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Falta de transparencia
Por la dirección editorial de La Hora - Guatemala, 4 de noviembre de 2005

Es cierto que el Presidente de la República tiene plenas facultades para remover y nombrar a funcionarios del gabinete y que, por lo tanto, la destitución del Ministro de la Defensa se enmarca en ese contexto legal. Sin embargo, cuando existen tantos rumores sobre las razones verdaderas para la remoción, es preciso que el Gobierno actúe con plena transparencia porque la sensación que deja la medida presidencial puede no sólo ser equivocada, sino que además perjudicial desde el punto de vista de la eficiencia en la administración y la necesaria transparencia.

Recordemos que entre las razones que señaló el Presidente al comentar la destitución, dijo que esperaba que con el cambio mejorara la transparencia. Eso puede significar muchas cosas y se impone conocer a qué se refería, puesto que si el tema tiene que ver con la administración de los recursos del Ejército, que han dado lugar a tantos manejos escandalosos en el pasado por el carácter secreto que se asigna a los gastos militares, es imperativo que el asunto sea de conocimiento público y que se pueda establecer si hay responsabilidades qué deducir.

Sobre todo porque se ha continuado con la práctica de realizar transferencias y porque los gastos militares siguen siendo abultados pese a la reducción del Ejército y ello hace que los malos pensamientos tengan razón y fundamento. Si el tema de la destitución del Ministro tuviera que ver exclusivamente con la fuga de los presos de El Infiernito, obviamente la responsabilidad no le corresponde únicamente al titular de la Defensa, sino que también tendrían que ver todos los que están en la cadena de mando del sistema carcelario. La remoción del general Aldana pareciera, en tal contexto, tener otras razones que valdría la pena que el Gobierno explicara para que no quede la sensación de que, como bien han dicho algunos, se ha privilegiado en el pulso de poder al sector empresarial que da cobijo a las autoridades de Gobernación.

Y el tema de la seguridad, que sigue siendo el más importante en la agenda nacional porque su deterioro afecta tanto la cuestión económica como la tranquilidad y la paz social, sigue sin ser abordado con mentalidad profesional para encontrar soluciones e iniciar un proceso de recuperación de las instituciones.

Todo ello en el marco de la indispensable transparencia que ahora debe ser el objetivo de las nuevas autoridades militares, para evitar que los fondos del Ejército sigan siendo la caja chica que sustituye a los gastos confidenciales prohibidos por la Constitución pero que se han seguido administrando gracias al manejo estirado del concepto de secreto militar.

Fuente: www.lahora.com.gt - Nota editorial


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