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En trapos de cucaracha
Por la redacción de La Hora - Guatemala, 22 de julio de 2005

La situación para los pensionados presentes y futuros del régimen de Seguridad Social en Guatemala se vislumbra ahora en trapos de cucaracha, puesto que una resolución de la Corte de Constitucionalidad establece que la edad para otorgar la jubilación es de sesenta años y no sesenta y cinco, como había dispuesto la directiva del Seguro Social, y según los estudios actuariales existentes, ello podría significar un descalabro de las reservas institucionales para cubrir esa prestación.

Centrando el debate debemos decir que el problema no lo está creando la Corte de Constitucionalidad, sino que el mismo es producto del incumplimiento del Estado para cubrir las cuotas laborales y patronales al Seguro Social, lo que se traduce en un déficit de enormes proporciones porque de una u otra manera los trabajadores particulares y las empresas privadas, están financiando el régimen de jubilación de los empleados públicos que se acogen a los beneficios del IVS.

La forma de resolver el problema está en la búsqueda de los acuerdos entre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y el gobierno central para establecer un mecanismo que permita no sólo impedir que la deuda siga incrementándose, sino que también se puedan realizar programas de pago para cubrir los más viejos adeudos. Si los particulares no tenemos más remedio que cubrir nuestras obligaciones en el pago de la cuota patronal y de la cuota laboral, no puede entenderse cómo el Estado, supuestamente llamado a ser ejemplo del respeto a la ley, mantenga esa permanente insolvencia.

Se trata, en el fondo, de una pura cuestión de falta de voluntad, puesto que lo que hace falta es que se establezcan las provisiones presupuestarias para cubrir con lo que es una obligación ineludible. Todos los gobiernos que hemos tenido, prácticamente desde la creación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, han incumplido con la obligación de cubrir sus cuotas y no obstante los trabajadores del Estado han gozado de la cobertura tanto en los programas de accidentes, que fueron los primeros en ser implementados, como en los de enfermedad común y posteriormente con las prestaciones relacionadas con la pensión por diversas causas de retiro.

No olvidemos que el trabajador ha sufrido el descuento de las cuotas respectivas y de alguna manera podría tipificarse como malversación el incumplimiento del pago al Seguro Social. Dado el sistema judicial existente en el país y el sometimiento del IGSS al gobierno central, anulando su intrínseca autonomía, ha impedido el cobro por la vía legal que, dado el caso, podría representar hasta una responsabilidad penal para algunos funcionarios públicos. De suerte que es el momento de revisar la cuestión para cumplir con la ley.

Fuente: www.lahora.com.gt - Editorial - 210705


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