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El TSE se lava las manos
Por la redacción de La Hora - Guatemala, 9 de julio de 2005

De manera por demás irresponsable, las autoridades del Tribunal Supremo Electoral se lavan las manos ante los procedimientos de consulta que, por elemental sentido de la lógica, tienen que ser supervisados por esa entidad, toda vez que el Código Municipal señala que la participación del número de empadronados es fundamental para la validez del procedimiento y no hay otra autoridad fuera del TSE que pueda certificar la calidad de empadronado de un vecino.

Y decimos que es irresponsable la actitud del Tribunal Supremo Electoral porque debieran de utilizar su iniciativa de ley para proponer los dispositivos idóneos a fin de que los mecanismos democráticos de consulta popular establecidos en la ley puedan ser realizados de manera transparente y de acuerdo con normas básicas que impidan el relajo y la anarquía. Cierto es que el Código Municipal establece que son las corporaciones las que llaman a la consulta, pero el hecho de que se señale como requisito un porcentaje de ciudadanos empadronados, coloca al Tribunal en la ineludible obligación de participar en la verificación, por lo menos, de tal calidad en los participantes.

No creemos que sea de rasgarse las vestiduras por las leyes que establecen procedimientos de consulta a la población, porque eso ocurre en muchos países del mundo y constituye una verdadera democracia. Es mejor que la gente acuda a las urnas y no que tome medidas de hecho, paralizando las carreteras o con acciones similares. Pero resulta que los mismos que siempre piden que se respete el estado de derecho, ahora se rebelan porque nuestra legislación contempla mecanismos de consulta y eso les parece impropio y contrario a su modelo de desarrollo.

Lo que hace falta es que exista una adecuada regulación del mecanismo democrático de consultas que establecen normas legales como el Código Municipal o el Convenio 169 de la OIT. El Estado de Guatemala ha fallado en desarrollar la normativa correspondiente y existe un serio peligro de que concesiones que sean otorgadas en contravención de lo que establecen esas leyes, por falta de conocimiento o de implementación, puedan y deban ser declaradas nulas si se acata y respeta la ley.

Por ello es que el Tribunal Supremo Electoral y el resto de autoridades del país tienen que asumir su responsabilidad y cumplirla. Lavarse las manos ante la realidad de consultas populares basadas en ley es sumamente peligroso porque eso sí violenta el estado de derecho y pone en peligro la estabilidad y gobernabilidad del país.

Fuente: www.lahora.com.gt - Editorial - 080705


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