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La conflictividad de tierras en Alta Verapaz
Por Klemen Gamboa Belteton* - Guatemala, 8 de junio de 2005

Alta Verapaz es el departamento que ha presentado el mayor índice de conflictividad agraria con características violentas del país, debido principalmente a las formas de distribución de la tenencia de la tierra que se dio en el siglo XIX y, a la falta de certeza jurídica sobre la propiedad de la tierra.

Esto ha motivado reacciones, como ocupaciones permanentes de fincas, tanto privadas como nacionales o municipales. Aunado a ello, la falta de un ordenamiento catastral, ha provocado problemas de límites territoriales entre municipios; linderos traslapados o sin definición entre fincas y entre comunidades.

Así también existen problemas laborales, los cuales han sido negociados bajo presión (por ejemplo ocupación de la finca), logrando los trabajadores campesinos, retribuciones en dinero o bien pago con áreas de tierra.

Las respuestas a estos problemas han sido diversas y muchos de los casos han sido esfuerzos aislados de instituciones que han llegado incluso hasta el replanteo de polígonos o mediciones legales, pero éstos han sido truncados debido a falta de información o mediación clara entre las partes.

La existencia de un peculiar rezago agrario, es decir la atención a las condiciones, causas y efectos de la conflictividad agraria ha sufrido un atraso histórico en su atención. Este problema es cíclico y enfrenta a importantes sectores sociales incidiendo en la estabilidad de las instituciones, en el ritmo del proceso de democratización y de su correspondiente aporte a procesos estables de inserción económica. Dado que el mayor porcentaje de la población es rural, la problemática incide en todas las esferas, presionando también sobre lo urbano y en el fenómeno de la pobreza, tal y como se revela en los altos índices de conflictividad y violencia.

La conflictividad agraria tiene causas históricas, económicas, técnicas, sociales, culturales, ideológicas y especialmente políticas. La estructura jurídica actual no responde a la conflictividad agraria del país y a los contenidos de un derecho agrario, el derecho penal y el derecho civil pretenden regular problemas que responden a la esfera del derecho social, incidiendo negativamente en la solución de los problemas y en buena medida contribuyendo a la conflictividad misma.

Existen profundos prejuicios hacia el Derecho Agrario, entonces las soluciones técnico jurídicas son parciales y asistemáticas. Entre los juristas se encuentran también diferentes concepciones sobre el contenido del Derecho Agrario, algunas desde la perspectiva de los derechos humanos y otras que lo colocan entre los derechos históricos y de profunda motivación social, ubicándolo entre el derecho al desarrollo. Sin embargo dicha discusión no se ha abierto, predominando, los enfoques técnico jurídicos parciales que repercuten en la debilidad de las instituciones involucradas en el tema de tierra, pero sin responder a las instituciones jurídicas, que debieran ser su soporte y parte del esquema que responda a las necesidades de una estrategia de desarrollo agrario.

El rezago agrario en la estructura jurídica genera procesos inversos al desarrollo de los factores de la producción agraria, puesto que lo problematizan, al no responder a la dinámica de la relaciones sociales agrarias. La historia de la legislación agraria guatemalteca presenta profundos altibajos en su desarrollo y por ende las instituciones sufren aún de la problemática, ahora ya acumulada. Las instituciones, organizaciones y personas involucradas se enfrentan a expresiones de los profundos vacíos jurídicos manifestados en el excesivo burocratismo, en las deficiencias de leyes generales como la Ley de Agrimensura, la Ley de Titulación Supletoria, en debilidades al tratar la institución de la Ley de Registro de Información Catastral, en acciones técnico-institucionales, como el problema de rectificación de medidas, entre otras expresiones del problema.

Se puede afirmar entonces que la problemática de las instituciones y sus debilidades en la estructura técnico-jurídica incide en el desarrollo agrario, en su rezago, agudiza la conflictividad y sus secuelas.

La región de Alta Verapaz enfrenta un sistema particular de contrastes. La mayor parte de su área tiene una vocación forestal, sin embargo existe una demanda real de tierra de cultivos de sobrevivencia alimentaría. Dicha región es catalogada por los expertos como de “baja y muy baja situación alimentaría”.

Tradicionalmente la región se ha dedicado a cultivos de exportación, como el café, y por otra parte a granos básicos, como mecanismo de sobrevivencia, especialmente maíz y fríjol, productos que han quedado rezagados en su producción, a nivel nacional, incrementándose paulatinamente la necesidad de su importación. El área de cultivo del maíz se ha reducido progresivamente, incidiendo en el tema de autoconsumo y en la demanda de tierra.

Este proceso genera también la ampliación y surgimiento de nuevos asentamientos humanos, ampliando la frontera agrícola y sin ser parte de un plan de ubicación y desarrollo poblacional lo cual genera tensión por falta de acceso a servicios básicos y agravando la demanda, por ejemplo en educación y capacitación, proceso caracterizado por la dispersión de la población.

La región muestra ya en su parte central un alto grado de degradación de la tierra, es decir de estado del ambiente con relación al uso de la tierra, situación que demanda una visión integral para cualquier iniciativa de desarrollo que se quiera implementar.

Alta Verapaz posee la riqueza de la cultura Maya, fundamentalmente Q’eqchi’ y Pcomchi’, lo cual es una profunda ventaja pero que requiere una potenciación del concepto cultura, como eje del desarrollo (contrario al concepto de cultura como eje de conflictividad). Los aportes de la cultura indígena al tema del desarrollo son aún bastante ignorados, las investigaciones han sido limitadas y los mismos deben rescatarse, distinguiendo los principales períodos históricos y los aportes respectivos.

De no existir un viraje a esta problemática, será relativamente reducido el margen de oportunidades para el país y ello plantea la necesidad de un consenso estratégico. Pudiera ser que precisamente, la conformación de una estrategia de solución a los problemas internos brindara mejores condiciones para el fortalecimiento del proceso de democratización y una mejor inserción en la economía regional y mundial.

Para iniciar este proceso de consenso y de fortalecimiento de la sociedad civil se realizaron en Alta Verapaz tres foros sobre la problemática de tierras en Alta Verapaz, en donde se plantearon desde los diferentes sectores involucrados propuestas de solución y se obtuvo una base de datos y mapeo de los conflictos de tierras en Alta Verapaz. Las instituciones aportaron la información de los casos que tienen registrados o se les está dando tratamiento.

La CM TIERRAS (Coordinadora Multisectorial para la Conflictividad de Tierras de A.V.) surge por la necesidad de integrar a diferentes sectores y conformar voluntariamente un ente multisectorial encargado de darle el seguimiento a las propuestas de solución formuladas en los diferentes foros y dar respuesta a la conflictividad de la tierra.

En Alta Verapaz hay 406 conflictos reportados, algunos en proceso de resolución por medio de MARCS (Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos), y otros a través de la vía judicial sin embargo el análisis coyuntural nos indica que estos son solamente el efecto de una causa estructural y que debe ser analizada y replanteada, visualizando un cambio que involucre y favorezca a todos los sectores, para lo cual los planteamientos de la sociedad civil deben ser incluyentes y orientados a crear y fortalecer cambios positivos, interlocutados por los partidos políticos y operativizados por el gobierno al plantear políticas claras y una institucionalidad agraria funcional.

La CM TIERRAS trabaja a través de acciones conjuntas para hacer frente a esta problemática compleja que aqueja a la población especialmente a las comunidades más pobres, tomando en cuenta la potencialidad de cada sector involucrado y buscando estrategias que vinculen y coordinen los esfuerzos, que potencien los resultados de lo que se hace en las distintas organizaciones con: gobiernos, empresas y organizaciones sociales.

El análisis de las propuestas de solución de los foros multisectoriales en la CM TIERRAS nos da como resultado tener un objetivo en común: incidir en las políticas públicas regionales y nacionales para la resolución de conflictividad agraria en Alta Verapaz.

* Klemen Gamboa Belteton - Coordinadora de Incidencia Política y Educación Pública. Land Conflict Mercy Corps. Guatemala.

Fuente: www.i-dem.org - Nueva Época número 747


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