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Gobierno de Berger deja puertas abiertas a sector minero y energético
Por Joanna Wetherborn - Guatemala, 3 de diciembre de 2007

• Critican política nacional no consensuada

• Se prevén más proyectos mineros e hidroeléctricos

• Proyectos mineros tensan relaciones sociales

Recientes decisiones del Ejecutivo que respaldan a la minería, han despertado críticas de diversos sectores, debido a que se contraponen a las múltiples consultas comunitarias que han rechazado la minería. A decir de las organizaciones sociales, la postura oficial comprueba que las autoridades defienden intereses privados empresariales. Igualmente, el Cardenal Rodolfo Quezada Toruño, declaró a la prensa local que «Este gobierno se va a llevar a la historia la mala fortuna de haber hecho concesiones por todos lados y haber defendido a esas empresas casi como si fueran familiares». Mientras tanto, los precios del oro alcanzan niveles sin precedentes lo que despierta mayor interés de las mineras por iniciar nuevos proyectos extractivos en el país.

POLÍTICA PARCIAL DE MINERÍA Y ENERGÉTICOS. El gobierno del presidente Óscar Berger se caracterizó por ser un abierto promotor de las actividades extractivas y de explotación de los recursos naturales en el país, con el argumento de que estas actividades «están mejorando el desarrollo y la calidad de vida de la población

El lanzamiento de la política nacional de minería y energética 2008-2015, reflejó el apoyo del presidente y de muchos funcionarios a los grupos de poder económico, insertados en esas áreas económicas (Inforpress 1727).

En su más reciente espaldarazo a aquellas actividades, el mandatario, a través del Acuerdo Gubernativo 499-2007, declaró de interés nacional la promoción y fortalecimiento del sector energético y minero, y MEM actuar en función de ello. Sobre las últimas decisiones del Ejecutivo en materia extractiva y energética, Arnoldo Yat , de la Asociación Estoreña para el Desarrollo y la Paz (AEPDI), indicó que estas medidas no responden a las necesidades de la población en el marco de desarrollo económico, porque no involucran la participación de la población afectada que es mayoritariamente indígena.

Opinión similar expresó Vinicio López de la Diócesis de San Marcos, al asegurar que «la política sobre minería y energéticos prostituye lo que la comisión de alto nivel había consensuado. Pareciera que fue elaborada por los mismos empresarios» , agregó.

Al respecto, José Manuel Chacón del colectivo ambientalista Madreselva, calificó de prepotente y poco ética la actitud del gobierno y criticó la poca atención que se ha brindado al tema. «Los medios masivos de comunicación no profundizan en los impactos de este tipo de políticas porque también pertenecen a un sector económico. Es importante que se comience la discusión de estos temas ahora, para que durante el próximo gobierno no repita los mismos errores», dijo.

El ambientalista advirtió que este tipo de políticas no concensuadas podrían generar elementos de mayor ingobernabilidad, «porque a la gente no le quedará más opción que tomar medidas de resistencia como las que les ha permitido la autonomía municipal, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la declaratoria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos indígenas », aseguró.

I. Juicio contra líderes comunitarios por supuesta obstrucción a la mina Marlin

Entre el 11 y 22 enero de este año, unos 600 habitantes de varias comunidades de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, bloquearon las diferentes rutas de acceso a la mina Marlin , operada desde hace dos años por la empresa Montana Exploradora de Guatemala S.A., subsidiaria de la transnacional Goldcorp.

El bloqueo se realizó como medida de presión para que la empresa aceptara renegociar el precio de las tierras, de pedir una compensación de las grietas en sus casas, y de exigir que se realice un monitoreo independiente en los ríos cercanos a la mina. En los días siguientes Montana solicitó la captura de siete líderes de comunitarios acusándolos «obstruir el proyecto minero» y cometer los delitos de lesión, coacción, amenaza e instigación a delinquir.

El 28 de agosto, el Juzgado que conoció el proceso, con fundamento en las pruebas presentadas por el Ministerio Público (MP), ordenó que el caso se llevara a juicio penal oral y público. Durante la audiencia de apertura al juicio, los abogados de la minera solicitaron Q800 mil por supuestos daños y perjuicios.

Sin embargo, esa suma de dinero no fue el interés real de Montana, pues en julio intentó realizar un «acto conciliatorio» que implicaba que los siete acusados presentaran una carta pública de disculpas a la empresa minera y se comprometieran a no actuar o manifestarse contra los intereses de la empresa.

Según indicó Fernando Martínez , de la Comisión Pastoral Paz y Ecología (COPAE) en San Marcos, el proceso se encuentra en la fase oral desde el 12 de noviembre, pero se está demorando debido a que la parte demandante ha solicitado receso en dos ocasiones para presentar nuevos elementos probatorios. «Las pruebas presentadas han sido los testimonios de algunos trabajadores de la compañía y de habitantes del área, algunos videos y fotografías. Pero ninguna de las pruebas puede utilizarse para responsabilizar directamente a los acusados por el bloqueo», comentó Martínez .

Al respecto, Vinicio López de la Diócesis de San Marcos (querellante adhesivo a favor de los comunitarios), aseguró que al inicio del juicio pensaron que este caso pondría a prueba al sistema de justicia y le daría la posibilidad de rescatar su credibilidad, pero que en el transcurso del proceso esos supuestos quedaron descartados.

«Vemos que no hay imparcialidad en el caso, el MP está muy vinculado con la empresa y el tribunal en 8 días ha suspendido dos veces el juicio a solicitud de Montana. Hemos comprobado que Montana traslada al personal del MP para realizar la investigación y tenemos fotografías en las cuales aparecen junto a agentes de la Policía comiendo en las instalaciones de Montana», aseguró López .

En relación al tema, el director ejecutivo de Montana Exploradora, Eduardo Villacorta , indicó en declaraciones a la prensa que el actuar de los acusados fue manipulado por grupos que intentan interrumpir la armonía que la empresa mantiene con las comunidades. «El tema del precio de los terrenos se discutió en su momento y la empresa pagó hasta cuatro veces el valor declarado en los títulos de propiedad. No justificamos el bloqueo del proyecto, las agresiones al personal ni los daños ocasionados a las instalaciones de la empresa» , expresó.

MÁS PROYECTOS MINEROS A LA VISTA. Recientemente se ha registrado actividad minera en el departamento de Chiquimula (fronterizo con Honduras y El Salvador), donde existen 18 permisos mineros de exploración, la mayoría otorgados a compañías transnacionales. Recientes exploraciones realizadas por compañías como Glamis Gold y Radius Explorations demostraron el gran potencial de la región y la empresa canadiense Goldex Resources estimó factible la explotación de la zona si se llegan a establecer otras 500 mil onzas troy de oro, en los proyectos que opera en Chiquimula.

El 15 de noviembre, Goldex anunció el comienzo de las operaciones de perforación en el sitio denominado El Pato, ubicado en el cerro Las Minas, el cual abarca territorio de los municipios de Chiquimula y San José La Arada.

La compañía espera asegurar un millón de onzas troy de oro con el proyecto minero. Tomando en cuenta que el valor actual por onza troy de oro es de US$850 (Q6,350), la empresa obtendría Q6,350 millones. La explotación se realizará a través de la subsidiaria Compañía Minera El Cóndor, S.A. (CMC), a la cual el Ministerio de Energía y Minas (MEM) otorgó una la licencia para explotar yacimientos de oro y plata hasta el año 2010. El área de exploración es de aproximadamente 126 kilómetros cuadrados y abarca territorio de los departamentos de Chiquimula y de Jalapa.

Para llevar a cabo la exploración en El Pato, Goldex Resources consiguió la asistencia de varios expertos de la compañía Barrick Gold, la principal empresa productora de oro en el mundo (Boletín El Roble Vigoroso 5).

Montana Exploradora también busca incrementar el número de proyectos mineros que opera en el país, sin que las pretensiones de la empresa resulten afectadas por el juicio que ésta inició contra siete líderes comunitarios responsabilizados por el bloqueo de la mina Marlin, en San Marcos, donde desde hace dos años Montana explota oro (ver cuadro).

De acuerdo con Eduardo Villacorta, director ejecutivo de Montana , acaban de recibir las licencias de aprovechamiento para el proyecto termal de energía Cerro Blanco, ubicado en Asunción Mita, Jutiapa. Según estimaciones preliminares de la empresa, el proyecto tiene un potencial de 1.2 millones de onzas de oro y la existencia de aguas termales aunque dificulta la extracción del mineral, favorece la instalación de una planta geotérmica para generar electricidad.

Villacorta también indicó que están explorando depósitos de minerales en otras áreas de Jutiapa y Santa Rosa para evaluar la posibilidad de instalar otro proyecto minero. «El boom internacional en los precios del oro puede ser bueno para el país porque atrae la inversión extranjera en las actividades mineras e incrementa los ingresos por regalías…» , agregó.

II. CGN viola derechos laborales de sus trabajadores

El 15 de noviembre, cuatro trabajadores de la Compañía Guatemalteca de Níquel ( CGN ) en El Estor, Izabal, fueron obligados a abandonar sus puestos de trabajo.

Una de esas cuatro personas, quien pidió no mencionar su nombre, indicó que verbalmente les comunicaron de la terminación de su relación laboral con la compañía y que la remoción se debió a que junto a otras 28 empleados de la minera han planteado la constitución de un sindicato de trabajadores. «Entre abril y mayo comenzamos a organizarnos para crear un sindicato, integramos un comité Ad Hoc y estamos gestionando los trámites correspondientes. Hace alrededor de tres meses comenzaron las intimidaciones y coacciones de la empresa contra los trabajadores que nos estamos organizando» , comentó.

Jorge Pinto, uno de los abogados del bufete Toledo Paz y Asociados que está representando al comité de trabajadores, explicó que CGN procedió ilegalmente porque las cuatro personas despedidas sin causa justificada gozaban de inamovilidad laboral desde que notificaron ante el juzgado de trabajo correspondiente la intensión de integrar un sindicato.

La empresa cuenta con 120 empleados fijos y más de 350 empleados indirectos que realizan labores de construcción. Los trabajadores organizados pretenden mejorar las condiciones laborales dentro de la empresa a través de la aprobación de un reglamento laboral, implementar el mecanismo de contratos de trabajo y llegar a negociar un pacto colectivo de condiciones laborales con las autoridades de CGN.

«Sin embargo, la empresa utilizó métodos coercitivos, y contrarios a las leyes laborales vigentes. Ni siquiera se puede catalogar como un despido porque estas personas fueron sacadas bajo intimidaciones y amenazas de la empresa» , criticó Pinto.

La denuncia por reinstalación se presentó ante el Juzgado de Trabajo de Puerto Barrios y éste falló a favor de los trabajadores. No obstante, según indicó Pinto las autoridades de la empresa no atendieron la orden y contrario a ello han incrementado las acciones de intimidación contra los empleados.

«A los trabajadores les han dicho que los reinstalarán en sus puestos, siempre y cuando desistan de la constitución del Sindicato. Son represalias empresariales para no aceptar las mejoras para los trabajadores» , concluyó.

MALESTAR Y DESCONTENTO EN LA POBLACIÓN. De acuerdo con la opinión de varios expertos, el principal malestar de las comunidades ante el actuar oficial y de las transnacionales mineras, ha sido que el gobierno que no ha propiciado acercamientos reales con las comunidades y ha mantenido los oídos sordos antes sus peticiones.

Los estudios de impacto ambiental y permisos concedidos por el MARN y las licencias de reconocimiento, exploración y explotación otorgadas por el MEM , han originado planteamientos y posiciones de resistencia a la mayoría de los proyectos mineros y energéticos, por la manera en que se plantearon y se están operando. Por ello, sumado a los procesos de consulta realizados en el país sobre distintos proyectos extractivos, se agrega la consulta prevista para el 1 de diciembre en San Miguel Acatán, Huehuetenango. De acuerdo con el ambientalista José Chacón, sólo en ese departamento se prevé la realización de cuatro más en 2008.

Otra de las debilidades señaladas es la falta de capacidad ministerial para monitorear los proyectos que se pretenden realizar en el país. Según información de Madreselva , la minera Mayaniquel S.A. ha estado operando en Cahabón, Alta Verapaz y El Estor, Izabal, sin los permisos ambientales correspondientes.

La vulnerabilidad del medio ambiente es una de las mayores preocupaciones ante la explotación de los recursos. Prueba de ello es que en agosto de este año la Diócesis de San Marcos y la Comisión Pastoral Paz y Ecología (COPAE), enviaron un pronunciamiento a Berger y al MARN , acerca de si existen las condiciones técnicas necesarias para evitar condiciones de riesgo por la posible descarga de los primeros diques de cola de la mina Marlin , San Marcos, la cual según el estudio de impacto ambiental del proyecto Marlin , está prevista a realizarse entre 2007 y 2008.

La versión oficial y la de las empresas, es que los proyectos están operando bajo los estándares y controles legales establecidos. «La represa de colas es un elemento muy serio y así lo estamos manejando. Aún no hemos planificado ninguna descarga porque se están construyendo la represa de colas y la planta de tratamiento. Antes de iniciar las descargas el agua será muestreada y evaluada», aseguró Eduardo Villacorta .

Sin embargo, las declaraciones empresariales no son suficientes, pues según Vinicio López, tendría que reformarse o reestructurarse el papel que juegan las instancias gubernamentales para elevar su capacidad técnica y financiera. El control y monitoreo debe existir en todos los ámbitos de operación de las empresas, para garantizar que actúan dentro del marco de la ley y en condiciones económicas, ambientales y laborales justas (Cuadro II).

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