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Aniquilando al Estado
Editorial La Hora - 22 de diciembre de 2004


Un Estado que no tiene capacidad para decretar tributos ni para cobrar los existentes, no tiene en absoluto viabilidad. En cuanto a la capacidad para cobrar, es evidente que Guatemala no logra avances importantes pese a esfuerzos como la creación de la Superintendencia de Administración Tributaria, pero en cuestiones tan puntuales como el contrabando, la cosa sigue igual que antes y no hay en realidad poder humano que haga efectivo el pago de los derechos de importación. No digamos lo que pasa con otros tributos que son fácilmente evadidos y hasta con el IVA, en el que técnicamente no se puede hablar de evasión porque el consumidor lo paga y lo que hace el "evasor" es robárselo de manera monda y lironda.

Si a ello sumamos que desde el gobierno pasado la Corte de Constitucionalidad (con todo y que en otros campos sirvió eficientemente al FRG) se ha encargado de decretar la inconstitucionalidad de prácticamente cualquier ley relacionada con los impuestos, entenderemos que el Estado de Guatemala está en proceso de aniquilación y que si mucho servirá para pagar el sueldo a los diputados y a los funcionarios públicos, pero sin la menor capacidad de inversión.

Algunos analistas consideran que la CC está afectando a este gobierno por su vínculo con el FRG, pero la verdad es que los fallos contra las leyes tributarias vienen desde el período anterior, cuando los que interponían los recursos son muchos de los que ahora nos gobiernan. Ahora es el Procurador de los Derechos Humanos quien plantea acciones en contra de determinados tributos indirectos, mientras que en el pasado fueron los sectores empresariales (y el actual se define como gobierno de empresarios) quienes torpedearon cualquier ley tributaria mediante acciones que fueron declaradas con lugar por la misma detestada Corte de Constitucionalidad.

En materia tributaria hay cuestiones puntuales que tienen que tomarse en cuenta para que la legislación no rompa el marco constitucional. El sujeto del impuesto tiene que tener capacidad de pago y no puede ocurrir doble ni múltiple tributación. Esos dos elementos abren una puerta enorme para que cualquiera pueda objetar leyes como la del IETAP, por ejemplo, o la de los impuestos a los combustibles.

El problema es que el Estado se queda sin capacidad para decretar impuestos y, lo más grave, inútil para recaudar los existentes, lo que explica por qué Guatemala sigue siendo un país tremendamente desigual y sin avances en desarrollo social, puesto que no capta recursos y los pocos que recauda se los roban descaradamente o sirven para pagar sueldos indecentes a funcionarios como los diputados que, cabalmente, hacen esos mamarrachos de leyes que dan lugar a la inconstitucionalidad permanente.


Fuente: www.lahora.com.gt


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