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A propósito de la declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas
Por Kajkoj Ba Tiul - Guatemala, 20 de septiembre 2007

“La historia la hacen los pueblos”
Salvador Allende

Después de dos décadas de haberse iniciado la discusión para que Naciones Unidas adoptara una Declaración en relación a los Derechos de los Pueblos Indígenas. Este 13 de septiembre finalmente fue adoptada por la Asamblea General de la ONU, con una votación de 143 países a favor y 4 en contra (Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Estados Unidos) y 11 abstenciones (Azerbaijan, Balgladesh, Bhutan, Burundi, Colombia, Georgia, Kenya, Nigeria, Federación Rusa, Samoa y Ukrania).

Se estima que más de 370 millones de personas pertenecen a pueblos indígenas, que corresponde a aproximadamente cinco mil pueblos indígenas en todo el mundo y éstos están diseminados en aproximadamente 70 países y todos los Estados siguen manteniendo una deuda social con los pueblos indígenas y que aún se resisten en reconocerlo.

Los indígenas son los más afectados por la pobreza y la extrema pobreza. No tienen acceso a la salud, a la educación y a la vivienda de calidad. A estas situaciones se suma el etnocidio, el genocidio y últimamente el ecocidio, promovido por los propios Estados nacionales conjuntamente con sus oligarquías y amparados por las grandes potencias, principalmente por Estados Unidos.

En América Latina y principalmente en América Central, el proyecto de explotación de los recursos naturales, denominado “Explotación de Minas a Cielo Abierto”, ha estado generando una nueva forma de explotación y represión en los territorios indígenas. Esto traerá consigo, cómo es la pretensión del neoliberalismo, la destrucción de la identidad, desarrollo de la migración de indígenas hacia las zonas urbanas principalmente a Estados Unidos , la piratería de la medicina indígena y la destrucción de los conocimientos científicos heredados de los antepasados indígenas.

La adopción de la Declaración viene a sumarse a otros instrumentos internacionales que, como el Convenio 169 de la OIT, protegen y reconocen los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, como: mantener y fortalecer sus propias instituciones, culturas, tradiciones y promover su propio desarrollo de acuerdo a sus necesidades y aspiraciones. Promueve también normas para el respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas, reconociendo los derechos que tienen los pueblos indígenas a no ser discriminados, excluidos y marginados de los beneficios que debe prestar el Estado.

La declaración es un documento de 46 artículos que reconoce, los derechos colectivos, civiles y políticos, económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas. Refridos a la educación, salud, empleo, idioma, consulta, entre otros. Pero principalmente reconoce a los indígenas el derecho a ser “pueblo” tal y como se plantea en otros instrumentos internacionales como la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por otro lado, afirma la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.

Entre los elementos importantes que desarrolla esta declaración, está lo referente al derecho que tienen los pueblos indígenas a la libre determinación, a la autonomía o al autogobierno. Así también al derecho de conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.

Reconoce el derecho que tienen los pueblos indígenas a proteger y conservar sus tierras y territorios y por lo tanto nadie podrá desalojarlos ni quitárselos sin previo consentimiento y si se hiciera, los pueblos indígenas pueden demandar resarcimiento, reparación o indemnización.

Se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a revitalizar y fortalecer sus tradiciones y costumbres, así como; utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idioma, valores, etc., y los Estados buscaran los mecanismos necesarios para asegurar este derecho. Así como el derecho a tener su propio sistema educativo y sistema de salud y con base a la medicina indígena. Además se reconoce el derecho que los pueblos indígenas tienen para acceder a los medios de información sin discriminación. Relacionado con lo anterior, se reconoce el derecho de los pueblos a construir su propio modelo de desarrollo.

Algo muy importante que reconoce la Declaración es el derecho de los pueblos indígenas a participar en la adopción de decisiones que les afecten, por medio de sus representante elegidos por ellos mismos. Importante porque hasta el momento los llamado “representantes” son electos por el Estado o propuestos de forma personal e individual.

Al mismo tiempo se reconocer el derecho que tienen los pueblos indígenas al goce y disfrute de sus tierras y territorio. A la reparación o indemnización en el caso de la usurpación de tierras y territorios que tradicionalmente han ocupado y las que les fueron usurpadas. Al mismo tiempo, reconoce que no se desarrollen actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una amenaza para el interés público.

Se hace urgente la atención a la desmilitarización de las tierras y territorios indígenas, porque actualmente está relacionada con las políticas antiterroristas y antinarcóticos de Estados Unidos. Lamentablemente la declaración no es clara cuando se refiere a la “amenaza para el interés público”, porque con esta ambigüedad deja abierto a los Estados cualquier justificación para la militarización, como sucede en el Cauca de Colombia o en la zona Nor Occidental de Guatemala.

Otro de los problemas que presenta la Declaración es que, si bien es cierto, deja a las Naciones Unidas y a sus órganos, incluido el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas y los organismos especializados, en particular a nivel local, así como los Estados, la promoción del respeto y la plena aplicación de las disposiciones de la Declaración y quienes velarán por su eficacia. Al mismo tiempo que recomienda que los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptar las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, para alcanzar sus fines. Estamos claros que con la característica tradicional de los Estados en relación a los pueblos indígenas, que son racistas, discriminadoras y paternalistas, tal consulta si no está legislada claramente no tendrá efecto real en beneficio de los pueblos indígenas.

Ya desde el preámbulo de esta declaración encontramos ambigüedades, distanciamientos de los derechos que quisiera reconocer profundamente, pero que a la vez teme que los pueblos indígenas quieran romper radicalmente su relacionamiento con los actuales Estados nacionales y precisamente por eso se aleja del propio espíritu de la declaración, como se demuestra en al párrafo que dice: que la situación de los pueblos indígenas varía según las regiones y los países y que se debe tener en cuenta la significación de las particularidad nacionales y regionales y de las diversas tradiciones históricas y culturales. Aquí contradice las demandas continentales y mundiales que hacen los pueblos indígenas, al referirse que todos están discriminados, excluidos y muchas veces folclorizados por los Estados, además que desconoce que los problemas económicos, sociales y culturales, como la pobreza, problemas de salud y educación, quienes lo sufren más son los indígenas y entre ellos las mujeres y los niños y es una situación mundial.

La gran trampa de esta declaración y que deberá de ser discutida ampliamente por los pueblos indígenas y sus organizaciones, es lo referente al articulo 46, cuando afirma que “nada de lo señalado en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que confiere a un Estado, pueblo, grupo o persona derecho alguno a participar en una actividad o a realizar un acto contrarios a la Carta de las Naciones Unidas o se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial o unidad política de Estados soberanos e independientes. Porque si bien es cierto que en todo el documento reconoce la categoría de pueblo y por lo tanto la autonomía y la libre determinación y el autogobierno de los pueblos indígenas, pero según la anterior disposición de la Declaración, ésta puede hacer manteniendo la unidad nacional, contrario a las demandas indígenas de “refundar los Estados de sus propias visiones”.

Por otro lado, la declaración si bien reconoce una gama de derechos para los pueblos indígenas, deja a los Estados la libertad de desarrollar la legislación respectiva y que si bien es cierto que recomienda que deben tomar en cuenta a los pueblos indígenas, pero lo deja bajo la propia responsabilidad de los Estados, aunque bajo la vigilancia del sistema de las Naciones Unidas, cuando sabemos que esto no ha funcionado en el recorrido de la historia de la ONU.

Finalmente, la Declaración reconoce como único sistema válido a la democracia liberal y los valores propios de este sistema y que hasta el momento ha sido nefasto hacia los pueblos indígenas.

Queda ahora bajo la responsabilidad de los pueblos indígenas y sus movimientos discutir ampliamente las ventajas y desventajas de esta declaración, porque si bien es cierto que por un lado es producto de muchos años de trabajo y de discusiones, no puede ser recibida como un logro rotundo, porque creemos que tiene muchos vicios y en vez de fortalecer las demandas de autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas, a quien fortalece jurídica, política, económica y socialmente es a los Estados y principalmente a las potencias que quieren seguir adueñándose de las tierras y territorios indígenas principalmente del continente latinoamericano, aunque éstas, como Estados Unidos, se opongan a la aprobación de la misma Declaración.

Fuente: www.i-dem.org - Nueva Época número 1290 - 190907


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