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Sin acuerdo salarial
Por la dirección editorial de La Hora - Guatemala, 26 de noviembre de 2005

No sorprende que las discrepancias entre el sector empresarial y los trabajadores organizados sean de tal magnitud que hicieran imposible un acuerdo sobre el salario mínimo; de hecho, en Guatemala hace muchos años que no hay tal tipo de acuerdos y por ello es que en el gobierno anterior el Presidente, en ejercicio de sus facultades, decretó los salarios mínimos, incluyendo el último de su gestión que fue derogado ya en este período de gobierno.

La posición de los empresarios sigue siendo que el salario mínimo se debe fijar por la productividad del trabajador mientras que éstos consideran que se tiene que compensar la pérdida de poder adquisitivo de la moneda por efecto de la inflación y del alza desmedida de precios que se ha dado en los últimos tiempos sin acción alguna para contener la voracidad de ciertos sectores.

En ese marco era imposible lograr un acuerdo, por más que ahora los voceros del empresariado digan que sí estaban dispuestos a negociar un aumento pero que la intransigencia de los sindicatos lo impidió. La verdad es que era un diálogo de sordos en el que la ventaja la tenía la patronal, sabiendo que si fracasaba la gestión, de todos modos el gobierno actuaría de acuerdo con el punto de vista de ellos porque no es secreto que se trata de un gobierno de empresarios y que, por lo tanto, toma medidas con visión de ese corte.

El problema, sin embargo, hay que verlo en términos de gobernabilidad y paz social, puesto que esas metas se vuelven difíciles cuando las vías de la negociación se cierran y existe la percepción, cuando menos, de que la notoria afinidad entre empresarios y gobierno deja en posición de desventaja al trabajador. Aunque ello no fuera así, hay que entender que en política las percepciones cuentan mucho y cuesta creer que la decisión que al final tome el presidente Berger en el marco de sus responsabilidades, no estará influenciada por el sector a cuya militancia nunca ha ocultado.

El salario mínimo no debiera ser una decisión estatal si acaso existiera realmente una política de salarios más justa. Pero cuando se ve que en Guatemala es donde la gente tiene que vivir con menos recursos y que mucha de la población a duras penas alcanza niveles de subsistencia, debe entenderse que en la obligación constitucional de promover el bien común, el Estado no puede abstraerse de la responsabilidad que tiene de velar por salarios mínimos decorosos que permitan, cuando menos, cubrir las necesidades mínimas y vitales de una familia.

Fuente: www.lahora.com.gt - Nota editorial


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