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El código de la represión
Por Kate Doyle - Guanajuato, México, 28 de diciembre de 2007

En la guerra civil de 36 años en Guatemala, el País era una enorme tumba sin epitafio. Más de 200 mil personas habían muerto o desaparecido en el conflicto, la mayoría civiles inermes.

En 1997 una comisión de la verdad establecida por los acuerdos de paz, la Comisión de Esclarecimiento Histórico, abrió sus puertas y empezó a desenterrar cadáveres por todo el País. Brigadas de entrevistadores fueron desplegadas para visitar villas remotas con el fin de recabar testimonios de primera mano sobre masacres, violaciones, torturas y secuestros. Las víctimas hablaron y hablaron. El Estado permaneció en silencio.

La comisión envió cartas a los ministerios de Defensa y del Interior, solicitando información sobre las operaciones de las fuerzas de seguridad durante la guerra. Querían documentos: actas de la Policía, planes, órdenes, reportes de inteligencia y operacionales, memorandos posteriores a la acción. Prácticamente no recibieron nada. El Ejército y la Policía obstruyeron la investigación y el Gobierno los respaldó. Los funcionarios guatemaltecos, se le dijo a la comisión, no documentaban sus actividades diarias como lo hacían funcionarios de países más desarrollados. Que ningún documento generado por el régimen había sobrevivido a la guerra, se convirtió en un artículo de fe. (…)

Sin embargo, en 2005 el silencio del Gobierno se hizo trizas. En mayo de ese año, los habitantes de un populoso barrio de trabajadores en la Ciudad de Guatemala enviaron al procurador de Derechos Humanos del País, Sergio Morales Alvarado, una queja sobre el inadecuado almacenamiento de explosivos en una base local de la Policía.

La primera demanda del Procurador a las autoridades para que se llevaran las granadas, municiones, bombas caseras, bombas de mortero y costales de clorato de potasio decomisados a lo largo de los años por la Policía, fue ignorada. Pero después de que una explosión fortuita en una base militar cercana encabezó las noticias unas cuantas semanas más tarde, la Policía Nacional Civil accedió a trasladar las armas a otra parte.

El 5 de julio Morales envió a un equipo de inspectores a verificar el desalojo, y fue durante esta visita que tropezaron con un archivo de la anterior Policía Nacional de Guatemala (…), una institución tan absolutamente cómplice en las atrocidades de la guerra civil, que fue considerada irredimible y disuelta en 1997.

Morales inmediatamente obtuvo la orden de un juez que le otorgaba acceso irrestricto a los registros, para buscar evidencias sobre los abusos contra los derechos humanos.

“El día que fuimos al archivo tras obtener la orden del juez -dice Carla Villagrán, una de las principales colaboradoras de la oficina del Procurador–, abrimos una de las gavetas de los registros en el primer cuarto en el que entramos y ahí había docenas de carpetas marcadas con los nombres de algunos de los más famosos casos de asesinato en Guatemala”.

Entre esos documentos había fichas sobre Mario López Larrave (abogado laboral y popular profesor de leyes en la Universidad Nacional, ametrallado cuando salía de su oficina el 8 de julio de 1977), Manuel Colom Argueta (uno de los políticos más prometedores de la oposición, asesinado el 22 de marzo de 1979, una semana después de registrar su nuevo partido) y Myrna Mack (una joven antropóloga que trabajaba con sobrevivientes de las masacres en las comunidades mayas y que fue apuñalada en el Centro de la Ciudad de Guatemala el 11 de septiembre de 1990).

“Cuando abrimos las carpetas no sólo encontramos reportes rutinarios de la Policía, sino toda clase de cosas -dice Carla-. Detalles sobre operaciones de vigilancia que los ubicaban antes de matarlos, por ejemplo”.

La ficha de López Larrave incluía una lista a máquina con 12 nombres; el suyo estaba tachado con tinta. De los 12, nueve eran de personas asesinadas o secuestradas a fines de los años setenta como sospechosos de subversión.

La aparición del archivo armó un gran revuelo en Guatemala, aunque el Gobierno intentó minimizar el descubrimiento. “Por supuesto que tenemos registros -dijo el ministro del Interior, Carlos Vielmann-, ¡somos la Policía!”.

Dos años y medio después, la oficina del Procurador de Derechos Humanos está terminando su informe sobre el archivo. Su publicación, prevista para principios de 2008, se dará justamente cuando el nuevo Presidente tome posesión, después de una campaña particularmente tensa.

(...)

Archivos del terror

Llegué a la Ciudad de Guatemala cinco semanas después de que el archivo fue descubierto. En medio del intenso tráfico de mediodía, tardamos 40 minutos en recorrer los tres kilómetros que separan las oficinas del Procurador de las instalaciones donde se encontraron los registros, pero finalmente llegamos hasta los muros de un extenso destacamento de la Policía Nacional Civil. (...)

Con una mano al volante y en la otra su teléfono celular, Carla condujo hábilmente su auto entre las carrocerías oxidadas de vehículos abandonados que se amontonaban unos sobre otros y, después de múltiples sacudidas sobre el asfalto roto, llegamos a un grupo de edificios bajos en el extremo del complejo.

Al descender del coche escuchamos los ladridos de los perros policía enjaulados ahí cerca y, a través de los vidrios rotos de las estrechas ventanas que miraban al patio, se podían ver ya los documentos apilados.

Carla dibujó una sonrisa irónica al tiempo que me extendía un par de guantes de hule: “¿Estás lista?”

Entré a unos corredores totalmente oscuros que no conducían a sitio alguno, con goteras, lámparas rotas colgando de alambres y unas manchas ominosas en el suelo. Personal femenino de la Policía que trabajaba en la administración de los registros nos recibió en una pequeña antecámara y luego nos condujo al primer cuarto. Sobre cada centímetro disponible del suelo de cemento había torres de documentos y carpetas enmohecidas, amarradas con mecate y enterradas en cascajo. El papel se descomponía frente a nosotros, convirtiéndose en una composta marrón de la que brotaban pequeños retoños verdes.

Pasamos de una a otra de estas cavernas, eludiendo las oxidadas gavetas de registro y los filosos bordes de viejas placas de coche tiradas en el suelo. El deterioro era abrumador; por todas partes había insectos muertos, excrementos de murciélagos y pájaros. A través de nuestros delgados cubrebocas se aspiraba un aire de muerte.

Había cinco edificios en total y cada uno guardaba sus peculiares secretos. En uno se alineaban contra las paredes archiveros de metal, con letreros improvisados en marcador negro sobre sus gavetas: “asesinatos”, “homicidios”, “secuestros”. En otro, tuvimos que entrar con cuidado para no pisar aparentes montones de basura que, vistos con más atención, eran miles de documentos de identidad con fotografías en blanco y negro. El personal los estaba acomodando en pilas, para luego meterlos en bolsas de plástico transparente.

Tomé al azar un registro del suelo. Era un informe sobre tres cadáveres no identificados, encontrados en las barrancas de los alrededores de la Ciudad de Guatemala. (…)

Conforme avanzábamos de cuarto en cuarto, éramos acompañadas por mujeres policía que solícitamente abrían gavetas o sacaban documentos de las carpetas cuando se les requería. Sólo una vez se negaron, cuando llegamos a una pila de registros del antiguo Cuerpo de Detectives, un escuadrón de operaciones especiales muy temido que existió en los setenta y principios de lo ochenta, famoso por su participación en el secuestro, tortura y ejecución de supuestos subversivos. Le pedimos a la mujer a cargo que nos prestara algunas de las carpetas, pero primero empezó a sacudir negativamente su cabeza y luego su dedo: “No, no se puede”. Tardamos algunos minutos en entender: no estaba prohibido que los viéramos, pero casi diez años después de la abolición de la Policía Nacional, ella todavía tenía órdenes estrictas de no tocar nada.

Luego Carla y yo subimos algunos escalones de concreto hasta el segundo piso de un edificio. (…) Archivos internos de empleados de la Policía se amontonaban en gavetas oxidadas por el tiempo, incluyendo documentos de identidad de miles de “orejas”, civiles que trabajaban para la Policía como informantes, delatando a sus vecinos. Nóminas de años se encontraban esparcidas sobre las mesas, identificando a agentes de Policía y a sus superiores, dónde habían prestado sus servicios y con qué capacidad. Había cientos de rollos de película no revelados, grandes discos obsoletos de computadora y enormes carpetas encuadernadas en cuero, en las que estaba escrito “comunistas capturados” con tinta borrosa de hace mucho tiempo.

Modus operandi

Para los investigadores de derechos humanos fue el descubrimiento de una etapa de vida, el escenario largamente abandonado de un crimen terrible. Sin embargo, el esfuerzo requerido para salvaguardar los registros y recuperar la evidencia sepultada en ellos parecía superior a la capacidad humana.

El reto más grande, empero, era cómo estas incontables páginas cobrarían sentido para el resto de la sociedad. Su apertura, ¿conduciría a otro conocimiento simbólico del pasado o a la transformación de la historia del País? Incluso los funcionarios de la oficina de Derechos Humanos de Guatemala se preguntaban qué hacer con ese archivo.

El Gobierno abordó el asunto con estudiada indiferencia y no hizo nada. Mientras tanto, familiares de los desaparecidos clamaban por información sobre sus seres queridos, a pesar de que los registros permanecían en desorden.

Desesperada, Carla empezó a pedir ayuda a aliados guatemaltecos e internacionales. Yo contacté a Trudy Peterson, una antigua jefa de archivistas del Gobierno de Estados Unidos, y le pregunté si estaría dispuesta a hacer una valoración del archivo, a lo cual accedió.

(…) Para Carla estaba claro que requerirían de la asistencia de Trudy durante un largo plazo, además de todas las otras necesidades que tenían: equipo, materiales, más gente y un espacio seguro. A falta de apoyo gubernamental, otros asumieron el reto. (…) La comunidad local de derechos humanos ofreció voluntarios. Y una vez que el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas aceptó fungir como el fiscal administrativo del proyecto, empezaron a fluir donaciones internacionales, encabezadas por una aportación de 2 millones de dólares del Gobierno sueco. Alemania, Holanda, Suiza y la provincia española de Cataluña se sumaron con varios millones de dólares más. (Después de que el embajador estadounidense hiciera un recorrido por el archivo, Estados Unidos donó 106 anaqueles metálicos). Eventualmente, la oficina del Procurador estuvo en condiciones de contratar a docenas de personas para el equipo. A partir de 2006, Trudy empezó a volar regularmente a Guatemala, gracias a los suizos.

Yo me incorporé recientemente, cuando Trudy se reunió con el equipo que trabajaba los registros del Cuerpo de Detectives. En esa área había dos largas mesas, sobre las que trabajaban afanosamente 18 personas: formales veinteañeros recién salidos de la universidad, jóvenes desenfadados con ipods, narigueras y playeras del Che, y unos cuantos ex militantes, mayores y serios. Algunos utilizaban suaves y gordas brochas para barrer el polvo de cada página y otros removían viejas pilas de documentos, reunían fotos sueltas o ataban fichas en paquetes con suaves cintas de algodón. Otros examinaban el contenido de los registros, desmadejados textos incriminatorios propios para investigadores.

Observar a Trudy estudiando los documentos, era como ver a alguien descifrando antiguas ruinas. Con el tiempo, Trudy ha logrado descubrir el lenguaje secreto de la burocracia y ahora enseña al equipo cómo interpretar el número de los registros internos, qué sellos de tinta corresponden a qué departamentos, y los motivos de los diferentes colores de las copias.

Ya descifrado ese código burocrático, un investigador puede jalar la hebra de un crimen de derechos humanos y seguirla hasta su inicio: la unidad de la Policía que lo cometió y los nombres individuales de los oficiales involucrados.

Mónica, la joven que encabeza el equipo, expuso los logros obtenidos hasta el momento: 389 cajas de documentos que cubren la década que está siendo examinada por los investigadores (1975-1985, los años más violentos de la guerra y el foco del proyecto). “Y hemos encontrado mucha información política en estos documentos, como anotaciones escritas a mano en el reverso de las cartas de identidad, que dicen ‘comunista’ o ‘subversivo’. También hay en ellas anotaciones de números de fichas de registro y fechas”.

Trudy aprovechó la oportunidad para dar una lección de archivismo: “Si estás tratando de descubrir lo que le ocurrió a una persona desaparecida, empezarías por su nombre, para localizar su ‘ficha’ (el registro de identidad), y uno de los números al reverso de ella se referirá al ‘libro’ (una de las carpetas grandes que indican cuándo las ‘denuncias’ fueron levantadas contra los sospechosos), y este ‘libro’ te dará el número de archivo de las ‘denuncias’, para que puedas ir a él y examinar la naturaleza de los cargos, y así sucesivamente. Este es el motivo por el que queremos guardar los documentos por tipos: con todas las ‘fichas’ en un grupo y el de ‘denuncias’ en otro, y los radiotelegramas, informes y correspondencia en sus respectivos paquetes –todos dentro del Cuerpo de Detectives. Así es como la propia Policía archivó los documentos”.

(…) Cuando Trudy y sus colegas guatemaltecos revisaron juntos los documentos, ella comprendió algo crucial sobre la Policía Nacional: no estaba muy interesada en combatir el crimen y los registros no estaban organizados para respaldar juicios. Lo importante era la cacería de subversivos.

La Policía Nacional era absorbida por la persecución, la muerte y la necesidad de cubrir las pistas. Tomemos por ejemplo las “novedades”. Cada unidad de Policía elaboraba estos informes regulares sobre sus actividades durante un período determinado y las enviaba a sus comandantes, creando un flujo constante de información de los escuadrones a los jefes de sección, de éstos a los cuarteles generales de la policía, y de éstos a la jefatura de Estado. Juntos, estos informes dan un sentido dramático al control que las fuerzas de seguridad tenían sobre la vida diaria en la Ciudad de Guatemala.

Las unidades de Policía lo mismo cateaban negocios y casas particulares, que hacían búsquedas en centros educativos, bloqueaban carreteras y rastreaban en mercados, estaciones de autobuses, el zoológico y otros lugares públicos. Entraban en imprentas buscando literatura subversiva o rastreaban vehículos sospechosos en talleres de reparación. Monitoreaban cementerios e investigaban transmisiones de radio piratas. Una de las actividades descritas por la Policía en las “novedades” era el descubrimiento y la toma de huellas digitales de cuerpos no identificados (llamados en Guatemala “cadáveres XX”); cuando podían, comparaban las huellas de la persona muerta con otras pruebas dactilares ya registradas y, entonces, escribían el nombre del cuerpo ya identificado en la ficha. Ahora los investigadores están revisando los archivos “XX” y los comparan con los informes de cementerios, morgues y casas de exhumación para tratar de identificar a algunos de los miles de cuerpos que todavía no tienen nombre.

Uno de los documentos clave en el archivo es la “ficha personal”. Al cumplir los 18 años, a todo adulto guatemalteco se le expide un pequeño documento de identidad conocido como “cédula”, con su fotografía y sus señas particulares; a su vez, la Policía Nacional creó una tarjeta de registro más grande, que contiene esa misma información, pero también un juego completo de huellas dactilares.

Estas tarjetas podrían tener el doble propósito de controlar a la población y proveer al Estado de medios adecuados para rastrear a disidentes. La Policía las utilizaba para garabatear notas sobre la supuesta tendencia política de las personas.

Por ejemplo, la ficha que se encontró en el archivo a nombre de Víctor Manuel Gutiérrez –un profesor y destacado dirigente del Partido de los Trabajadores– estaba marcada por la Policía Nacional como “el comunista No. 1 de Guatemala”.

En 1966 Gutiérrez fue secuestrado y torturado hasta muerte en un operativo militar y policiaco, diseñado con ayuda de oficiales de inteligencia estadounidenses. Fue enterrado en forma secreta en una zona rural.

Claudina

A Claudina la conocí primero por la foto de su pasaporte, una pequeña imagen en blanco y negro pegada a una de las carpetas que los militares guatemaltecos crearon en los años ochenta. Este documento fue robado de los archivos secretos de una unidad de inteligencia del ejército y hecho público hace ocho años. Contiene una lista de 183 nombres, gente que fue secuestrada o asesinada por las fuerzas de seguridad, sus alias, sus vínculos con los grupos de la guerrilla y detalles sobre su repentina desaparición y su destino.

Cada registro incluye junto al texto una pequeña fotografía de la víctima, arrancada de credenciales universitarias, licencias de manejar, pasaportes o cédulas de identificación nacionales y pegada en la carpeta. Claudina tiene el número 31. (…) Su ficha dice que fue capturada el 23 de diciembre de 1983 y liberada dos semanas después.

Nos vimos en marzo pasado, en el hotel donde me alojé en la Ciudad de Guatemala (…). Antes de que fuera secuestrada, me dijo, ella y su compañero Víctor colaboraban con el PGT-PC (una división del Partido Guatemalteco del Trabajo). Él era funcionario del directorado y ella ayudaba a elaborar Claridad, el órgano de divulgación del partido. La pareja vivía junto con sus dos pequeñas hijas, combinando la vida familiar con sus actividades clandestinas.

Víctor también está en la carpeta: un hombre impresionantemente guapo, de ojos oscuros y expresión tensa. Claudina tenía 39 años y estaba embarazada de su tercer hijo cuando él fue asesinado por las fuerzas gubernamentales. De acuerdo con los registros encontrados en el archivo de la policía (que Claudina todavía no ha visto), fue baleado el 1 de noviembre de 1983 por seis “individuos no identificados” que conducían una Ford Bronco sin placas y que persiguió su pick up hasta que la hizo estrellarse contra otro coche. Víctor fue sacado de su vehículo por los atacantes y llevado con rumbo desconocido en el vehículo de éstos. Al día siguiente, su cuerpo acribillado fue encontrado en un mercado de la Zona 13.

Claudina fue secuestrada siete semanas después de que Víctor fuera asesinado. Fue llevada encapuchada a una habitación, donde pasó los 12 días siguientes sobre un colchón, bajo un foco desnudo. No fue torturada físicamente, pero sus captores la hostigaron con el recuerdo de Víctor y amenazaron con dañar a sus hijas. Mientras estuvo detenida, el ejército vació su casa. Por algún motivo decidieron que no era relevante para ellos y la liberaron, no sin advertirle que tenía que denunciar a otros subversivos si quería vivir. Ella huyó a México, donde vio por primera vez la carpeta de registro en 1999. Dice que con el tiempo los rasgos de Víctor se le habían hecho difusos, por lo que dar la vuelta a la página y ver su fotografía fue una verdadera conmoción. También encontró a otros amigos y colegas que no había visto por años: “Ver y leer estas páginas revivieron mi terror, mi ira, mi sentimiento de impotencia…”

Claudina regresó a Guatemala en 2000 y empezó a trabajar para una organización de derechos humanos. Su hijo -quien subraya que también él fue secuestrado, ya que era el bebé que ella llevaba en el vientre cuando fue detenida– tiene ahora 23 años y es uno de los investigadores que trabajan en el archivo de la Policía. Es igualito a Víctor. Fue él quien encontró los documentos sobre el asesinato de su padre, a quien jamás conoció.

Fuente: www.am.com.mx - 271207 Ref.: AP


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