Revista electrónica de discusión y propuesta social 
Revista · Documentos · Archivo · Blog   Año 1 - 2004

::::albedrío::::

Revista
Editorial
Artículos
Entrevistas
Noticias

linea

Redacción

linea

Enlaces

linea

SiteMap
Contacto


Otros documentos de consulta

De orden internacional
De carácter oficial
Comunicados

 

 

 

Partidos políticos, ¿para qué?
PoLuis Zurita Tablada, Semanario Político de La Hora. 10 de enero de 2005

La coyuntura política nacional no podría ser más difícil. Dos décadas después de la apertura política, los guatemaltecos no hemos dado la altura que demandan los grandes problemas del país. Por el contrario, la danza de los intereses creados se ha apoderado del quehacer político, mientras el pueblo observa con estupor la poca voluntad cívico-política para hacer de Guatemala un país democrático, próspero y armonioso.

En su gran mayoría, 'la clase política' -dirigente, media o de base- no ha tomado conciencia que un partido político no es un fin en sí mismo, sino un instrumento de intermediación entre la sociedad y el Estado. Desde esa premisa como bandera, los dirigentes debieran trocar a los partidos en instituciones con visión de corto, mediano y largo plazos, que no solo sirvan como plataformas electorales de éxito, sino que sean, sobre todo, instancias de formación, de desarrollo y de expansión política de los guatemaltecos, para los guatemaltecos y por los guatemaltecos.

Lamentablemente, la mayor tragedia de los partidos no institucionales y, por ende, no democráticos, es que son presa del arribismo, del populismo y del voluntarismo que tanto daño han hecho a Guatemala. Esa debilidad ha desprestigiado el quehacer político y desnaturalizado el proceso de construcción del Estado de Derecho. ¡Esa anomalía debería quedar proscrita en Guatemala! ¡Ese sería, para el corto plazo, el mayor legado al pueblo de Guatemala!

Luego, sentadas las bases de la reconstrucción democrática de los partidos, la próxima tarea debería consistir en mantenerse unidos graníticamente y blindados en contra de quienes, sin ningún escrúpulo, desean, cuando no destruir, manipular e instrumentalizar las organizaciones partidarias, pues carecen de una visión histórica, madura y responsable para con los intereses más caros de la Nación.

Sin embargo, en ningún momento hay que olvidar que institucionalizar significa: en primer lugar, terminar con el voluntarismo, con el caciquismo y con el mesianismo, estableciendo reglas claras y transparentes de observancia general, tanto para ser cumplidas indistintamente por los dirigentes como por los cuadros medios y los miembros de base; en segundo lugar, anteponer los intereses generales a los particulares, tanto hacia dentro como hacia fuera del Partido, lo cual se ha de regir por los dos siguientes principios: ningún derecho sin responsabilidad; ninguna autoridad sin democracia; en tercer lugar, establecer la visión de país, con base en la cual ha de definirse la misión del partido, condición sin la cual no se pueden establecer los objetivos políticos, económicos, sociales y culturales de la organización, los cuales han de ser reflejo del ideario plasmado en los Estatutos y desplegarse en los programas de gobierno a nivel nacional, departamental y municipal.

Igualmente, para que la institucionalidad partidaria se proyecte a nivel nacional, ha de tenerse presente que la sociedad descansa sobre cuatro pilares fundamentales: el político, el económico, el social y el cultural, los cuales son interdependientes y convergentes pero, en cualquier sociedad democrática, funcionan saludablemente como quehaceres autónomos. Sin embargo, todos y cada uno han de contribuir, desde su propia particularidad, al desarrollo y expansión de la Nación en su conjunto, aunque esta sea, como en el caso particular de Guatemala, multiétnica, multicultural y plurilingüe.

De esa cuenta, cuando las organizaciones políticas se adhieren ciegamente a un interés particular de tipo económico, social o cultural sin miramiento de las consecuencias generales pierden su razón de ser, deviniendo en instrumentos manipulados por objetivos ajenos al bien común y a los principios, valores y categorías que dan vida a la Constitución Política en que se fundamenta el Estado de Derecho, pues estos son los contrafuertes a los cuales ha de supeditarse la sociedad civil y la sociedad política. O sea que, más allá de su ideario, las organizaciones políticas, al igual que el resto de organizaciones económicas, sociales y culturales, tienen un contexto general que está por encima de su propia institucionalidad particular. Cuando el contexto general deja de cumplir su finalidad se derrumba, ora porque no se respeta, ora porque no trasciende, ora porque no se traduce en acciones concretas. Igualmente, cuando el contexto de cada particularidad política, económica, social o cultural no proyecta o se desarticula del contexto general, entonces deviene la desnaturalización y la corrupción de la sociedad y el Estado.

Esta es la crisis en que se encuentra hundida la sociedad y el Estado guatemaltecos; una crisis que no se ha podido superar, porque unos, afincados en sus ventajas de siempre, u otros, incapaces de movilizarse en función de sus derechos, no se sienten expresados en la institucionalidad nacional escrita en la Carta Magna y en la Leyes de la República; aunque no faltan algunos que ni siquiera se imponen reglas claras y transparentes para el funcionamiento de sus propias particularidades a las cuales pertenecen. De ahí que la sociedad y el Estado guatemaltecos están inmersos en un círculo vicioso: el espíritu de la institucionalidad general no se proyecta en las organizaciones de la sociedad civil o en las organizaciones de la sociedad política; empero, la letra muerta de los estatutos de las organizaciones de la sociedad civil o de las organizaciones de la sociedad política se refleja, literalmente hablando, en la ineficiencia e ineficacia del Estado.

Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un proyecto voluntarista y autoritario y un proyecto institucional y democrático?

La diferencia es muy simple: por un lado, hacer un partido a la medida de un candidato de ocasión o de un caudillo que responde por sus propios intereses mesiánicos o por los privilegios o intereses creados de un sector; por el otro, construir un partido en función del bien común, con visión de corto, mediano y largo plazos y que refleje en su ideario el espíritu del Estado de Derecho, con el fin de constituirse en un auténtico intermediario entre la sociedad civil y el Estado.

De lo que sigue que un partido institucionalizado tiene claro cuales son no solo los objetivos de su ideario, sino los límites de su acción política. Empero, cuando esos límites entorpecen el progreso general de una Nación -como pareciere el caso particular de Guatemala-, el liderazgo partidario debe -con toda legitimidad- promover la reforma política del Estado, convenciendo al pueblo -incluso a los opositores- de tal necesidad: eso es lo que se denomina ejercer la hegemonía política. Esto es así porque un partido no puede gobernar de espaldas a los grandes objetivos y/o necesidades nacionales y sin negociar con las demás organizaciones de la sociedad, donde los sectores sociales, económicos y culturales, incluyendo los demás partidos políticos, pugnan por la vigencia de sus legítimas ideas y concepciones de la vida.

¡Ese es el desafío de los partidos políticos en Guatemala!


Fuente: www.lahora.com.gt

 

Copyright © El credito de las contribuciones es única y exclusivamente de los autores. El contenido de las contribuciones no representan necesariamente la opinión de la revista; los autores son responsables directos del mismo.