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De uniforme a traje y corbata: los militares en la política de Guatemala
Por Jacobo Vargas-Foronda - Guatemala, 3 de diciembre de 2018

El general de brigada, David Napoleón Barrientos Girón, quien ocupó el cargo de subjefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, ascendido por Otto Pérez Molina, en septiembre de 2014, cuando ocupaba el cargo de inspector general de dicha institución militar, luciendo un elegante atuendo civil, con saco y corbata, se ha despojado de su uniforme militar para darnos su opinión sobre el «capital político de los militares» [1]. Consideramos oportuno debatir algunas de sus afirmaciones y, por supuesto, emitir nuestro criterio sobre la política y los militares en Guatemala.

Barrientos Girón inicia su escrito afirmando que «los proyectos de desarrollo más grandes de país son producto de sus administraciones», es decir las militares. Sin mencionar, tan siquiera un solo proyecto «de desarrollo» que ilustre su aseveración. Amerita preguntarle a Barrientos si la traición y participación en la criminal intervención estadounidense contra el legítimo y democrático presidente, Jacobo Árbenz Guzmán, el soldado del pueblo, puede considerarse un gran proyecto de desarrollo para Guatemala. Y es a partir de esa aberrante conducta que la esencia militar mostrada por los altos mandos en su participación política en Guatemala, la ha llevado al lugar en donde se encuentra en estos momentos, 2018.

Es muy cierto que «los militares guatemaltecos figuran en la historia nacional» [2]. En este punto es importante dejar claro la existencia de dos tipos, categorías claramente diferenciadas, de militares en la historia de Guatemala. Así tenemos la primera categoría, que es aquella que a partir de sus élites, altos mandos, ha estado al servicio de los intereses económicos y políticos de la nefasta oligarquía y sectores empresariales que han saqueado al país, fortaleciendo la explotación laboral de las masas laborales desposeídas, del campo y la ciudad, y el sistemático robo de los bienes, recursos naturales, y en el plano internacional, al servicio de los intereses económicos y políticos de las transnacionales y del imperialismo estadounidense, sionismo israelita y taiwanés, para mencionar los que más daño le han hecho, y hacen, a Guatemala.

La segunda categoría, de la cual nos sentimos orgullosos y la añoramos hasta nuestros días, integrada por aquellos militares que mostraron gallardía durante las luchas político-sociales de la década de 1920, por quienes no solo participaron, desde el inicio, sino que trabajaron en pro de los avances de la Revolución del 20 de octubre de 1944, algunos de los cadetes del 2 de agosto de 1954, y por supuesto, por quienes se levantaron en rebelión un 13 de noviembre de 1960, tanto contra las corruptas élites castrenses, como contra la aberrante codicia de las élites empresarias y la oligarquía del país. Este es el tipo, es la única categoría de militares, que ha dejado en alto sus nombres y la dignidad, hoy inexistente, dentro de las filas militares de los altos mandos.

En su opinión, los militares «derrotaron a la insurgencia en (el) prolongado enfrentamiento armado» [3]. Esta es una absoluta falsedad. Militarmente analizado, el conflicto armado interno no tuvo un «bando» bélico triunfante. De haber existido «un triunfo», la firma de los olvidados, incumplidos, acuerdos de paz hubiera resultado innecesaria. El llegar a la necesidad de negociar la firma de esos «acuerdos», es el más claro indicador de que, militarmente, no hubo derrota. Si su ejército, que no es el mío, hubiera tenido la remota certeza de «una inminente derrota militar de la insurgencia», nunca habría aceptado firmar dichos «acuerdos». Puedo afirmar que la guerra, el enfrentamiento armado en sí mismo, el uso de las armas por ambas partes, el ejército y la insurgencia, fue políticamente derrotada en diciembre de 1996.

Su afirmación de que «militares con asignatura de comando (…) señalados de violaciones a los derechos humanos han soportado la persecución penal, en un estadio desventajoso, negativo, injusto y parcial» [4] requiere de una triple reflexión. Pareciera que enfrentar, ser juzgados, por jueces penales, en tribunales, no en cárceles clandestinas, no sometidos a torturas y luego asesinados, es «un inaudito sufrimiento soportado». Sin que respondan con el cacareado argumento, de que «estábamos en guerra», ¿cuáles pueden ser las «justificantes», si acaso existieran, para que los insurgentes capturados, los liderazgos de las poblaciones masivamente asesinadas bajo la acusación de «apoyar», «simpatizar», con la guerrilla, no fueron enviados a los tribunales? ¿Cuál sería su opinión, si ahora, a los militares sometidos a persecución penal, no los enviáramos a tribunales y, por el contrario, los tuviéramos en cárceles clandestinas, bajo tortura, y sus familiares secuestrados y asesinados?

Dos ilustraciones simbólicas de las víctimas más inocentes de la sanguinaria crueldad de los preceptos contrainsurgentes consumados, las cuales muestran el simbólico entierro de los restos encontrados en las sanguinarias fosas comunes de la niñez indígena, cobardemente asesinadas en matanzas colectivas, y la del niño secuestrado y desaparecido, al no encontrar a su hermana que asombrosamente logró escaparse de las garras asesinas en las manos de los altos mandos militares, luego de las torturas y violaciones a las que fue sometida.

No deja de llamar la atención esa afirmación de que la persecución penal se está desarrollando en «un estadio desventajoso, negativo, injusto e imparcial», lo que nos lleva a la segunda reflexión. Por «estadio desventajoso» vamos a entender el hecho de que, por estar siendo juzgados por jueces civiles, bajo los preceptos jurídicos, y no en juicios cerrados, no públicos, en los límites del fuero militar, el «estadio» les resulta «desventajoso». Y en cuanto a que es «negativo, injusto e imparcial», vamos a entender un malestar de su parte, en el sentido de que los juzgadores han mostrado una congruente independencia, apego a la ley y los preceptos jurídicos correspondientes. ¿Dónde está lo negativo, injusto e imparcial? ¿Acaso no se ha observado el renombrado debido proceso? ¿Acaso no han contado con sus filas de abogados defensores?

Para Barrientos, «paradójicamente ellos defendieron un sistema que hoy los tiene privados de la libertad» [5]. Efectivamente, esos militares de la primera categoría, defendieron como peones, sirvientes, el sistema de los poderes e intereses económicos y políticos del capitalismo mercantilista guatemalteco, dominado y controlado por las familias y cúpulas oligárquicas y empresariales, sistema que hoy, con el neoliberalismo, es más sanguinario y más explotador. Sin embargo, no es el sistema oligárquico-empresarial el que ahora los juzga y los tiene en prisión preventiva como corresponde. Los está juzgando la conciencia ciudadana, humana, nacional e internacional, como resultado de las enormes luchas ciudadanas, tanto para desnudar los horrendos crímenes cometidos, como para soñar e intentar prevenir que Guatemala no regrese a ese horrendo pasado. Y, muy al contrario, las cúpulas oligárquico-empresariales los continúan protegiendo, a esos, los militares violadores de los derechos humanos. Son esas élites las que entorpecen los procesos judiciales y los alargan hasta el cansancio, son las que pagan abogados y compran jueces, ya para que dicten sentencias favorables a los acusados de esas violaciones, ya para que los absuelvan en totalidad. Claro, el sistema capitalista no ha cambiado, si a eso se refiere con el sistema que los tiene privados de libertad.

Barrientos afirma que «el fin del enfrentamiento fue convertido en un NEGOCIDIO, para exprimir fondos públicos y de cooperacion» [6]. El jugar, Barrientos, con la palabreja negocio, con el concepto genocidio es sumamente lamentable, quedando claro que, sin decirlo, apoya, acepta, la criminalidad contrainsurgente. Por alguna razón, se cuida la espalda, al escribir «cooperación», omitiendo intencionadamente la parte «internacional». Nadie, ni en Guatemala ni en el extranjero, a no ser quienes tienen claros intereses económicos y políticos, puede negar que la violencia contrainsurgente superó en creces los límites de la racionalidad, llegándose a la consumación del etnocidio como parte del genocidio. Este punto amerita dos reflexiones.

Indiscutiblemente, para los altos mandos militares, el conflicto armado en sí mismo, fue convertido en un total mecanismo, negociado, de enriquecimiento ilícito. Podemos indicar que de los millones que recibieron del imperialismo estadounidense, del sionismo israelita y de la corruptela taiwanesa, miles de dólares pararon en sus bolsillos. Además, ahí tenemos la ilegal apropiación violenta de las tierras de las comunidades violentamente desplazadas por las masivas masacres amparadas con las criminales teorías, estrategias, de tierra arrasada y asentamiento forzoso en las famosas «aldeas modelo». Esto, sin olvidar los negocios con los narcotraficantes, a partir de 1979, el surgimiento de las corruptas agencias de seguridad privadas, y el tráfico de armas. Esto son apenas algunos ejemplos concretos.

No puedo negar, de manera categoría, absoluta, que no se hayan formado algunas organizaciones civiles, tipo ONG, que hayan lucrado, jugado, con la asistencia económica de la cooperación internacional, tanto europea como estadounidense, canalizada por la macabra, corrupta, USAID. Aquí consideramos importante mencionar la millonaria danza realizada a partir de la creación de la Minugua. Por cierto, tengo el criterio de que esa danza fue ejecutada con la clara intencionalidad de mercantilizar la llegada de «la paz» con los mismos criterios del famoso Plan Marshall en Europa, terminada la Segunda Guerra Mundial, había que restaurar el mismo explotador sistema capitalista con una artificial repartición monetaria que corrompiera los liderazgos sociales y políticos germinados durante esa horrenda guerra. En el caso de Guatemala, buscando esos mismos objetivos, también vislumbraban el fraccionamiento, debilitamiento y distanciamiento de los conjuntos sociales proclives a convertirse una potente fuerza política en el país, capaz de continuar las luchas por una Guatemala diferente.

Lo que Barrientos denomina «la familia castrense (y el) importante espacio que ocupa en la sociedad (…) y el gremio organizado» [7], con las organizaciones paramilitares que menciona, nos permite visualizar la «orientación política» del su planteamiento en cuanto a que «un proyecto de país con ausencia de militares está incompleto» [8]. En la «familia castrense» incluye a lo que denomina «expatrulleros civiles». Sin quererlo, está reconociendo que esos tentáculos paramilitares continúan bajo el control, mando y sometimiento a los altos mandos e inteligencia militar en el país. No son «ex», son toda una fuerza activa de control y sometimiento de enormes sectores de la población a nivel nacional. Su uso controlado como «caudal político-electoral» capaz de inducir la orientación del voto, quedó demostrado en las elecciones presidenciales del 2015 que dieron el triunfo al FCN y llevaron a la Presidencia al corrupto, ladrón, titiritero defensor de la impunidad, quien, por cierto, cuenta con el casi absoluto apoyo de los altos mandos militares actuales en Guatemala. Queda claro que es un proyecto que coincide con los tambores que ya suenan provenientes de las filas del FCN y demás personajes de la escuela contrainsurgente, corrupción e impunidad. Ese no es el futuro que Guatemala espera.

Coincido plenamente con el planteamiento de Barrientos sobre la necesidad de «un proyecto político con base en la familia militar, incluyente de la sociedad en general y con presencia en los cuatro puntos cardinales del territorio» [9]. Recordemos que la Revolución de Octubre, solo fue posible al darse la alianza cívico-militar. Pero dicho proyecto político requiere la presencia de los militares de la segunda categoría aquí desarrollada. Ese mismo criterio lo sostiene el coronel de infantería, Edgar Rubio Castañeda, expresado en su libro Desde el cuartel. Otra visión de Guatemala.

Como dice Rubio Castañeda, citado por Mariel Aguilar-Støen, «el Ejército podría tener un papel en la lucha pacífica para alcanzar el objetivo de la refundación del Estado (…) Por las cúpulas militares, fuimos y somos un Ejército manipulable, aunque reconocerlo nos duele… Habrá algunos militares que se rasgarán las vestiduras vociferando a los cuatro vientos que somos un Ejército victorioso porque ganamos en el campo militar las batallas al enemigo. Lo cual cuestiono porque creo que seremos ganadores como institución cuando en este país se respeten los Derechos Humanos, no se mueran niños de hambre, se pague salarios dignos, haya oportunidades de empleo, se fortalezca al Estado y sus instituciones, se dé educación y salud de primera calidad, los campesinos tengan tierra para sus cultivos, la carga tributaria sea progresiva y los recursos naturales sean aprovechados por el Estado» [10] (p 296-297). Rubio Castañeda no cree que sea posible forjar un pacto amplio con las élites mientras no se termine con la corrupción dentro del Ejército. Como un primer paso, esto es obviamente necesario, aunque es difícil imaginar cómo se llevaría a cabo.

Concluyo, indicándole, solicitándole, a David Napoleón Barrientos Girón, si es posible, aclare las interrogantes que puedan surgir de las reflexiones presentadas, y nada menos importante, que sería sumamente ilustrativo tener, de sus manos, su opinión como politólogo y militar, sobre lo expresado por Edgar Rubio Castañeda, en el libro citado.


[1] Barrientos Girón, David Napoleón. Capital político de los militares. Guatemala, La Hora, noviembre 5, 2018

[2] – [9] Ibid.

[10] Mariel Aguilar-Støen, Mariel. Desde el cuartel: una lectura académica (poco ortodoxa). Plaza Pública, 10-06-2017.

Fuente: gazeta.gt


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