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Usufructos inaceptables
Por la redacción de La Hora - Guatemala,22 de junio de 2005

De no ser por la torpeza de extender un usufructo a la todavía ante la ley inexistente universidad del Tecnológico de Monterrey, seguramente que en Guatemala se hubiera pasado por alto que en el gobierno de Álvaro Arzú se le otorgó uno a la universidad del Opus Dei, la llamada del Istmo, y que ahora ha sido extendido por el gobierno de Berger a cincuenta nada más y nada menos que prorrogables.

Lo del Tecnológico de Monterrey es un absurdo, porque ni siquiera ha sido aprobada por el Consejo de la Enseñanza Superior como Universidad. Lo otro, lo de la universidad del Opus Dei, es una vergüenza, porque no puede ser que se aproveche el vínculo que familiares de los presidentes tienen con esa congregación tan peculiar para sacarle sangre a los cangrejos. Distinguidos desde siempre por esa tremenda habilidad, los señores del Opus Dei lograron que Arzú les diera una ventaja que no han tenido otras universidades del país, con un terreno en usufructo. Las otras universidades, incluyendo la Landívar de los jesuitas y la Mariano Gálvez de los protestantes, han hecho inversiones cuantiosas para tener sus campus, pero la del Opus Dei se edificó en terrenos del Estado.

Claro que nadie puede objetar inversiones en educación, pero el país necesita que el Estado invierta más en educación primaria y básica. En todo caso, si quiere invertir en enseñanza superior, para eso está la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y si quiere ayudar a la educación privada, no puede hacer distingos simplemente porque algunos funcionarios tienen relación con una universidad extranjera, como es el caso del Tecnológico de Monterrey, o porque familiares de los mandatarios tienen vínculos con una peculiar congregación que se distingue por su tremenda habilidad para vivir de muy jugosas contribuciones.

En todo caso, creo que cada ciudadano está en su perfecto derecho de regalar, donar o heredar sus bienes a la secta que le parezca si así es su deseo final. Pero un funcionario no puede disponer de los bienes del Estado como si fueran de su propiedad y entregarlos con igual ligereza a favor de nadie. Es un absurdo que tendría que ser enmendado y que merece el repudio de la sociedad, sobre todo porque no puede ser que algunos prediquen excelencia cuando para tener cierto éxito lo tienen que hacer a costillas de todo un pueblo que podría usar de mejor forma sus bienes.

Vemos que algunos critican la posibilidad de que terrenos del Campo de Marte terminen en manos de un negocio privado, como lo será el Tecnológico, pero nadie dice nada del otro caso, igualmente vergonzoso y repudiable. También la Universidad del Istmo es un negocio privado y aunque ofrecieran como migaja algunas becas cuya asignación será siempre discutible por la preeminencia de la línea dogmática, no deja de ser un negocio particular. Las otras universidades privadas, para subsistir, tienen que ser eficientes y también muchas de ellas ofrecen becas sin que a cambio el Estado les tenga que estar permitiendo el usufructo de terrenos.

Así como se habla de una ley de concesiones, cuyo fin debiera ser evitar abusos, también tiene que haber una ley de usufructos para que no se sigan dando esas negociaciones que son el tan criticado tráfico de influencias. Por supuesto que en esos casos no se habla de corrupción, porque como está involucrada una secta religiosa se evita el término, pero en honor a la verdad, no cabe otro apelativo cuando se trafica de manera tan descarada con las influencias.

Fuente: www.lahora.com.gt - Editorial del 200605

 

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