comentó a Hernández el mismo día del accidente que no sólo debía pedir los Q7 mil de su pasivo laboral, sino que podía pedirle a CISA una indemnización por el accidente.

Días después, el inspector visitó la maquila y consignó en su informe que la empresa «no cuenta con ninguna medida de seguridad. No tiene tapadera para los engranajes que podrían triturar cualquier parte del cuerpo humano, no tiene tolva de protección donde se deslizan las fajas (…) no existe un sistema de apagado por emergencia, el ruido es exagerado (…) cualquier trabajador de este lugar corre el riesgo de enfrentar un accidente laboral por cualquier descuido o error involuntario

En las reuniones que se hicieron en la Inspección de Trabajo entre Hernández y el abogado de CISA, Luis Pedro Estrada Kihn* , el último ofreció pagarle Q50 mil. Pero Hernández pidió Q250 mil. En la tercera cita ya no hubo propuestas. Inclusive, Estrada Kihn le advirtió a Hernández que podían demandarlo.

Es más, según declaró a Inforpress el abogado de Hernández, Alejandro Argueta, «luego de reincorporarse a su trabajo, su cliente fue despedido en forma directa e injusta y CISA se negó a pagar las prestaciones laborales que le corresponden por el despido y también la respectiva indemnización por el accidente laboral.»

Por esta razón, y bajo la sugerencia de su abogado, el 11 de abril de 2006 Hernández planteó una demanda en contra de CISA, pero también en contra de la empresa que subcontrató a CISA, la también coreana Hansoll Guatemala S.A. (la cuarta maquila de ropa más grande de Guatemala). Según Argueta , la demanda es contra ambas empresas «ya que según el artículo 81 del Código de Trabajo la empresa principal que se beneficia de los servicios prestados por los trabajadores de la empresa subcontratada es responsable de pago de las respectivas prestaciones laborales.**

Actualmente, la empresa sostiene que Hernández abandonó sus labores y que nunca hubo tal despido. No obstante, a lo largo de casi ocho meses, CISA planteó varios recursos de apelación y acciones de amparo, los cuales, según Argueta, «carecen de fundamento legal y de argumentos y han sido presentados únicamente para retrasar el juicio.»

Es más, días antes de que el Juzgado de Trabajo conociera el caso, la fábrica de CISA fue cerrada de forma repentina. Tal como lo reportó elPeriódico un mes después, «la audiencia en el juzgado estaba fijada para el 8 de enero de 2007. Pero cuatro días antes, CISA cerró sus instalaciones y despidió a sus 56 trabajadores (elPeriódico, 9/2/07).»

Citando el artículo 427 del Código de Trabajo, Argueta dice que esta actitud de CISA «constituye delito de alzamiento de bienes y deberán iniciarse las acciones penales que corresponden si se establece que efectivamente se ha cerrado la empresa

Luego, el día de la audiencia el abogado de CISA presentó un «Conflicto de Jurisdicción» y «Recusó a la Jueza ». «Ambas acciones», dijo Argueta, «son totalmente improcedentes y retrasan en forma indefinida el juicio laboral.»

REPERCUSIONES GRANDES. El caso de Hernández es el primero por accidente laboral que se conoce de forma pública luego de la entrada en vigencia del DR-CAFTA. Por lo tanto, ha despertado ciertas expectativas que podría sentar un precedente positivo para los miles de casos parecidos que siguen estancados en los tribunales.

Aunque se muestra frustrado por el estancamiento de su caso en particular, Argueta está motivado por sacarlo adelante porque dice que por primera vez se está vinculando judicialmente a la maquila pequeña con la empresa grande, para así poder recurrir a los reglamentos laborales del DR-CAFTA. «Es decir, ahora esperamos que haya mucha más presión por parte del Estado y del gobierno de EEUU para evitar que la práctica de la subcontratación en la industria de textiles no se utilice para evitar el cumplimiento de los derechos laborales.»

En este marco, el abogado explicó que en 2005 se publicó un estudio sobre la justicia laboral en Centroamérica con dos afirmaciones históricas: primero, que el cumplimiento de los derechos humanos sería una condición necesaria para el cumplimiento exitoso del DR-CAFTA; y segundo, que las legislaciones de los países de la región en cuanto al trabajo son adecuadas y, por lo tanto, no necesitan ser reformadas, algo que contrasta totalmente con el discurso del sector empresarial de Guatemala que lleva muchos años argumentando que el Código de Trabajo es demasiado estricto.

De hecho, cuando los resultados del estudio se publicaron en el denominado Informe del Libro Blanco,*** muchos empresarios del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) protestaron que el Libro no era válido. «De ahí la importancia» , dice Argueta , «que en abril 2005, todos los gobiernos de Centroamérica hicieron una declaración respaldando las políticas del informe.»

Mientras tanto, el abogado cree que si el caso de Hernández se gana, podría tener repercusiones no sólo para el sector de maquila, pero para otros sectores mucho más grandes, «inclusive el de los azucareros que representan los grandes ganadores del DR-CAFTA . Por eso el sector empresarial ha hecho todo lo que puede para pararlo, hasta recurrir a la corrupción», agregó.

¿DESCONOCIMIENTO DE DERECHOS O FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA? Actualmente las disputas laborales duran en promedio cuatro años en resolverse en los juzgados, y hay varios que pasan hasta dos lustros sin conseguir sentencia. Aunque no se denuncien por miedo de perder el trabajo, los accidentes laborales son comunes y frecuentes. Según el último boletín de estadísticas del Ministerio de Trabajo, el 50% de los accidentes que atiende el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) -48 mil al año-, ocurren en el trabajo.

Pero sólo 19% de la población económicamente activa le cotiza al Seguro Social. El resto de accidentados debe cubrir sus gastos y no recibe indemnización por la pérdida de miembros ni puede acogerse a ningún plan de invalidez. La Inspección de Trabajo explica que muchas personas desconocen que pueden exigirle indemnización a su empleador y que, cuando lo hacen, aceptan recibir montos bajos por temor a emprender un juicio largo e incierto ( elPeriódico, 26/11/07).

Así todo, representantes de la sección laboral de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) –quienes han seguido de cerca el proceso de César Hernández – señalaron a Inforpress que no se puede esperar imparcialidad por parte de la Inspección de Trabajo cuando la directora de esta entidad, Celeste Aída Ayala Marroquín, es una ex asesora patronal de empresas de maquila.

Según informó a Inforpress Marco Vinicio Hernández, encargado de la Defensoría de los Derechos del Trabajador de la PDH, el capítulo 16 del DR-CAFTA obliga a los Estados a cumplir con las normativas laborales de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

Y, por lo tanto, una vez que el Tratado entró en vigencia en julio de 2006, el Ministerio de Trabajo abrió una oficina para encargarse de las quejas de los trabajadores en el marco del DR-CAFTA .

«Pero hasta la fecha este instrumento no ha sido transparente para nada» , dijo Hernández . «Tenemos entendido que existen miles de casos como el de César Hernández que deberían de ser atendidos por los tribunales bajo los reglamentos de la OIT , tal como lo explica el Libro Blanco … Pero «c uando fui a revisar estos casos, los del Ministerio me negaron esta información» , aseguró.

De todas maneras, Argueta dice que hay razones para ser optimista. «El pueblo está harto ya de este tipo de injusticia y se vuelve cada vez más determinado para enfrentar la situación. Es más, el mismo Estado ahora por lo menos reconoce que existe un problema de corrupción dentro del sistema de justicia

Este último comentario es una referencia al Libro Blanco, donde el Estado de Guatemala por primera vez reconoce que los tribunales laborales padecen de «bajo rendimiento y corrupción .»

* Luis Pedro Estrada Kihn es miembro del bufete de abogados Asensio, Barrios, Andrade & Asociados . Esta firma representa a varias empresas transnacionales (petroleras, generadoras de electricidad etcétera), entre ellas a la minera Montana Exploradora, subsidiaria de la canadiense Gold Corp., de la cual el socio fundador del bufete Jorge Asensio Aguirre , es asesor legal ( Infopress 1705). Nota : se intentó contactar a los abogados, pero no respondieron la solicitud de entrevista.

**Entre los abogados defensores de Hansoll Guatemala S.A. y de CISA , se encuentra Carlos Revolorio , miembro del bufete Berger, Pemüeller & Asociados, del cual es socio fundador el mandatario de la República , Óscar Berger , y al que también pertenecen dos de sus hijos. Nota : se intentó contactar a los abogados pero no respondieron la solicitud de entrevista.

*** «La dimensión laboral en Centro América y la República Dominicana ; Construyendo sobre el progreso: Reformando el cumplimiento y potenciando las capacidades.» Publicado en abril de 2005, el estudio fue facilitado por el Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ) e impulsado por la Secretaría de Negocios de EEUU y varios diputados demócratas del Congreso de ese país para asegurarse de que el DR-CAFTA realmente iba a beneficiar a todo el pueblo a través de garantías del cumplimiento de los derechos laborales en Centroamérica (por ejemplo, reglamentos sobre turnos de jornada y el derecho de formar sindicatos).

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