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Consultas populares pierden terreno ante la CC
Por Joanna Wetherborn - Guatemala, 30 de mayo de 2007

• CC da marcha atrás a sentencia de abril de 2006

• Politización de CC en la balanza

La Corte de Constitucionalidad ( CC ), se pronunció a favor de la acción de inconstitucionalidad planteada por abogados que trabajan para la compañía minera Montana Exploradora S.A. contra la convocatoria a la consulta popular en Sipacapa, San Marcos, realizada el 18 de junio de 2005. La resolución de la CC , anunciada el 8 de mayo, podría afectar los otros procesos consultivos realizados en el país, al establecer que las consultas populares convocadas por autoridades locales reflejan la opinión de la población sobre un tema, pero no tienen incidencia en las políticas nacionales sobre minería. En tanto, San Antonio Huista, Huehuetenango, realizó una consulta sobre el tema de minería y recientemente recibió la notificación de que la empresa minera interesada en operar en el territorio desistió de los permisos que ya le habían sido otorgados. Por otro lado, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala, se conocieron los resultados de una consulta a las comunidades, a través de la cual se rechazaron las actividades mineras y la construcción de una planta de cemento en el municipio.

CC RESUELVE A FAVOR DE MINERA. El recurso de inconstitucionalidad fue presentado por Rosa María Montenegro de Garoz en 2005, argumentando que los procedimientos realizados durante el proceso de consulta en Sipacapa violan garantías constitucionales (ver cuadro I).

La Corte de Constitucionalidad ( CC ) declaró inconstitucional el artículo 27 del Reglamento de la consulta de buena fe (que se refiere a la interpretación de los resultados), el cual establece que los mismos serán de observancia general y obligatoria en el municipio.

La CC sostuvo que debido a que la Ley del Organismo Ejecutivo designa al MEM como responsable de las políticas de exploración, explotación y comercialización de minerales, el Concejo Municipal de Sipacapa se extralimitó al decidir sobre temas que competen a otro órgano.

De acuerdo con los Magistrados de la CC , la consulta realizada en Sipacapa contra las licencias mineras de Montana Exploradora , subsidiaria de la canadiense Gold Corp ., tiene naturaleza diferente al proceso consultivo regulado en la Constitución Política , porque al dirigirse a los integrantes de una comunidad, delimitó la incumbencia local de la misma.

I  Cómo se mueven los hilos jurídicos

  La abogada Rosa María Montenegro de Garoz es integrante del bufete Asensio Barrios, Andrade & Asociados . Ella presentó la acción de constitucionalidad con el apoyo de los abogados José Sierra Rosales , Jorge Asensio Aguirre y Luis Solares , todos pertenecientes al mismo bufete. Asensio Aguirre , fundador de ese bufete , es el asesor legal de Montana Exploradora S.A. La sentencia de la CC pudo haber estado influido por intereses políticos, económicos y hasta comerciales.

Algunos de los magistrados de la CC , también laboran para bufetes de abogados que asesoran y representan legalmente a transnacionales que operan en Guatemala, y una sentencia contraria podría perjudicar los intereses empresariales que defienden en sus bufetes.

Es el caso de Alejandro Maldonado Aguirre ex presidente de la CC en 2006 cuando se analizó el caso, integra el bufete Diaz-Durán & Asociados el cual guarda estrecha relación con la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana ( AMCHAM por sus siglas en inglés), Franquicias McDonald´s y DIGAS - TROPIGAS , entre otras.

Esas y otras firmas representadas por Díaz-Durán & Asociados , son de capital estadounidense, igual que la transnacional canadiense-estadounidense Glamis Gold Ltd ., hoy absorbida por la canadiense Gold Corp. , y que opera en Guatemala a través de las subsidiarias Entremares y Montana . Existen otros vínculos políticos a nivel de la CC . Maldonado Aguirre , por ejemplo, es diputado del Partido Unionista ( PU ), y llegó a la CC en 2006 con el apoyo del partido oficial GANA , el Partido de Avanzada Nacional ( PAN ) y el PU .

Se le considera muy cercano al alcalde Álvaro Arzú , fundador del PU , quien está estrechamente ligado a la familia Novella , dueña de Cementos Progreso . Igualmente, el magistrado suplente Vinicio García Pimentel , se le cita como abogado personal de Arzú , fue defensor del guardia presidencial José Obdulio Villanueva (asesinado en un motín penitenciario) quien fue sentenciado a prisión por el asesinato de monseñor Juan Gerardi , y también abogado de grandes empresas, como la bananera Bandegua . Lo mismo reza para la magistrada Gladys Chacón Corado , quien trabajó para Arzú cuando éste fue alcalde en los años 80, y luego fue nombrada Gerente de Reforma Registral del Registro de la Propiedad durante su gobierno a finales de la década del 90.

Según fuentes cercanas a la CC , Maldonado Aguirre manejó el estudio del recurso de inconstitucionalidad y aunque para la fecha en que fue emitida la sentencia tenía un mes de haber dejado cargo de presidente de la CC , fue él quien determinó a favor del recurso interpuesto. Para ello contó con el apoyo del magistrado Roberto Molina Barreto , quien es amigo del mandatario Óscar Berger y quien lo nombró para el cargo (por obligación constitucional), tal como lo hizo cuando lo designó como Procurador General de la Nación en 2005.

El actual presidente de la CC , Mario Pérez Guerra , se le considera muy cercano a Maldonado Aguirre . Y finalmente, el magistrado Roderico Pineda , es afín al partido Frente Republicano Guatemalteco ( FRG ). La actual CC , cuyos magistrados y presidente tomaron posesión el 17 de abril de 2006, es vista como altamente politizada y defensora de múltiples intereses.

Cabe recordar que la familia presidencial ha sido vinculada la empresa minera Montana Exploradora ( Inforpress 1653).


II   Intereses alrededor del proyecto cementero

Hace alrededor de tres años, el MEM otorgó a Cementos Progreso una licencia para explorar minerales en San Juan Sacatepéquez. En abril de este año, la cementera obtuvo los derechos mineros de explotación, para iniciar con perforaciones y análisis de materiales como piedra caliza, marga y material volcánico en la finca San José Ocaña (ubicada en las cercanías del río Pachún).

La finca ocupa un área de 860 hectáreas , de las cuales 60 están destinadas para lo que será la nueva fábrica y otras 60 para la construcción de la cantera y la planta de cemento. Además, Cementos Progreso adquirió otras cuatro fincas aledañas que suman alrededor de seis caballerías de extensión.

Puesto que el gobierno central ya otorgó los permisos de exploración y explotación, corresponde a la municipalidad conceder una licencia de construcción.

Erick Zepeda, jefe del proyecto, comentó que aún no han solicitado ese permiso, pero de acuerdo con su planificación, la planta entrará en funcionamiento en 2009 y tendrá una producción anual de 2 millones de toneladas de cemento.

Adicionalmente, el Ministerio de Infraestructura y Vivienda ( MICIVI ), asignará a Cementos Progreso la construcción de una carretera de 14 kilómetros estimada en $14 millones, que irá desde la nueva fábrica hacia la Carretera Panamericana CA-1.

Cuando la fábrica comience a operar, habrá que hacer una revaloración de la propiedad para establecer la nueva tarifa a pagar a la comuna por concepto del Impuesto Único Sobre Inmuebles ( IUSI ).

La población del municipio ha manifestado su rechazo al proyecto, al igual que otro grupo opositor encabezado por el coronel retirado Hugo Tulio Búcaro (ministro de Finanzas Públicas durante el gobierno del general Romeo Lucas García ).

Búcaro adquirió, en ese entonces, la finca donde actualmente está ubicada la Escuela Politécnica y, posteriormente, compró tres propiedades más en el municipio.

Una de esas propiedades es la finca de 47 caballerías El Pilar , registrada a nombre de su esposa María Leticia Segura de Búcaro . Algunas personas aseguran que Búcaro se opone al proyecto cementero porque tenía intensiones de vender la finca El Pilar a Cementos Progreso, pero al no mostrar interés (la cementera), entonces Búcaro buscó presionar de esa forma.

De acuerdo con Zepeda , el año pasado Búcaro tuvo algunos acercamientos con la cementera e intentó venderles su finca, pero «ese terreno no tiene las condiciones físicas ni químicas que le interesan a Cementos Progreso» , afirmó Zepeda .

«Esa persona (Búcaro) , ha manipulado ilegalmente a algunas comunidades. Es posible que sea porque cuando nuestra fábrica comience a trabajar pagaremos mejores salarios que los que él paga a los trabajadores de su finca y tendrá que hacer cambios», dijo Zepeda .

Con ese fundamento la CC resolvió que un procedimiento consultivo es de naturaleza indicativa, pero sus efectos no pueden tener carácter regulatorio o decisorio sobre asuntos que no competen a las autoridades municipales o comunitarias.

La sentencia de la CC, ocurre un año después en que la anterior CC había dictaminado a favor de la consulta en Sipacapa, dictamen que nunca fue oficializado ni notificado a la población de Sipacapa por falta de firmas.

En aquel momento, ese hecho estuvo marcado por fuertes presiones de los abogados de Montana Exploradora quienes amenazaron con abrir juicio a los magistrados al momento de dejar el cargo. Pocos días después, la nueva CC fue nombrada, y comenzó a estudiar de nuevo el caso.

Con relación a la sentencia reciente, la organización ambientalista Colectivo Madreselva afirmó que «al generalizar de esta forma, la CC sienta un precedente nefasto» para los procesos de consulta, realizados y por realizarse en el país.

La Organización Internacional de Trabajo ( OIT ), el Código Municipal y la Ley de Consejos de Desarrollo, respaldan las consultas populares, pero según la CC esas normativas son amplias y poco precisas en cuanto al desarrollo de los procedimientos.

En ese sentido, la CC exhortó al Congreso de la República a reformar el Código Municipal, para que quede establecido cuándo una consulta popular tendría efectos vinculantes.

Además, la CC sugiere legislar sobre la forma cómo deben desarrollarse los procedimientos consultivos, quién debe ser el órgano que convoque y desarrolle la consulta, quiénes podrán participar, en qué momento debe realizarse y los efectos que tendrán los resultados obtenidos.

MUNICIPIO PUDO MÁS. Mientras la CC daba a conocer la sentencia, 24 comunidades de San Antonio Huista realizaron una consulta popular, el 12 de mayo, a través de la cual 5,774 personas votaron contra la explotación minera en el municipio.

Bernardo Jiménez, alcalde municipal, explicó que hace tres meses crearon una Junta Directiva Pro Consulta, que se encargó de visitar otros municipios donde ya se han realizado esos procesos (Concepción Tutuapa y San Pedro Necta, Huehuetenango; e Ixcán, Quiché), para recabar información sobre la organización. La municipalidad jugó un papel activo en el proceso, aportó Q100 mil de presupuesto y promovió la divulgación de la información a través de diferentes medios.

Según Rubén López, de la Asociación para el Desarrollo Sostenible de la Mancomunidad Huista ( ADSOSMHU ), documentaron todo el proceso y los resultados de la consulta.

«Fue una experiencia muy positiva y hemos sistematizado la información para que sirva de referencia a otros municipios» , señaló Jiménez .

Pocos días, el 15 de mayo, después de celebrada la consulta, la comuna fue notificada por la Dirección General de Minería, de que la empresa Entremares de Guatemala S.A., subsidiaria de Gold Corp., renunció a las licencias de exploración LEXR-878 Nentón I, LEXR-880 Nentón III y LEXR-881 Nentón IV, que le fueron otorgadas en 2006 para tres años. Supuestamente, la renuncia fue por no convenir a los intereses de la minera. Las licencias Nentón III y Nentón IV también fueron rechazadas por la población de San Pedro Necta, en la consulta realizada el 30 de marzo ( Inforpress Municipal 141 ).

Esos derechos mineros eran para explorar yacimientos de oro, plata, cobre, plomo y zinc en Concepción, San Antonio y Santa Ana Huista, Jacaltenango, La Democracia , La Libertad y San Miguel Acatán, Huehuetenango.

CONSULTA SIN APOYO MUNICIPAL. Caso contrario ocurrió en el departamento de Guatemala, donde 12 comunidades del municipio de San Juan Sacatepéquez realizaron un proceso de consulta a pueblos indígenas a través de asambleas comunitarias, pero sin contar con el apoyo edil.

Como resultado del proceso se emitieron 8,936 votos que manifestaron el rechazo de la población a la minería y a la construcción de una planta cementera en el territorio, y únicamente cuatro votos a favor.

Carmela Curup, asesora de la municipalidad de San Juan Sacatepéquez desde hace ocho años, indicó a Inforpress que inicialmente la comuna promovió la consulta sobre ambos proyectos, pero en vísperas de la fecha que estaba planificada, decidió suspenderla. Uno de los proyectos que se pretenden impulsar en el territorio de San Juan Sacatepéquez, es el de la actividad minera.

El MEM otorgó el año pasado la licencia de explotación LEXR-820, y recibió de la empresa Minerales Industriales de Centroamérica S.A. ( MICENSA, que también se identifica como Minerales Industriales de Guatemala S.A.), la solicitud de licencia SEXT-08-06 para explotar 37 minerales en el municipio, proyecto al cual denominará San José MINCESA .

El otro proyecto se refiere a la construcción de una planta cementera de la empresa Cementos Progreso S. A. en la finca San José Ocaña (cuadro II).

Según Curup , la municipalidad convocó a la consulta y promovió reuniones públicas con las comunidades. También se creó un Reglamento de Consulta a Pueblos Indígenas .

Luego, el Concejo Municipal cambió la fecha de la consulta, para más tarde revocar el Acuerdo de convocatoria.

De acuerdo con el Concejal II, Luis Boj, el motivo principal fue que la municipalidad no contaba con recursos económicos, aunque reconoce que debieron apoyar a la población.

Ese incidente podría afectar la aceptación de la población hacia el alcalde Lázaro Pirir , quien buscará la reelección en los próximos comicios.

«La decisión de la gente debe respetarse, no se le debe imponer algo con lo que no esté de acuerdo. Por el momento no se han promovido acercamientos, se siente el malestar en las comunidades» , dijo Boj .

Las comunidades decidieron llevar a cabo la consulta aun sin el apoyo de la comuna. Además, interpusieron un amparo contra la municipalidad y pretenden acudir a instancias internacionales para obtener un fallo favorable.

«Las comunidades recurrirán al derecho internacional porque es más factible. Los tribunales y entidades públicas del país cierran sus puertas y no permiten acceder a la justicia» , aseguró Curup .

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